General Flavio Buitrago, condenado a nueve años por enriquecimiento y lavado de activos; Carlos Albornoz, procesado por la entrega irregular de decenas de bienes de la mafia; Orlando Parada, concejal vinculado al saqueo a Bogotá; Otto Bula, confeso receptor de sobornos de Odebrecht...
Además de ser los protagonistas de escandalosas investigaciones judiciales que han sacudido al país, estos cuatro personajes tienen más en común. Comparten un bloque de modernas habitaciones en el Centro Social de la Policía Nacional de Bogotá (Cespo), donde cumplen su encierro y la mayoría asiste a misa cada semana con el padre Silverio.
Una vegana, que perteneció a la Policía, les suministra alimentación balanceada, y varios auxiliares policiales los acompañan a trotar por los alrededores, que cuenta con campo de golf y establos.
Una investigación realizada por un equipo de EL TIEMPO concluyó que los privilegios carcelarios para condenados por corrupción y las rebajas de penas por aceptación de cargos son dos de los motores que llevan a delincuentes de cuello blanco a desafiar la ley y a saquear las arcas del Estado.
Cifras conservadoras estiman que cada año, el país pierde 50 billones de pesos por la corrupción, lo que serviría para construir más de un millón de casas de interés social, conjurando para siempre el déficit de vivienda en Colombia.
No es gratuito que ocupemos el puesto 90 entre 176 naciones evaluadas por Transparencia Internacional. Ni tampoco que en los últimos siete años, más de 19.000 personas hayan sido sancionadas por actos de corrupción.
De hecho, el 80 por ciento de los empresarios colombianos que respondieron la ‘Encuesta global sobre el fraude 2016’, de Ernst & Young, admitieron que en sus negocios hay corrupción. Y lo que es peor, el 30 por ciento está dispuesto a falsificar estados financieros y pagar sobornos por un contrato.
De eso el país ya no tiene duda. En el escándalo más fresco, el de pago de sobornos de Odebrecht, están involucrados desde senadores activos, como el cordobés Bernardo Elías, uno de los máximos electores del Congreso, hasta reputados empresarios y precandidatos.
Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, estima que el sector privado se embolsilla 60 billones de pesos al año con conductas corruptas. Los atajos que toman para saquear al país incluyen la evasión fiscal, los acuerdos por debajo de la mesa para quedarse con contratos y el fraude contable.
¿Se identifica usted con alguna de estas conductas?
Según la investigación de EL TIEMPO, hay factores biológicos que en determinados casos pueden inclinar al individuo a quebrar las normas y la ley. Una sociedad tolerante y un entorno marcado por la cultura del dinero fácil (heredado del narcotráfico) potencian este comportamiento y forman delincuentes de cuello blanco.
Científicos y expertos en anticorrupción coinciden en que si bien no hay una fórmula mágica para acabar con este flagelo, parte de la solución está en la educación y formación de ciudadanos éticos que no sean proclives al delito. También, en levantar diques legales para que los pillos no se cuelen ni en TransMilenio ni en la política, estos últimos mediante avales y fraude electoral. A eso se une la urgente reforma a la financiación de las campañas para evitar el ingreso de dineros sucios, estilo Proceso 8.000.
Aunque en Colombia hay penas severas para esas conductas, no sirven si los delincuentes obtienen beneficios y no devuelven el dinero esquilmado ni entregan cómplices. De hecho, más del 50 por ciento de los corruptos condenados no pagan siquiera un solo día de cárcel o lo hacen en cabañas al aire libre en los cerros capitalinos. Este es el caso de Samuel Moreno, ex alcalde de Bogotá condenado por el ‘carrusel de la contratación’.
En contraste, en Estados Unidos el uniforme naranja, los grilletes y el régimen carcelario, que limita incluso las horas de sol y de visitas, atemorizan a criminales de todo nivel y nacionalidad.
El triunvirato que formaron el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el contralor, Edgardo Maya, y el procurador, Fernando Carrillo, unido a la colaboración entre países, será clave para que en los próximos años, Colombia gane la cruzada para evitar que se roben el país y se repitan raponazos al erario como el de los sobrecostos en la refinería de Cartagena (Reficar), el cartel de la hemofilia y la repartija de dineros de las regalías, en la mira del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
(Lea también: "En caso Odebrecht, no más pañitos de agua tibia": Contralor General)
El gobierno prepara, vía ‘fast track’, normas que reglamentan el lobby, visibilizan a los dueños de los entramados de la contratación y condicionan los beneficios judiciales a corruptos, acabando con la prisión domiciliaria y exigiéndoles el reintegro del dinero robado. Además, se busca transparencia en la inversión del posconflicto.
