Claves del proyecto que le daría afilados dientes a la Procuraduría

Claves del proyecto que le daría afilados dientes a la Procuraduría

Esta semana fue radicado un proyecto de ley para luchar contra la corrupción.

Duque radica proyecto anticorrupción

En el Senado fue radicado un proyecto de ley para la probidad y ética pública, con el que el presidente Iván Duque busca combatir la corrupción.

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César Carrión- Presidencia

02 de septiembre 2018 , 09:23 a.m.

Con un proyecto de 42 artículos, el presidente Iván Duque y el procurador Fernando Carrillo le dieron forma a una alianza que busca entregarle más poderes al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.

La propuesta plantea duras sanciones para los representantes legales de empresas que promuevan la corrupción, amplía los plazos de prescripción y permite el levantamiento de figuras como el velo corporativo, que han afectado el éxito de investigaciones de escándalos como el del cartel de la contratación en Bogotá.

Asimismo, le daría facultades a la Procuraduría en materias que, tradicionalmente, han sido de la órbita de la Fiscalía, lo que daría pie a duplicidades en esa lucha.
De hecho, ya el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que no está de acuerdo con la posibilidad de que la Procuraduría pueda adelantar extinciones de dominio o realizar interceptaciones y rastreo de comunicaciones privadas en la web, como lo plantea el proyecto.

Extinción de dominio exprés

Según el proyecto, la Procuraduría podrá ejercer la extinción de dominio, tal y como ya lo hace la Fiscalía. El tema es polémico. Así, Francisco Sintura, exvicefiscal, considera que darle ese poder al Ministerio Público sería “una competencia extraña por completo a sus funciones constitucionales”.

En el mismo sentido, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar considera que, a pesar del “doble esfuerzo”, no se lograrían necesariamente mejores resultados contra la corrupción.

El viceprocurador Juan Carlos Cortés responde que no se busca usurpar labores de la Fiscalía, sino que cuando frente a un bien presumiblemente adquirido con dinero producto de corrupción esta no haya pedido la extinción de dominio, lo pueda hacer la Procuraduría.

Agentes encubiertos

La norma le permitiría al Ministerio Público “la utilización de agentes encubiertos” para detectar los bienes de redes dedicadas a desfalcar al Estado, así como interceptar comunicaciones.

Sintura opina que “la Procuraduría no tiene funciones judiciales, menos para afectar derechos fundamentales, como las que otorga el proyecto de ley”. “Facultades como interceptar comunicaciones, hacer seguimientos y ordenar registros son propias del órgano de persecución penal”, dice.

El viceprocurador Cortés dice que todo esto se haría con autorización previa de un juez y que, jurídicamente, no podrían existir dos actuaciones judiciales por el mismo hecho. Es decir, que las dos entidades no se ocuparían de los mismos casos.

Sanción penal a empresas

La iniciativa plantea la posibilidad de sancionar penalmente a empresas que cometan actos de corrupción con penas que van desde inhabilidad para contratar con el Estado por 20 años hasta la cancelación de la personería jurídica.

Para Bernal, si el régimen al que están sometidas las personas jurídicas pasa a lo penal, esto debe hacerse “dentro del marco de la Fiscalía”.

La ministra de Justicia, Gloria Borrero, ve con buenos ojos que se discuta en Colombia algo “que ya se discute en el mundo”, como lo es la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Para Bruce Mac Master, presidente de la Andi, “la efectividad de esta medida dependerá de autoridades judiciales idóneas y transparentes que garanticen la correcta aplicación de la misma”.

Tiempo de prescripción más amplio

Con la ampliación del tiempo de prescripción de investigaciones por corrupción hasta 20 años, la Procuraduría busca que los responsables de los casos más graves de desfalcos al Estado no queden impunes.

Sin embargo, para Iván Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, es importante revisar la constitucionalidad que tendría esto frente al derecho de cualquier investigado a que resuelvan su situación.

En el mismo sentido se refirió la ministra Borrero, quien comentó que esto además es muy importante ya que hay muchas personas que, por miedo a perder su trabajo, no denuncian y esperan a salir para poder quejarse, “pero no para que una investigación iniciada se quede ahí 20 años: una vez comenzada se tiene que terminar, nadie se puede quedar toda la vida como investigado”.

Protección a denunciantes

La inclusión de herramientas como la articulación con la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación para la extensión de
medidas de protección a favor de declarantes en procesos disciplinarios, e incluso estímulos económicos para quienes declaren sobre actos de corrupción han sido, en general, bien recibidas y consideradas mecanismos que fomentan la denuncia ciudadana.

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, comentó que tener medidas efectivas de protección para los denunciantes era un tema pendiente en el país.

Para Cortés, esta es una de las columnas del proyecto, ya que en la actualidad muchas personas no denuncian actos de corrupción por miedo.

JUSTICIA@JusticiaET

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