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Juez niega libertad a patrullero investigado por muerte de Javier Ordóñez
Juicio patrulleros Javier Ordóñez

Harby Damián Rodríguez Díaz (izq.) y Juan Camilo LLoreda Cubillos en audiencias de Procuraduría.

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Juez niega libertad a patrullero investigado por muerte de Javier Ordóñez

Harby Damián Rodríguez Díaz (izq.) y Juan Camilo LLoreda Cubillos en audiencias de Procuraduría.

Su defensa argumentaba que había vencimiento de términos.

Este martes, el juzgado 42 de control de garantías de Bogotá negó una solicitud que hizo el patrullero Harby Damián Rodríguez Díaz, procesado penalmente por el homicidio del estudiante Javier Ordóñez, ocurrido en septiembre de 2020 en Bogotá, de darle libertad por vencimiento de términos.

(Lea también: A un año del asesinato de Javier Ordóñez, ¿cómo avanza la investigación?)

Rodríguez Díaz fue procesado por la muerte de Ordóñez junto con el patrullero Juan Camilo Lloreda, quien ya fue condenado a 20 años de cárcel por el hecho, tras llegar a un preacuerdo y aceptar su responsabilidad por los delitos de homicidio y tortura agravados.

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Aunque Lloreda aceptó su responsabilidad, Rodríguez, quien fue imputado por presuntamente golpear a Ordóñez hasta causarle la muerte en la madrugada del 9 de septiembre de 2020, cuando ya estaba en situación de indefensión, ha sostenido que es inocente.

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Su abogado argumentó en la audiencia de este martes que ya iban 256 días desde la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía sin que hubiera comenzado la etapa de juicio, y que las demoras que han llevado a ese retraso no eran atribuibles a la defensa.

En términos generales, la ley establece un plazo de 120 días entre la presentación del escrito de acusación y el inicio del juicio.

Frente a la negativa del juez a la solicitud de libertad por vencimiento de términos, la defensa del patrullero repuso la decisión, recurso que no fue aceptado por el togado por lo cual manifestó su intención de apelar la determinación, lo que tendrá que sustentar ante otro juez, quien deberá revisar la decisión tomada este martes por el juzgado 42 de control de garantías de Bogotá.

De otra parte, ambos patrulleros ya fueron sancionados por la Procuraduría General de la Nación, que los destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos, la pena más alta que impone el órgano de control.

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