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Delitos

Casa por cárcel a general (r) Castiblanco por corrupción en Meta

Los hechos se remontan a 2013 cuando fue secretario de Gobierno y otorgó un contrato sin garantías

La Fiscalía General le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en beneficio de terceros, falsedad en documento público y fraude procesal a tres personas presuntamente involucradas en la firma de un contrato por más de 1.300 millones de pesos.
Los involucrados son general en retiro Daniel Ernesto Castiblanco Mendoza,  Angélica Solangi Chávez León, contratista;  Raul Alberto Gasca, exgerente de un banco.
Los hechos se remontan al año 2013 cuando el general en retiro Castiblanco ejercía como secretario de Gobierno del departamento de Meta y se vio involucrado con la celebración de un contrato - de manera irregular -  para la adquisición de equipos  especializados portátiles (morpho-rap) para la verificación de antecedentes judiciales.
El ente acusador en la diligencia de imputación de cargos adujó que "el contrato fue adjudicado a la firma Tecnología Informática Oriental Tio Ltda., a sabiendas que el objeto no se podría cumplir porque los equipos eran obsoletos e imposibles de conseguir", se lee en un comunicado de la Fiscalía.
De igual forma se estableció que la falencia se paso por alto ya que  "el contrato finalmente se firmó y fue pagado un anticipo de 50 por ciento, es decir, $689’000.000 del valor total que ascendía a $1.379’184.000".

Medidas:

Respecto al exgerente de la entidad bancaria, la Fiscalía encontró una posible falsedad relacionada con un certificado de capacidad de endeudamiento que entregó a Tecnología Informática Oriental Tio Ltda., para que la Gobernación de Meta le asignara el contrato como único proponente.
El juez impuso medida no privativa de la libertad consistente en presentarse los últimos viernes de cada mes ante la Fiscalía que lleva el caso, guardar buena conducta y no salir del país, mientras dure el juicio en su contra.
En el caso del general en retiro y la contratista el juez les  impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en los lugares de residencia.
JUSTICIA 
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