A pesar de todo el escándalo, la indignación nacional y de las condenas de altos funcionarios; a pesar de una orden expresa de la Corte Suprema y a pesar de todo el discurso público que condena la violencia contra la mujer, Samuel Viñas, feminicida condenado a 43 años de prisión, completa más de un año en mansión por cárcel.
(De interés: El poderoso empresario que mató a su mujer y sigue en casa por cárcel).
El año pasado, según cifras de Medicina Legal, en el país fueron asesinadas 865 mujeres. En al menos 83 casos se trató de un feminicidio comprobado, y en nueve de ellos la víctima tenía menos de 18 años. Pero hubo otros 58 crímenes contra mujeres que las autoridades calificaron como ‘violencia de pareja’.
A esas fatales estadísticas se suman miles de casos de mujeres y niñas golpeadas o agredidas sexualmente en un país en el que de la defensa de sus derechos es ejemplar cuando se trata de discursos, pero en el que ellas, sin importar el estrato, tienen que enfrentar a diario múltiples violencias.
Para tratar de ponerle coto a esa violencia endémica, Colombia ha aprobado leyes y ha creado programas presidenciales, regionales y locales. En todo el territorio funcionan líneas de emergencia y no hay candidato a ningún cargo de elección popular que no tenga entre sus bullets de campaña alguna frase de cajón contra los que maltratan a las mujeres.
(De interés: El lujoso sector donde Samuel Viñas paga casa por cárcel hace un año).
Pero lo que nos sigue mostrando la realidad es que el sistema no solo no es capaz de proteger a las mujeres sino que puede ser indolente a la hora de castigar ejemplarmente a los agresores. Al final, el resultado es el fatal mensaje de que con los medios y las conexiones necesarias, cualquiera puede eludir la cárcel, sin importar la gravedad del crimen cometido.
En poderoso empresario Samuel Viñas asesinó a su esposa, Clarena Acosta, el 1 de enero del 2010, después de un largo historial de violencia contra su víctima. Inicialmente su defensa trató de presentarlo como un enfermo mental, y fue el escándalo nacional el que forzó que desde Bogotá fueran enviados peritos de Medicina Legal que desbarataron el argumento. Fue condenado y enviado a una cárcel, de la que salió en plena vacancia judicial del 2019 rumbo a su lujoso apartamento del barrio El Country, en Barranquilla, por una supuesta enfermedad.
Allí sigue hoy, a pesar de que la Corte Suprema, la más alta instancia de la justicia penal en Colombia, ordenó regresarlo a una celda a comienzos del 2020.
¿En dónde se embolató la orden de la Corte Suprema? Y, cuando esto pasa, ¿no hay ninguna autoridad que alerte sobre ese incumplimiento?
(Siga leyendo: ¿Por qué presos por violencia intrafamiliar están en la casa?).
En memoria de Clarena Acosta y de las otras mujeres asesinadas es necesario que el homicida vuelva a la prisión de la que no debió salir. Pero sobre todo urge una investigación que aclare las actuaciones de los jueces que debían velar por el cumplimiento de la pena.
Desde estas líneas se ha dicho varias veces, y huelga repetirlo: el control que existe en el país sobre los jueces de ejecución de penas sigue siendo precario, y ese es un boquete que los criminales tienen detectado hace años. Al contrario de los responsables de nuestra justicia, que siguen sin plantear soluciones reales frente a uno de los flancos más débiles de nuestro sistema judicial.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO@JhonTorresET
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