Comité avala volver a penalizar con cárcel a evasores de impuestos

Comité avala volver a penalizar con cárcel a evasores de impuestos

Equipo técnico del Consejo de Política Criminal recomienda revisar puntos del proyecto de ley.

Billetes

El promedio anual de evasión de impuestos en el país es de 65 billones de pesos.

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Andrea Moreno / ELTIEMPO

Por: Justicia
09 de febrero 2020 , 10:14 p.m.

El Comité Técnico del Consejo de Política Criminal dio su concepto favorable para que avance en el Congreso un proyecto de ley que busca penalizar la evasión de impuestos en el país. Aunque esa instancia dio su aval a la iniciativa plantea algunas preocupaciones que tendrian que ser revisadas durante el trámite.

La iniciativa radicada por el Ministerio de Hacienda busca establecer pena de cárcel para quienes evadan obligaciones tributarias. Este artículo ya había sido aprobado en la ley de financiamiento que se cayó el año pasado en la Corte Constitucional por vicios de trámite.

Con el nuevo proyecto, Minhacienda insiste en penalizar la evasión y la defraudación argumentando que estas conductas “generan un alto porcentaje de evasión y elusión tributaria en nuestro país, afectando ostensiblemente el monto del recaudo anual de los tributos en detrimento del interés público”.

Así las cosas, quien con dolo (intención) no declare o mienta en su declaración de renta se arriesga a una pena mínima de entre 36 y 60 meses de cárcel y una multa de la mitad del impuesto que debía cancelar. La pena aumentaría según sea mayor el valor de lo no declarado.

En el concepto de los técnicos, que pasó a aprobación del Consejo de Política Criminal, liderado por el Ministerio de Justicia, se lee que Colombia junto a otros países como Argentina, Chile y México ha recorrido “un largo camino en la lucha contra la evasión, elusión y abuso en materia fiscal” y que esas conductas atentan contra la administración pública, lo que obliga a la adopción de medidas penales que garanticen “el adecuado recaudo de los recursos de los cuales es legítimo titular el Estado”.

Igualmente hace referencia a buenas prácticas económicas y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), grupo al que Colombia está a punto de ingresar formalmente. Estas recomendaciones, dice el documento conocido por este diario, “implica la realización de distintas reformas, entre ellas normativas”.

De hecho una de las recomendaciones de la Ocde hecha en 2015 “era aumentar el recaudo y construir un sistema impositivo más eficiente y equitativo; para lo cual se debe fortalecer la administración tributaria y aumentar las sanciones”.

A pesar de que el concepto es favorable para la aprobación de la norma, el comité asesor se refirió a algunos puntos que tendrían que ser aclarados en el trámite de la ley en el legislativo.

Por ejemplo, el proyecto señala que la acción penal contra el evasor solo se podrá iniciar previa solicitud del director de la Dian, cuando la acción penal está en cabeza de la Fiscalía, que puede abrir investigaciones por denuncia o de oficio.

Esto implicaría una reforma al código de procedimiento penal y deja que la cabeza de la Dian “disponga de la acción penal, y si bien deben fundarse en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en todo caso estos quedan librados a su particular consideración”.

Otro punto que tendría que ser aclarado es el que establece que la acción penal se podrá terminar si el evasor paga lo que dejó de cancelar en cuantías menores de 8.500 salarios mínimos, pero no se aclara si frente a montos mayores, así se pague, continuará la acción penal contra el evasor.

“¿Qué diferencia para efectos de la persecución penal existe si el que paga omite 8500 SMLMV o 9000 SMLMV, para prohibir en el último caso la extinción de la acción penal?” se lee en el concepto. Y añade que incluso “podría pensarse en que no se justifica el límite que se trae para extinguir la acción penal, pues a mayor cuantía de los activos omitidos o los pasivos inexistentes declarados mayor tributo se pagará.”.

Estos puntos, señala el Comité Técnico del Consejo Asesor, “pueden ser materia de análisis y discusión en el debate legislativo, con miras a que se mejoren los textos propuestos”.

JUSTICIA
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Justicia@eltiempo.com

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