En los próximos días habrá nuevas capturas de dignatarios regionales, con las que los corruptos empezarán a entender que el dinero público es sagrado. Este informe es un aporte desde las orillas científica, educativa, judicial y política para acabar con el desangre.
¿Qué pasó con los protagonistas de los casos más sonados?
Fabio Puyo Vasco
Caso: El Guavio
Año: 1993
Costo: $ 15.000 millones
Puyo, exgerente de la Empresa de Energía de Bogotá, fue el único condenado por los sobrecostos
y se probó su incremento patrimonial. Nunca lo detuvieron y en el 2007 prescribieron las órdenes de captura. Ha vivido en España, donde lo vincularon a ventas de obras de arte falsas.
Luis Hernando Rodríguez
Caso: Foncolpuertos
Año: 1995
Costo: $ 2,5 billones
Rodríguez fue gerente liquidador de Puertos de Colombia. A través de Foncolpuertos, y con la complicidad de jueces, se pagaron millonarias pensiones de manera irregular. Fueron condenadas 825 personas. Rodríguez, sentenciado a 13 años de prisión en el 2007, es pensionado del Congreso, pues es viudo de la senadora asesinada Martha Catalina Daniels.
Carlos Albornoz Guerrero
Caso: Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)
Año: 2011
Costo: $ 30.000 millones
Cuando era jefe de la DNE se denunciaron entregas irregulares de narcobienes. El escándalo salpicó a congresistas y abogados, y la DNE fue liquidada. Albornoz está imputado, capturado y espera sentencia en una cárcel especial: Cespo, el club de formación de la Policía.
Tomás Jaramillo
Caso: Interbolsa
Año: 2011
Costo: $ 300.000 millones
Jaramillo montó un entramado con el que estafó a inversionistas de Interbolsa y Premium. En el 2016 aceptó el delito y en marzo se conocerá su condena. Sus abogados pidieron casa por cárcel (de la que goza su padre), pero sigue en La Picota.
Hermanos Moreno Rojas
Caso: Carrusel de la contratación en Bogotá
Año: 2010
Costo: $ 2,2 billones
¿Qué pasó?
El alcalde de Bogotá Samuel Moreno y su hermano el senador Iván Moreno lideraban una red de contratistas, políticos, abogados para atribuir irregularmente grandes obras a nivel distrital y nacional. Iván fue condenado a 14 años de cárcel y Samuel a 18 años. Más de 110 personas han sido procesadas por el caso.
Carlos Palacino
Caso: Saludcoop
Año: 2011
Costo: $ 1,4 billones
¿Qué pasó?
Palacino, presidente de Saludcoop, es investigado por los millonarios recobros que esta EPS le hacía al Estado y que sirvieron para pagar abultadas bonificaciones, finca raíz, viajes, inversiones en el extranjero. Saludcoop está en venta y el proceso contra Palacino y otros responsables sigue.
Luis Bedoya
Escándalo: Fifagate
Año: 2015
Cantidad: $ 1.500 millones
¿Qué pasó?
Bedoya, como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue uno de los 20 directivos latinoamericanos que recibieron 28 millones de dólares para contratos de transmisión y comercialización de torneos en Amé. Bedoya negocia desde 2015 con la justicia de Estados Unidos por soborno y fraude en transferencia bancaria. Busca no pagar un solo día de cárcel a cambio de información. En 2017 le dictarían sentencia.
Víctor Pacheco
Escándalo: Fidupetrol
Año: 2015
Cantidad: $ 500 millones
¿Qué pasó?
Víctor Pacheco fue el abogado de la empresa Fidupetrol, que entregó 500 millones a magistrados de la Corte Constitucional para que le dictaran un fallo de tutela favorable. Tanto él como Hélber Otero, gerente de esa sociedad, fueron condenados a dos años de prisión. Y el magistrado Jorge Pretelt, quien habría recibido la coima, fue suspendido y enfrenta un proceso en la Corte Suprema de Justicia.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
* Este informe especial fue coordinado por Andrés Mompotes, subdirector de Información y Martha Elvira Soto, editora de la Unidad Investigativa. Equipo de redacción: Nathan Jaccard, Edulfo Peña, Jhon Torres, Sair Buitrago, Sandra Ramírez, Carlos Francisco Fernández, Martha Morales, Francisco Valbuena, Carlos García, Rafael Quintero, Angy Alvarado, Milena Sarralde, Eliana Mejía, Gustavo Castrillón, Carolina Rincón, Laura Sepúlveda y Simón Granja. Diseño: Sandra Carranza y Juan Soriano. Infógrafos: Luis Jiménez y Giovanny Ariza.