El Tribunal Superior de Bogotá resolvió en segunda instancia el proceso contra cinco exmilitares vinculados al delito de desaparición forzada por la retoma del Palacio de Justicia.
En el proceso están los exuniformados Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William
Vásquez Rodríguez, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto
Velandia y Ferney Ulmardín Causayá Peña.
Los magistrados ratificaron la condena de tres de los exmilitares y revocaron la absolución inicial de dos de ellos. Fueron sentenciados a 40 años de cárcel.(Le puede interesar: Reficar: detalles del fallo que ratifica billonaria sanción a responsables).
Los uniformados que fueron absueltos en primera instancia y condenados por el Tribunal son Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín Causayá Peña.
Ellos fueron encontrados responsables de la desaparición de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández.
Mientras que Sánchez Rubiano fue condenado por la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández. Y el exmilitar Óscar William Vásquez Rodríguez por el caso de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández.
Sánchez Rubiano, quien se encuentra en libertad, era en la época de los hechos el comandante del B-2, grupo que quedó a cargo de las personas que fueron rescatadas de la sede judicial, tras la toma del M-19 en noviembre de 1985.
Coronel Edilberto Sánchez Rubiano.
Archivo EL TIEMPO
El coronel Sánchez Rubiano fue capturado en 2006 por orden del fiscal del caso y en octubre de 2008 fue dejado en libertad por un juez por vencimiento de términos.
En el expediente dice que Sánchez Rubiano era el encargado del puesto de mando en la Casa del Florero a donde eran llevadas e interrogadas las personas que salían del Palacio de Justicia. El oficial, que se identificaba como Arcano 2 durante la retoma, fue destituido por la Procuraduría General por la desaparición de la guerrillera Irma Franco.
El Tribunal cuestionó que se hizo una clasificación de las personas que iban saliendo del Palacio de Justicia y que esto se hizo "a la sombra de la ejecución del Plan Tricolor 83, bajo un supuesto balance de los intereses en conflicto, en el que se privilegió arbitrariamente la 'institucionalidad' del Gobierno Nacional y de las Fuerzas Militares, sobre la dignidad humana de rehenes, liberados, guerrilleros y trabajadores que se encontraban en el complejo judicial".
Igualmente, señalaron que el exmilitar no actuó con omisión y que al contrario sabía lo que estaba pasando con algunas de las personas que estaban siendo llevadas a la Casa del Florero. La sentencia señala que en el marco de la retoma se desarrolló una "propuesta criminal que se activó en la línea de mando" y que incluso los uniformados que participaron en esos hechos intentaron no dejar rastro de lo que estaban haciendo.
"En el marco de las operaciones conjuntas coordinadas por distintas fuerzas estatales bajo el liderazgo de la Brigada XIII, varias de las personas que estuvieron en el segundo piso de la Casa Museo fueron trasladadas por autorización de Sánchez Rubiano (de ahí su participación en los actos ejecutivos del delito, no su instrumentalización a otro miembro de las fuerzas militares), en su calidad de cabeza del grupo de inteligencia (B-2) de la Brigada XIII del Ejército Nacional con destino a distintas guarniciones militares o de la Policía Nacional, en donde recibieron tratos degradantes (unos más que otros) mientras se evaluaba si eran o no miembros o auxiliadores de la guerrilla del M-19", se lee en la decisión judicial de 259 páginas.
La sentencia, con ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán, negó la posibilidad de que la pena sea sustituida o que los condenados puedan recibir la casa por cárcel.
No se ordenó la captura de los exmilitares pues la sentencia no está en firme y puede llegar a la Corte Suprema de Justicia.
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