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Fiscalía ocupa bienes del exmagistrado Gustavo Malo
Gustavo Malo Fernández

Exmagistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo Fernández.

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Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Fiscalía ocupa bienes del exmagistrado Gustavo Malo

Exmagistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo Fernández.

Los bienes están avaluados en más de mil millones de pesos.

La Fiscalía, con apoyo del Ejército, impuso medidas cautelares a cuatro inmuebles urbanos asociados al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo.

Según la investigación, las propiedades habrían sido adquiridas con dineros producto de posibles actuaciones ilícitas dentro de un entramado de corrupción que se habría presentado entre 2012 y 2016.

El exmagistrado fue condenado por los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir y prevaricato por omisión, dentro del caso denominado el 'cartel
de la toga’.(Le puede interesar: Viaje a las montañas donde las minas antipersonales están desapareciendo).

Los bienes, entre los que se encuentran un apartamento y dos parqueaderos ubicados en Bogotá, además del 50 por ciento de otro inmueble en Cartagena (Bolívar), están avaluados en 1.170 millones de pesos.

En la investigación, adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, se evidenció que en dicha época Malo Fernández, al parecer, realizó pagos anticipados sobre un inmueble que luego vendió a otra persona, "al parecer, para burlar la acción de las autoridades sobre el referido predio".

(Le puede interesar: ¿Qué hay tras los últimos casos de intoxicaciones por consumo de drogas?).

La Fiscalía señaló que respecto a un bien en Cartagena se aplicaron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo respecto del porcentaje que le perteneció al exmagistrado.

Apartamento del exmagistrado.

Foto:

Fiscalía.

"En este caso se determinó que Malo Fernández habría realizado una maniobra fraudulenta al enajenar su parte a un familiar para así evitar la persecución de la propiedad, por parte de la Fiscalía", señaló el ente acusador.

Los bienes afectados pasaron a la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La condena

En agosto, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado Malo a 9 años y 10 meses de prisión.

El abogado fue declarado indigno y acusado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, acto aprobado en plenaria en diciembre de 2018, de pertenecer a una organización criminal en que la tenían silla abogados y servidores públicos, para favorecer a aforados en procesos penales.

En sentencia de 218 páginas proyectada por la magistrada Blanca Nélida Barreto, que contó con dos salvamentos parciales de voto, la Sala Especial de Primera Instancia determinó que Malo Fernández efectivamente, siendo magistrado de ese alto tribunal, se unió a un grupo delincuencial al que también pertenecían el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera y del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, ambos condenados por este caso.

A juicio de la Sala Especial de Primera Instancia, quedó claro que el entonces magistrado se concertó con funcionarios públicos y con particulares para abordar a congresistas -como los exsenadores Musa Besaile Fayad y Álvaro Ashton- contra quienes cursaban indagaciones penales en única instancia en su despacho, a fin de adoptar decisiones contrarias a derecho y afectar el curso normal de las mismas. Ello, a cambio de coimas y dádivas.

Los acercamientos con los aforados eran tarea de los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y Leonardo Pinilla Gómez, para lo cual Malo Fernández, por intermedio de Francisco Javier Ricaurte Gómez, exmagistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y exmagistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, suministraba datos al grupo para que fueran utilizados al abordar a los citados congresistas.

"El exmagistrado Gustavo Malo Fernández se unió a un grupo delincuencial y por el privilegio funcional que ostentaba, usó la información a su disposición para que sus co-asociados abordaran a los aforados investigados por su despacho y con exorbitantes exigencias económicas, lograran acuerdos para torpedear las actuaciones", dice el fallo.

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