El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte Gómez fue encontrado culpable de hechos de corrupción en el marco del escándalo conocido como el 'cartel de la Toga'.
El juez ordenó la captura inmediata del exmagistrado.
En septiembre de 2017, el exmagistrado, que también fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura, fue capturado por su presunta responsabilidad en el sonado caso de corrupción digital.
El exmagistrado fue acusado y llevado a juicio, quedó en libertad por vencimiento de términos, y hoy un juez leyó el sentido de fallo en el caso.
La Fiscalía y la Procuraduría pidieron la semana pasada que Ricaurte Gómez fuera condenado y la defensa, que lo absolviera.
(Lea en contexto: Otro exmagistrado de la Corte, a responder por 'cartel de la toga).
El juez les dio la razón a la Fiscalía y Procuraduría y consideró que se presentaron evidencias suficientes para condenarlo.
Dijo el funcionario judicial que Ricaurte Gómez buscaba los clientes, definía los cobros que se les hacían y los pasos por seguir, y que como dijo uno de los testigos: "él fue el que se inventó esto, era el líder de la organización".
El exmagistrado es procesado por el cobro de dinero a políticos para conseguir fallos favorables en investigaciones penales en su contra.
Añadió que Ricaurte Gómez no solo recibía dinero, sino que por sus gestiones recibía puestos y contratos.
Y cuestionó que el exmagistrado ocupaba una posición distinguida, sabía lo que estaba haciendo y tenía que guardar un comportamiento adecuado y no afectar a la administración de justicia.
La Fiscalía lo llevó a juicio por concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente.
(En contexto: Cuatro claves para entender el caso del ‘cartel de la toga').
El juez avaló la hipótesis de la Fiscalía de que el exmagistrado hizo parte de una organización criminal en la que estuvieron también el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera, el abogado Leonardo Pinilla Gómez y otros juristas; asimismo, lo vincula a seis eventos en los que se habría favorecido con decisiones judiciales a congresistas y gobernadores procesados penalmente.
En su momento dijo la Fiscalía que Ricaurte Gómez, en compañía de sus socios, supuestamente utilizó información privilegiada, habría manipulado testigos para cambiar versiones e instrumentalizaba a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a testigos.
Luis Gustavo Moreno, deportado a Colombia, fue testigo en el caso.
Migración Colombia
El juez del caso les dio crédito a las declaraciones del exfiscal Luis Gustavo Moreno quien relató que conoció a Ricaurte Gómez por intermedio del exmagistrado Leonidas Bustos, también procesado por las irregularidades, y que hizo parte de una red ilegal para favorecer a los amigos o personas cercanas a Ricaurte Gómez.
Dijo que los exmagistrados corrompieron a otros funcionarios para lograr beneficios personales.
El juez señaló que en este caso hay evidencias de que hubo corrupción y maniobras para conseguir beneficios ilegalmente y proteger a algunas personas de investigaciones en la Corte Suprema.
El juez dijo que la declaración del exmagistrado auxiliar José Rodríguez Reyes dio cuenta de esa maniobras en el caso puntual del excongresista Álvaro Ashton.
Dijo que el exmagistrado Ricaurte Gómez intervino para evitar la imputación al exgobernador y cerrar los procesos que había en su contra y que el fiscal del caso incurrió en las irregularidades no por dinero sino para poder seguir en el cargo.
Indicó el juez que el fiscal del caso era cuota del exmagistrado en la Fiscalía.
Igualmente el juez se refirió a la declaración del exgobernador de Córdoba
Alejandro José Lyons Muskus, quien tuvo acercamientos con integrantes de la red y le dio 30 millones de pesos al exmagistrado Camilo Tarquino, quien le dijo que era difícil la situación en la Corte y que los “magistrados Ricaurte y Bustos” pedían 20.000 millones de pesos para favorecerlo en las investigaciones en su contra.
El exmagistrado José Leonidas Bustos está fuera del país y es mencionado como otro de los integrantes de la red ilegal.
El funcionario judicial dijo que ese episodio corresponde al mismo modus operandi de la red.
Y concluyó que sí existió una organización criminal para torcer procesos judiciales y que uno de los líderes era el exmagistrado Ricaurte.
El juez cuestionó que el exsenador Álvaro Ashton dijo mentiras en el proceso y ha faltado a la verdad en sus declaraciones incluso a la JEP y lo hizo para proteger a involucrados en el escándalo de corrupción judicial.
El funcionario judicial dijo que eso es muy grave y que el testigo intentó, sin éxito, desvirtuar el testimonio del exfiscal Gustavo Moreno a quien le pagó 400 millones de pesos por un supuesto concepto sobre falsos testigos.
Ashton dijo que no le entregaron ese estudio y luego dijo que se lo entregaron incompleto, pero nunca denunció lo sucedido.
"No resulta admisible esa declaración (...) el testigo se contradice", dijo el juez tras indicar que inicialmente se habían acordado 1.200 millones de pesos de pago y esto no por un estudio de falsos testimonios sino para el archivo del proceso.
Indicó que, según Aston, no le contó a su amigo el exmagistrado Ricaurte y a su propio abogado de esos pagos, lo que va en contra del sentido común y la lógica.
"Este testigo es mendaz, jamás contrató a Luis Gustavo Moreno para que hiciera el concepto y lo dice de manera artificiosa para presentarse como víctima de Moreno". indicó el juez.
Y advirtió: "Ashton no ha cumplido con la promesa que le hizo a la JEP de decir la verdad, esto es sumamente grave, solo por cubrir a su amigo Gustavo Ricaurte", indicó.
El juez del caso dijo que la defensa no logró desvirtuar las declaraciones de los testigos llevados por la Fiscalía y que no se puede decir que el único corrupto era Luis Gustavo Moreno y las demás personas víctimas "de un abogado astuto".
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