El próximo 25 de marzo, el juez décimo de conocimiento de Bogotá declarará el monto de la sentencia que pagará el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte Gómez, por su responsabilidad en el caso de corrupción judicial conocido como el ‘cartel de la toga’.

Este martes, luego de que el juez emitiera sentido de fallo condenatorio contra el exmagistrado, la Fiscalía pidió que lo condenen a 23 años y 8 meses de prisión y una multa de 562 salarios mínimos. La Procuraduría consideró que la pena tendría que ser de 16 años de cárcel y una multa de 336 salarios mínimos.

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Por su parte, el abogado Juan Sebastián Fajardo, que defiende al exmagistrado, dijo que no se le tendría que imponer ninguna pena porque era inocente y que respeta la administración de justicia, pero que está en completo desacuerdo con la decisión del juez.

El exmagistrado Ricaurte Gómez, que se convirtió este martes en el primer expresidente de la Corte Suprema de Justicia procesado y encontrado culpable de delitos, fue capturado en septiembre de 2017 y fue llevado a juicio por los cargos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias.

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La Fiscalía señaló en su momento, y así lo ratificó este martes el juez del caso, que existió una organización criminal, conformada por abogados y funcionarios judiciales que usaron información privilegiada, intentaron manipular testigos e instrumentalizaron a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a declarantes en casos de reconocidos políticos.

A cambio recibieron dinero que se repartían entre los integrantes de la red ilegal, de la cual Ricaurte es considerado uno de los líderes, junto con el también exmagistrado Leonidas Bustos, procesado por el mismo caso.

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Aunque Ricaurte Gómez es señalado por el exfiscal Luis Gustavo Moreno como el creador de todo el entramado criminal, el juez lo condenó por seis casos puntuales.

Estos relacionados con las maniobras para interferir y lograr fallos favorables o dilatar los procesos contra los excongresistas Álvaro Antonio Ashton Giraldo, Musa Besaile Fayad y Julio Manzur Abdalá por ‘parapolítica’, los cuales se adelantaban en la Corte Suprema.

Además, por los casos contra los exgobernadores Alejandro José Lyons Muskus, de Córdoba, y Juan Carlos Abadía, del Valle del Cauca, quienes eran procesados por corrupción y cuyas investigaciones estaban en cabeza de la Fiscalía.

Finalmente es cuestionado por los beneficios que habrían recibido del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), que entre 2014 y 2015 era “el fortín político de los congresistas Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías”, y en donde los integrantes de la red habrían obtenido favores burocráticos.

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En la audiencia de este martes, el juez les dio la razón a la Fiscalía y la Procuraduría, que pedían la condena del exmagistrado, y consideró que se presentaron evidencias suficientes para encontrarlo responsable de los hechos investigados.

Dijo el funcionario judicial que Ricaurte Gómez buscaba los clientes, definía los cobros que se les hacían y los pasos por seguir, y que como dijo el exfiscal Luis Gustavo Moreno Rivera, que declaró en el juicio: “Él fue el que se inventó esto, era el líder de la organización”.

El juez hizo amplia referencia a esta declaración y destacó que Moreno relató en el juicio que conoció a Ricaurte Gómez por intermedio del exmagistrado Leonidas Bustos, también procesado por las irregularidades, y que hizo parte de una red ilegal para favorecer a los amigos o personas cercanas a Ricaurte Gómez.

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El juez cuestionó que el exsenador Álvaro Ashton dijo mentiras en el proceso y ha faltado a la verdad en sus declaraciones incluso a la JEP, y lo hizo para proteger a involucrados en el escándalo de corrupción judicial. Consideró que esto es muy grave y que la defensa del procesado intentó, sin éxito, desvirtuar el testimonio del exfiscal Moreno, a quien le dieron 400 millones de pesos por un supuesto concepto sobre falsos testigos. Ashton dijo que no le entregaron ese estudio y luego dijo que se lo entregaron incompleto, pero nunca denunció lo sucedido.

“No resulta admisible esa declaración (...), el testigo se contradice”, dijo el juez tras indicar que inicialmente se habían acordado 1.200 millones de pesos de pago y esto no por un estudio de falsos testimonios sino para el archivo del proceso.

En la primera parte de la audiencia, el juez ordenó la captura inmediata del exmagistrado que tendría que estar privado de la libertad entre tanto espera que el Tribunal de Bogotá revise el fallo definitivo, pues desde este martes su defensa dejó claro que apelará la decisión.

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