En los diez primeros meses del 2017 se robaron en el país 9.612 carros y camionetas, 617 más que en el mismo lapso del año pasado. Ese negocio criminal –que además cobra vidas– mueve cada año un mercado billonario que alimenta las ventas clandestinas de repuestos y autos completos, ya no solo en el país sino en varios de los vecinos de la región, como pasa con el de los celulares robados.
Desde hace dos semanas, en una docena de países de América Latina, se puso en marcha la operación conjunta más grande contra los traficantes de carros y autopartes robados. ¿El resultado? La captura de 334 personas –67 en Colombia– y la recuperación de 692 vehículos. Doce de alta gama (de un total de 141) fueron hallados en Ecuador, y al menos uno de ellos habría sido hurtado en Bogotá: ocurrió durante un robo a mano armada a un arquitecto del sector de Kennedy.
“Solo vi el reflejo del arma con que me apuntaba. Me gritó que le entregara las llaves y el control, me bajó de la camioneta y se fue. Detrás iban dos hombres en moto, como escoltándolo”. Ese es un aparte de la denuncia del robo del carro recuperado en el vecino país en medio de la que el Mindefensa, Luis Carlos Villegas, destacó como “una de las operaciones de coordinación más importantes en la historia de la Comunidad de Policías de América, Ameripol, contra el crimen transnacional”.
La operación Sin Fronteras fue lanzada de manera simultánea en Ecuador, Perú, Argentina, Chile, México, Panamá, Bolivia, Paraguay, Salvador, Costa Rica y Honduras. Este lunes, desde la sala estratégica de la Dirección de la Policía Nacional y a través de una videoconferencia, cada país dio el parte de sus hallazgos.
Lo que se demostró es que además de surtir el mercado negro en cada nación, los delincuentes también se están moviendo hacia la región aprovechando las fronteras y la falta de controles en algunos países. De hecho, como sucede con otros delitos, Venezuela es una caja negra: de allá llegan carros robados y hacia allá se mueven otros centenares, pero ninguna autoridad responde oficialmente los requerimientos de apoyo enviados a través de Interpol.
“Venezuela no cumple y por la extensa frontera, tan solo entre Cúcuta y Paraguachón (La Guajira) entran cada año por lo menos 15.000 vehículos desguazados que fueron hurtados en Estados Unidos y unos 8.000 vehículos que se roban en el vecino país”, dice Tulio Zuluaga, presidente de Asopartes.
Zuluaga dice que el aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, sumado al alto precio de las autopartes, se convirtió en un estímulo al mercado ilegal. Los cálculos del sector hablan de un tráfico de partes robadas que podría llegar a los 375 millones de dólares en el 2017: más de un 1,1 billones de pesos. En el 2016 se habían movido 360 millones de dólares en repuestos robados.
La Policía y la Fiscalía desmantelaron 14 bandas dedicadas a robar carros y autopartes en 21 ciudades y municipios del país. También fueron recuperados 170 carros, señaló la vicefiscal María Paulina Riveros. Organizaciones conocidas como ‘la Paz’, en Antioquia; ‘los Veteranos’, en Atlántico; ‘los Nevados’, en Cesar; ‘los Discípulos’, en Manizales, y ‘los Ecuatorianos’, en Bogotá, Cali y Medellín, son señaladas de surtir el mercado.
“Esta operación hace parte de la estrategia contra el crimen transnacional y contra todas las actividades delictivas que afectan el patrimonio de los colombianos”, dijo el general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional.
Investigadores de la Policía Judicial, Dijín, documentaron con los fiscales diversas actividades ilegales que permitirán procesar a los detenidos no solo por receptación (tener elementos robados), sino por concierto para delinquir, de tal forma que pueden recibir penas de entre 12 y 20 años.
Lo que creen las autoridades de Colombia y Ecuador es que la red que operaba desde Bogotá, Cali y Medellín tiene negocios con sus ‘pares’ del país del sur. El 'modus operandi' (casi siempre atraco con arma de fuego) y las descripciones de las víctimas están siendo cotejados para asegurar sus condenas.
Al sacar del país de origen el vehículo, y alterando los tres códigos de seguridad que tienen los automotores, lograban poner en el mercado vehículos reportados como robados. El mismo 'modus operandi' se usa hacia Colombia, según señaló la Vicefiscal. La Fiscalía investiga si funcionarios públicos participan también en los procesos de matrícula de estos carros robados en otros países. Las investigaciones han documentado también la existencia de nexos entre las redes que controlan el microtráfico y todas las otras modalidades delictivas que se están dando en el país.
Por un lado está probado que las organizaciones de jíbaros les pagan con droga a los habitantes de calle que se roban partes de los carros aprovechando los trancones o el simple descuido de los propietarios. También hay casos de sitios de venta de droga donde han sido descubiertas centenares de piezas robadas, especialmente espejos, parabrisas y emblemas.
Mientras el robo de carros aumenta, el de motos ha bajado. La estadística de la Fiscalía dice que hay una reducción del 14 por ciento en los primeros diez meses: pasó de 28.814 en el 2016 a 24.643 motocicletas hurtadas en el 2017.
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