En el búnker de la Fiscalía en Bogotá pasó la noche el expolicía Wilmer Antonio Alarcón Vargas, capturado el domingo para que cumpla una pena de 37 años de cárcel por el homicidio del joven grafitero Diego Felipe Becerra, en hechos ocurridos en agosto de 2011 en Bogotá.
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Tras su detención por hombres del CTI de la Fiscalía que lo ubicaron en una casa del barrio Llano Lindo en la ciudad de Yopal, Casanare, se procedió a su legalización de captura ante un juez local y luego fue trasladado a la capital del país.
Permanecerá en la sede de la Fiscalía en tanto el Inpec define su sitio de reclusión para que cumpla la pena impuesta por un juez de Bogotá en enero de 2017 por el delito de homicidio en circunstancias de agravación, por haber sido cometido en estado de indefensión en contra de un menor de edad.
Wilmer Alarcón Vargas fue detenido por el CTI de la Fiscalía.
Fiscalía
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La decisión ya fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, y el expolicía estaba prófugo desde hace cinco años.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que pedirán protección especial para el expatrullero con el fin de que pueda avanzar en un proceso de colaboración para que declare contra otras personas vinculadas al plan para desviar la investigación.
Gustavo Trejos, padre de la víctima, indicó que la vida del uniformado corre peligro y que él tendría información que podría enredar a dos generales de la República y varios coroneles.
Señaló que ante un panorama complejo como tener una pena tan alta, el expolicía podría buscar algún tipo de colaboración para mejorar sus condiciones de reclusión u otro tipo de beneficio.
“Todos los procesos no han terminado y aún es posible que pueda declarar contra varios de los procesados e incluso pueda dar información de otras personas relacionadas con la manipulación de los hechos”, dijo Trejos.
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Según la investigación, tras el homicidio del joven, uniformados y civiles realizaron maniobras para alterar la escena del crimen y hacer creer que el patrullero Alarcón disparó en defensa propia y que la víctima supuestamente estaba armada.
La Fiscalía logró establecer que un uniformado llevó un arma al sitio de los hechos como parte del montaje.
Por su presunta responsabilidad en esos hechos que siguieron a la muerte del joven fueron procesados los coroneles de la Policía Nacional Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez, el comandante de Suba, y José Javier Vivas Páez, entonces subcomandante de la Policía de Bogotá; el Subteniente Rosemberg Madrid Orozco, el subintendente Juan Carlos Leal Barrero, el patrullero Nelson Daniel Rodríguez Castillo; el abogado Héctor Hernán Ruiz Echevarría, que para la época era el asesor de la Policía metropolitana de Bogotá, y el conductor de buseta Jorge Eliecer Narváez y su esposa, Nubia Mahecha, quienes fueron testigos en el caso.
Homenaje floral a Diego Felipe Becerra tras diez años de su muerte.
Néstor Gómez
A ellos, la Fiscalía les imputó cargos por fraude procesal en concurso con falsedad ideológica en documento público agravado por el uso; en concurso con ocultamiento, alteración y obstrucción de elemento material probatorio, en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas.
Estas personas siguen en juicio, y solo fue condenado el subintendente Nelson Giovanny Tovar a ocho años de prisión señalado de participar en las maniobras para llevar al sitio un arma de fuego.
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Aunque el expatrullero Alarcón Vargas ya no podría recibir beneficios como rebajas de penas por el proceso por el que ya fue condenado, podría buscar beneficios en su sitio de reclusión ante un eventual escenario de colaboración con las autoridades para declarar contra las personas vinculadas al desvío de la investigación.
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