En medio de la indignación nacional por el abuso sexual del que fue víctima en Risaralda una niña indígena de 13 años, a manos, presuntamente, de siete soldados, voces como la del presidente Iván Duque han llamado a aplicar la recientemente aprobada cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.
No obstante, en este momento esa norma es inaplicable para los soldados ni para ninguna persona que cometa esos delitos en el país, por lo que palabras como las que pronunció el presidente Duque: "Si nos toca inaugurar la cadena perpetua con los soldados lo hacemos", aún no pueden materializarse.
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Camilo Burbano, abogado penalista, detalló que lo aprobado la semana pasada en el Congreso, sobre cadena perpetua para agresores de menores, es una reforma constitucional que para ser aplicada requiere una reglamentación. La semana pasada el mismo gobierno, a través del Ministerio de Justicia, recalcó que esa norma debe ser reglamentada, para lo que el Ejecutivo tiene un plazo de un año.
De acuerdo con el penalista, en este caso la reglamentación pasa por una modificación del Código Penal colombiano, "que tiene 70 artículos que hablan sobre la dosificación de las penas; estos tienen que ser adaptados de cara a una nueva realidad con la cadena perpetua".
Y recalcó que por muchos anuncios que se hagan, hoy ningún juez en el país puede aplicar la sanción de por vida, sea en casos de militares o de civiles, sencillamente porque aún no está especificado en el Código Penal cómo debe aplicarse.
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En ese mismo sentido se pronunció Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, quien dijo que es indispensable que el gobierno radique un proyecto de ley en el que se reglamente la prisión perpetua y de esta manera incluirlo en el ordenamiento penal colombiano.
"En este momento el procedimiento penal no cuenta con un mecanismo para la implementación de una pena a perpetuidad, tampoco el régimen penitenciario y carcelario la tiene prevista y los jueces no pueden disponer una pena de esta naturaleza", agregó Burbano.
El director del observatorio señaló, además, como lo han advertido varios académicos y expertos en política criminal, que la cadena perpetua no disuadirá a los victimarios de cometer estos atroces crímenes y que esta se trata de una medida más de populismo punitivo que de una efectiva forma de proteger a los menores.
En este momento el procedimiento penal no cuenta con un mecanismo para la implementación de una pena a perpetuidad (...) y los jueces no pueden disponer una pena de esta naturaleza
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El abuso contra la menor perteneciente a la etnia embera chamí ocurrió, según lo informó el Ejército, en la tarde del 22 de junio. Los señalados son siete soldados regulares, es decir que prestaban su servicio militar, del batallón San Mateo.
Por estos hechos la Fiscalía ya asumió la investigación y se adelantan los actos urgentes de indagación y recopilación de información en la región donde habría ocurrido el crimen, en la vereda Santa Cecilia de Pueblo Rico, Risaralda.
Además, Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante de la Quinta División del Ejército, expresó que todo el grupo de soldados que estaba en esa tropa, unas 30 personas en total, fueron apartados de su función principal, que era garantizar la seguridad del corredor que comunica a Risaralda con Chocó.
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