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Los argumentos del C. de Política Criminal para avalar cadena perpetua
Abuso sexual infantil, abuso sexual de menores

Según indicó la ONG Aldeas Infantiles, el Estado invierte más dinero en los adultos agresores que en la atención de los menores de edad víctimas de abuso sexual.

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César Melgarejo. EL TIEMPO

Los argumentos del C. de Política Criminal para avalar cadena perpetua

Consideró que el proyecto de ley que busca reglamentarla pondera los derechos de los niños.

“El proyecto pondera los derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes víctimas, al mismo tiempo que atiende las garantías de dignidad humana para personas que sean condenadas a la pena de prisión perpetua”.

De este modo quedó consignado, en un documento de 11 páginas, el concepto favorable que el Consejo Superior de Política Criminal, órgano asesor del Gobierno en esta materia, le dio al proyecto de ley que busca reglamentar la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores.

Ese proyecto fue radicado el martes 16 de marzo en el Senado por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y en este se recoge que la prisión de por vida tendrá una revisión de la resocialización tras 25 años de pena cumplida, pero el preso no queda libre en ese momento, sino cumplidos, por lo menos, 50 años de cárcel, si fue condenado por un solo delito, o 60 años si hubo concurso de crímenes.

Según se conoció, la discusión dentro del Consejo Superior de Política Criminal frente a ese proyecto de ley (que para entonces no estaba radicado) tuvo fuertes críticas de algunos miembros; incluso, la votación no fue unánime. De 19 votos, 12 fueron a favor y 7 en contra. Pese a esto, el concepto no recoge los argumentos en contra que esos integrantes hicieron al fondo y forma del proyecto de ley de reglamentación.

(Lea también: Radican proyecto para regular cadena perpetua a violadores de niños)

El documento señala que la regulación propuesta “restringe, de manera muy específica, las conductas delictivas que serían susceptibles de ser penadas a través de la prisión perpetua revisable (...) al mismo tiempo garantiza el derecho de los condenados a la resocialización, proponiendo una regulación razonable y ponderada entre dos asuntos constitucionales de alta complejidad”.

Frente a una crítica que desde distintas orillas se ha hecho desde el año pasado, de que penas más largas no reducen la criminalidad, el concepto dice: “Si bien se ha sostenido que las penas altas no tienen el poder disuasorio que de ellas se predica, lo cierto es que Colombia está en mora de desarrollar investigaciones en ese sentido, que permitan establecer, a ciencia cierta, los efectos de la privación de libertad y del monto de la pena frente a su capacidad de llevar a los individuos a abstenerse de la realización de conductas señaladas como punibles”.

Colombia está en mora de desarrollar investigaciones que permitan establecer los efectos de la privación de libertad y del monto de la pena para llevar a los individuos a abstenerse

También habla de otra crítica que han hecho académicos y abogados sobre los efectos que tendría la prisión de por vida en el sistema carcelario colombiano, en el que hay sobrepoblación y, en general, condiciones que vulneran los derechos de los presos, como lo que ha dicho la Corte Constitucional.

“Lo que se ha expuesto en este proyecto no acentúa el Estado de Cosas Inconstitucionales en las cárceles de Colombia, por cuanto los agravantes creados permiten la imposición hasta de prisión perpetua y no en todos los casos se impondrá una pena mayor a la que ya existe en el país para este tipo de comportamientos”, se lee en el concepto.

Además de las consideraciones en cuanto a política criminal, el concepto incluye también análisis desde lo constitucional y legal, sobre las que concluye que el proyecto estudiado “trata los puntos neurálgicos de la propuesta: el fundamento del interés superior de niñas, niños y adolescentes; la resocialización de las personas privadas de la libertad (teniendo el Estado una inmensa responsabilidad frente a ello), la excepcionalidad de la prisión perpetua, los derechos de las víctimas; y, los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en Colombia”.

(Le recomendamos: El debate por el proyecto que regularía la cadena perpetua)

También señala que la cadena perpetua revisable “no constituiría una violación al bloque de constitucionalidad, en la medida en que esta forma de sanción no está expresamente prohibida en los tratados internacionales que ha suscrito Colombia, como sí ocurre con los tratos crueles, inhumanos y degradantes o la pena de muerte”.

Incluye, por último, solo dos “eventuales” recomendaciones. En primer lugar, sobre la regulación de la manera como el juez debe decidir cuándo impone prisión perpetua y cuándo una pena diferente; en segundo lugar, dice el documento, “no se indica cuando no se impone la prisión perpetua cuál será la pena, si bien una interpretación sistemática sugiere que debe ser de 50 años si es un solo delito o de 60 años si existe concurso”.

Y concluye recordando que, en su momento, el Consejo Superior de Política Criminal -compuesto en su mayoría por entidades del Gobierno- le había dado su aval al acto legislativo que el año pasado eliminó la prohibición de la pena perpetua.

(Además: Pena perpetua a violadores: sólo podrían ser excarcelados tras 50 años)

En ese sentido, dice que su implementación puede ser un “mecanismo efectivo para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y dar tratamiento diferenciado a sus agresores en medio intramural; porque los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes priman en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Colombia; porque las penas actuales para los delitos que atentan contra las personas menores de edad no son proporcionales a la lesión de los bienes jurídicos afectados; y, porque se incluye la función resocializadora de la pena”.

JUSTICIA
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