La delgada frontera entre legítima defensa y justicia por mano propia

La delgada frontera entre legítima defensa y justicia por mano propia

Caso del médico que mató a tres ladrones que iban a robarlo abrió un debate sobre qué hay detrás.

Habló conductor de carro de atracadores que murieron en Usaquén

Puente del barrio Santa Bárbara donde murieron tres miembros de una banda de delincuentes.

Foto:

Abel Cárdenas. EL TIEMPO

Por: Justicia
08 de febrero 2020 , 09:15 p.m.

En las últimas dos semanas, cuatro casos de enfrentamientos entre víctimas y victimarios en situaciones de hurto revivieron dos fuertes y muy profundos debates.

El primero tiene que ver con los límites que separan la legítima defensa de la venganza o justicia por mano propia. El segundo es la reflexión de sociedad sobre los peligros que implica el hecho de que haga carrera la idea de que la mejor forma de enfrentar la delincuencia es que los civiles empiecen a combatirla por sus propios medios, dejando de lado a las instituciones.

El caso más mediático tiene que ver con el médico que el 30 de enero mató a tres hombres que lo interceptaron en un puente peatonal, en el norte de Bogotá, y lo agredieron e hirieron en un intento de atraco que terminó con la muerte de los tres delincuentes, luego de que el médico usó un arma de fuego para defenderse.

El segundo ocurrió el 5 de febrero, en Floridablanca, Santander, cuando un delincuente en moto, con antecedentes por hurto, iba a asaltar a un agente de policía retirado que estaba armado. Intercambiaron disparos y el agresor resultó herido y murió horas después.

El tercero ocurrió el 4 de febrero en Medellín, donde Víctor Alonso Cartagena, un presunto atracador, fue herido de muerte por el dueño del establecimiento que pretendía asaltar. Y el 2 febrero, en Manizales, se reportó el caso de un vecino del barrio Estambul que acabó, a golpes, con la vida de un hombre que ingresó a su casa para robar.

Entre lo lícito y lo ilícito

Aunque en cada caso los jueces evaluarán los hechos, en materia penal hay por lo menos tres escenarios que podrían llevar a establecer cuando en un homicidio hay legítima defensa y que no se trata de justicia por mano propia.

En primer lugar, podría haber legítima defensa, según explica el penalista Camilo Burbano, cuando quien se defiende está ante un ataque actual, inminente e injustificado, es decir, está en riesgo. También puede actuar para defender a otra persona, pero bajo esas premisas.

La inminencia o actualidad del ataque es clave porque, de lo contrario, el caso puede ser considerado homicidio o lesiones personales. No es igual el riesgo que tiene quien se defiende de alguien que lo ataca y lo amenaza con un arma, a la situación de quien es amenazado con un cuchillo, le quitan su celular, el ladrón huye y el afectado lo persigue y le dispara. En el primer caso, la vida del que se defiende corre peligro. En el segundo, el peligro ya pasó. Y si ya no hay riesgo, recobrar un teléfono no justifica quitar una vida.

Esto se explica porque, según el penalista Marlon Fernando Díaz, el derecho que se intenta defender –la vida, la seguridad o la integridad– “debe ser igual o equivalente” al del otro.

Otra peculiaridad es que los medios que usa quien se defiende sean proporcionales a la gravedad de la agresión, y eso depende del tipo de armas, el número de agresores, y la situación. La proporcionalidad no existe cuando diez vecinos capturan a un ladrón y, en lugar de llevarlo a la Policía, lo linchan. En esa situación, según Díaz, los vecinos terminarían respondiendo penalmente por no respetar los derechos del capturado a ser juzgado por una autoridad.

Un tercer escenario en el que se puede alegar legítima defensa es cuando alguien invade propiedad privada.

La forma de resolver estos males no es con sociedades más armadas. Eso crea más violencia.
La salida es fortalecer
las instituciones,
el pacto social y una justicia eficaz

Los casos de homicidio en legítima defensa han generado intensos debates en redes sociales y en la opinión pública en general, en los que algunos plantean que la ciudadanía debería tener más acceso a las armas para así poder defenderse del crimen organizado. Otros, incluso, aplauden abiertamente que los civiles acaben con la vida de los delincuentes.

“Vecinos organizados. Ratero, si te agarramos, te vamos a linchar. Nosotros no llamamos a la Policía”, reza un cartel que se hizo viral en la última semana. Y al margen de que sea auténtico y del momento, evidencia un clima social que a juicio de varios expertos es altamente peligroso.

Jaime Zuluaga, sociólogo y profesor de la Universidad Externado, asegura que creer que lo que sirve en estos casos es la justicia por mano propia demuestra una crisis en la legitimidad de las instituciones y desconfianza sobre la eficacia de la justicia. La impunidad en los homicidios hoy es del 70 por ciento y, en los hurtos, de un 63 por ciento, según cifras de la Fiscalía General.

Esto se suma, dice Zuluaga, a los niveles de inseguridad crecientes que le hacen pensar al ciudadano que está expuesto a ser víctima y debe reaccionar.

Un tercer elemento, señala Zuluaga, es la erosión de un principio fundamental del Estado de derecho moderno, y es que para garantizar justicia y paz, el Estado tiene el monopolio de las armas –y, por lo tanto, de los medios coercitivos de justicia– para evitar al máximo que la ciudadanía tenga la posibilidad de recurrir a la venganza, a la justicia por mano propia, a la ley del ‘ojo por ojo’, que abre la puerta a abusos, desproporciones, injusticias y más violencia.

Luis Adolfo Martínez, docente investigador de la Universidad Católica de Pereira, anota que tanto la impunidad como el conflicto interno –que ha hecho ver la violencia como cotidiana– han generado que la gente crea que puede resolver sus problemas de seguridad con violencia.

Martínez afirma que esto conduce a una descomposición del tejido social. Esto es peligroso, asegura, porque celebrar la justicia por mano propia –relativizar lo legal y lo ilegal– hace evidente un grave retroceso en la democracia y crea más violencia. Por eso, agrega Zuluaga, la solución a estos males sociales “no son sociedades más armadas. La salida es fortalecer la institucionalidad, el pacto social, y tener una justicia eficaz”.

En medio de estas discusiones jurídicas y sociales, los expertos coinciden en que hay un engaño en el que las personas no deberían caer: una cosa es defenderse legítimamente ante una amenaza inminente, y otra muy distinta, creer que la defensa por medio de las armas debe estar en manos de la gente y no del Estado.

En Bogotá, el porte está prohibido

A diferencia de países como Estados Unidos, donde el comercio legal de armas es libre, en Colombia quien quiera acceder a una debe tramitar un permiso, argumentando elementos muy especiales que justifiquen su porte o tenencia.

Así, en el país están registradas 688.534 armas en manos de ciudadanos. Y en ciudades como Bogotá, así se tenga permiso de tenencia, su porte está prohibido desde hace ocho años.

JUSTICIA
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