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En firme, proceso contra bananeros de Chiquita Brands por financiar 'paras'
Chiquita Brands

La compañía Chiquita Brands tuvo actividades en Colombia hasta el año 2004.

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En firme, proceso contra bananeros de Chiquita Brands por financiar 'paras'

La compañía Chiquita Brands tuvo actividades en Colombia hasta el año 2004.

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Tribunal rechazó recurso de nulidad. Directivos habrían dado plata a paramilitares de casa Castaño.

Una reunión en Montecasino, Medellín, entre paramilitares de la casa Castaño Gil y algunos directivos de la gigante productora bananera Chiquita Brands en 1997, dio pie a una investigación que terminó en un largo proceso judicial que aún sigue sin resolverse, pero del que hay noticias.

Este miércoles se conoció un auto del Tribunal Superior de Antioquia, fechado del 30 de septiembre, a través del cual se confirmó la decisión de rechazar el recurso de nulidad presentado por 13 altos exfuncionarios  de la bananera, quienes presuntamente financiaron a grupos paramilitares en el Urabá antioqueño.

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El recurso buscaba tumbar la acusación de la Fiscalía contra los exdirectivos, pero con la decisión de segunda instancia que lo negó, quedó en firme el juicio en su contra.

Según los hechos investigados, en la reunión entre los paramilitares y los funcionarios de Chiquita Brands —entre ellos el gerente general, el asesor jurídico y el jefe de seguridad— se habría concertado un descuento de dinero por caja de banano exportada "que se consignaba a las cuentas bancarias de las Convivir, asociaciones que al ostentar licencias de funcionamiento legalmente expedidas, sirvieron de fachadas o vehículo para financiar las estructuras de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá", dice el documento del tribunal.

Esos pagos se habrían dado entre 1997 y noviembre de 2004, cuando se desmovilizó el frente Alex Hurtado, para entonces perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

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Los empresarios habrían sostenido reuniones con miembros de la Casa Castaño. En la foto, a la derecha, Carlos Castaño, uno de sus líderes.

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AFP

La razones para rechazar la nulidad

Los procesados solicitaron la nulidad de la acusación de la Fiscalía argumentando vulneraciones al debido proceso y, entre otras cosas, porque el ente acusador calificó como crimen de lesa humanidad el delito de concierto para delinquir agravado, a pesar de que no hace parte del contenido del artículo 7° del Estatuto de Roma.

"Consideran no se les puede atribuir los crímenes atroces cometidos por las Autodefensas, sin individualizar la participación de cada uno de los procesados y las actividades realizadas por estos", se lee en el auto de 24 páginas.

Sin embargo, al resolver la apelación, el Tribunal Superior de Antioquia concluyó que "aunque los procesados no fueron llamados para indagatoria a fin de que la Fiscalía comunicara el nuevo agravante, sí les fue enterada la adición por medio de resolución. Con este acto, la Fiscalía garantizó los derechos de defensa y debido proceso".

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De otro lado, recordó que el delito de concierto para delinquir agravado puede ser catalogado como de lesa humanidad, según la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Eso sí, el tribunal dejó en claro que la calificación es provisional. "Es el juez quien deberá valorar respetando los elementos de generalidad y sistematicidad propuestos por la Corte para definir si finalmente el concierto para delinquir agravado atribuido se puede catalogar como de lesa humanidad", dice el auto.

En la decisión de segunda instancia también se critican las razones de los abogados para solicitar la nulidad.

Que la defensa no comparta el resultado de la evaluación jurídica, o que considere que la argumentación sea insuficiente, no se traduce en la vulneración al debido proceso

"A partir de la comprensible tarea de la defensa de realizar una valoración probatoria distinta a la propuesta por la Fiscalía, que implica de suyo afirmar que de la prueba no se desprende la participación o la responsabilidad de los procesados, no se puede pretender como resultado la nulidad de lo actuado. Que la defensa no comparta el resultado de la evaluación jurídica realizada por la fiscalía, o que considere que la argumentación dirigida a dicha sustentación sea insuficiente, no se traduce en la vulneración al debido proceso", se lee en el documento.

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En el proceso penal que se sigue por estos hechos están vinculados Reinaldo Elías Escobar de La Hoz, exasesor jurídico de Chiquita Brands para Colombia; Álvaro Acevedo González, exgerente de Banaldex; Víctor Manuel Henríquez Velásquez, exgerente de Banacol; y Javier Ochoa Velásquez, exgerente agrícola; así como Víctor Julio Buitrago Sandoval,  John Paul Olivo, Fuad Alberto Giacoman Hasbún,  José Luis Valverde Ramírez y Charles Dennis Keiser.

justicia@eltiempo.com

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