La aprobación -tras más de 20 intentos fallidos- que el Congreso le dio esta semana a que delitos sexuales y asesinatos de menores se puedan castigar hasta con la cadena perpetua fue celebrada por gran parte de la opinión pública, que ve la medida como una respuesta para sancionar los delitos más graves contra las víctimas más indefensas.
Y es que con cada violento ataque que se conocía, cada vez más seguido, en el país crecían la indignación y las voces que pedían castigos más drásticos. El presidente Iván Duque, al celebrar la decisión, señaló que la sociedad colombiana, en una sola voz, enviaba una advertencia a los victimarios sobre las consecuencias de sus actos.
Con esta norma, Colombia entra a la lista de más de 180 países que, según la ONG Penal Reform International, permiten la prisión de por vida para una amplia cantidad de delitos, que van desde homicidios hasta terrorismo, traición a la patria, narcotráfico y abuso sexual, entre otros. Al mismo tiempo se aleja de países como Portugal, Noruega y Serbia, que la abolieron, y de varios países de latinoamética que la tienen prohibida.
No obstante la aprobación en el Congreso, la cadena perpetua aún tiene asuntos que superar. Por un lado, debe haber una ley que la regule, y para esto el Gobierno tiene un año de plazo; y por otro, por demandas ciudadanas que ya se anuncian, la norma iría a revisión de la Corte Constitucional, donde le espera un duro examen para ver si se ajusta a la carta magna o si, como afirman sus detractores, es inconstitucional.
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El debate sobre la medida no termina y apenas se calienta con miras a los próximos escenarios. A esto se suma la advertencia de sectores que dicen que este tipo de medidas no logran persuadir a los victimarios para que bajen los atroces ataques contra los menores.
En el pasado ya se han aumentado penas y esto no ha frenado el incremento de crímenes, advirtió José Fernando Mestre, director de derecho penal de la Universidad Javeriana y miembro de la Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
En 2004 se aumentaron las penas para delitos sexuales contra menores y en 2008 se duplicaron. Hoy, si se cometen varios delitos, pueden llegar hasta 60 años, que es, en la práctica, una cadena perpetua, dijo Mestre, pero los delitos contra niños no han bajado.
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No es la pena severa la que causa un impacto real en la prevención del delito, sino la pena efectiva
Entre 2005, un año después del primer aumento de penas, y 2018, los exámenes médico-legales por presunto abuso sexual en víctimas de cero a 14 años pasaron de 3.087 a 19.793.
“No es la pena severa la que causa un impacto real en la prevención del delito, sino la pena efectiva”, dijeron al respecto varios miembros del Consejo Superior de Política Criminal, que terminó por dar un concepto favorable para la iniciativa.
Y pese a las altas penas, el país logra pocas condenas. Datos de la Fiscalía presentados por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) muestran que en 2019 hubo 28.285 denuncias por delitos sexuales contra menores de 14 años, de las cuales 14.487 casos fueron evacuados el mismo año pasado, en su gran mayoría –10.507 casos, el 72,5 por ciento– porque se archivaron. Solo hubo sentencias en 12,6 por ciento de los procesos: en 1.351 casos (9,3 por ciento del total de denuncias) hubo una condena y en 486 casos, una absolución.
En 144 la cadena perpetua existe con alguna posibilidad de libertad condicional.
Hay otros puntos que inquietan a expertos consultados sobre el impacto que tendría la pena en el sistema jurídico. Uno de los más problemáticos, señaló el penalista y exintegrante de la Comisión Asesora de Política Criminal, Mauricio Pava, es que esto abre una ventana para que más adelante la cadena perpetua se amplíe a otros delitos que la sociedad considere como graves.
“Nada nos garantiza que no pidamos mañana cadena perpetua para corrupción, después para contrabando, narcotráfico...”, señaló. Y añadió que instaurar la pena de por vida para unos delitos altera la valoración de la gravedad de todos los demás tipos penales.
Es decir, los delitos contra menores se vuelven los más graves en la ley, pues tienen la sanción más severa, pero no hay sanciones similares para delitos también deplorables como crímenes de lesa humanidad como el genocidio, que en el Código Penal tiene de las condenas más altas, de hasta 50 años.
De otro lado, el Código Penitenciario establece que el fin de toda condena es la resocialización, y una condena perpetua no permite esto, señaló Mestre, quien dijo que entonces habría que replantear todo ese Código así como otras normas.
Nada nos garantiza que no pidamos mañana cadena perpetua para corrupción, después para contrabando, narcotráfico...
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Aunque el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui señaló que la medida “garantiza que violadores y asesinos de niños no salgan nuevamente a las calles a reincidir”, hay una revisión de la sentencia después de 25 años de pena cumplida.
Esto puede significar que con buena conducta un condenado logre rebajar su pena o incluso su libertad o que esa revisión sea pedida por quienes hoy ya están condenados, consideró el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra. “En vez de tener las penas de hoy, que son de hasta 60 años, resulta a la postre con una pena menor a la de ahora, y eso es supremamente grave”, dijo.
La reglamentación de la ley será clave para detallar todos estos aspectos, eliminar las zonas grises y también para establecer cuáles son esos “casos más graves” de violaciones y asesinatos de niños para los que puede haber cadena perpetua, pues la propia ministra de Justicia, Margarita Cabello, ha explicado que no será para todos los casos de esos delitos.Aun si la norma pasa el examen en la Corte Constitucional, se reglamenta y entra en vigor, la última palabra es de los jueces, que deben analizar y decidir caso por caso.
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Esto es muy peligroso, ¿con qué tranquilidad va a mandar uno a una persona toda su vida a la cárcel si no hay pruebas seguras?
Hermens Darío Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, afirmó que frente a este panorama debe garantizarse la capacidad de investigación de la Fiscalía y la fortaleza de sus casos para demostrar científica y técnicamente la culpabilidad de alguien más allá de toda duda.
Y añadió que investigaciones débiles dificultan la labor de los jueces, “esto es muy peligroso, ¿con qué tranquilidad va a mandar uno a una persona toda su vida a la cárcel si no hay pruebas seguras?”, concluyó. De hecho, durante los debates en el Congreso, el fiscal Francisco Barbosa señaló que, más allá de la pena, su misión es aplicar la ley y garantizar que las investigaciones avancen con solidez.
Independiente de los debates jurídicos, la norma llegó con esperanza a los sectores que ansían que pueda disuadir a los victimarios y proteger a sus víctimas. Con lágrimas en los ojos, Johana Jiménez, hija de la excongresista Gilma Jiménez, que buscó por años esta medida, recordó los nombres de algunas víctimas cuyas vidas fueron segadas violentamente y dijo que al fin el país va a enfrentar a los victimarios como lo merecen.
MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA Y LORENA MUNAR
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