El duro debate frente al borrador de excarcelaciones por covid-19

El duro debate frente al borrador de excarcelaciones por covid-19

Fiscal dice que no sirve como medida sanitaria. Otros expertos piden excarcelación más amplia. 

Así fueron los amotinamientos que se presentaron en diferentes cárceles de Colombia

Los presos tenían la intención de hacer una fuga masiva en todo el territorio nacional.

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ELTIEMPO

Por: Justicia
06 de abril 2020 , 09:57 p.m.

Hace dos semanas, tras decretar la emergencia carcelaria, el Ministerio de Justicia anunció que emitiría un decreto para beneficiar a miles de presos con casa por cárcel transitoria, como una medida para prevenir el contagio del coronavirus en las prisiones.

Aunque el decreto sigue en proyecto y aún no ha sido publicado, ya circula un borrador que ha generado comentarios de distintos sectores, entre ellos del fiscal general, Francisco Barbosa, quien asegura que en lugar de proteger a la población detenida, pondría en peligro a la seguridad ciudadana.

Ese es uno de los argumentos que expuso en un documento de 17 páginas enviado al Gobierno, dándole a conocer sus reparos por el proyecto. Según Barbosa, la propuesta del Ministerio de Justicia no trae medidas para prevenir y tratar el coronavirus en las prisiones ni para quienes salgan en detención domiciliaria transitoria, sino que lo que pretende es resolver problemas de fondo, como el hacinamiento carcelario.

El documento de Barbosa, revelado por EL TIEMPO, critica, además, que se le pongan a la Fiscalía funciones que no le corresponden en la vigilancia de los detenidos y dice que la excarcelación masiva pone en peligro la seguridad ciudadana porque “alienta a la criminalidad al propiciar una sensación generalizada de impunidad”, y afirma que la elección de delitos es arbitraria y discrimina a otros detenidos, como los menores que están en correccionales, en centros de reclusión militar o la población indígena.

EL TIEMPO conoció el borrador del decreto del Ministerio de Justicia, cartera que ayer participó de un debate en la Comisión de Paz del Senado sobre hacinamiento carcelario (ver nota anexa). El documento establece que la casa por cárcel se aplicará por seis meses, prorrogables por seis más.

Entre los beneficiarios, dice el proyecto, estarían personas mayores de 60 años, madres gestantes, personas con diferentes enfermedades y con movilidad reducida por discapacidad.

Pero también serían beneficiados los que cumplan condenas de menos de cinco años o por delitos culposos, y quienes hayan pagado las tres quintas partes de su pena, los que no hayan podido acceder a la casa por cárcel por no pagar la caución o quienes iban a ser favorecidos con brazaletes. Todas esas medidas también se aplicarían a las URI.

El borrador del decreto establece una amplia lista de exclusiones, es decir, de personas que no tendrían el eventual beneficio de detención domiciliaria. Entre ellos están los imputados o condenados por delitos de terrorismo, concierto para delinquir, testaferrato, delincuencia organizada, amenazas contra defensores de derechos humanos, secuestro, desplazamiento, hurto, homicidio, tortura, trata de personas, feminicidio, delitos sexuales, extorsión, porte de armas, delitos de drogas, rebelión, contrabando, genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos contra menores, delitos en el marco del conflicto o de corrupción.

La medida debería ser para quienes estén más cerca de cumplir la pena y quienes cometieron delitos con menor impacto social

Julio Sampedro, exdecano de Derecho de la Universidad Javeriana, asegura que un problema es que cualquier enumeración que se haga de beneficiarios lesionará derechos de otros que no serán tenidos en cuenta, porque “estas listas tienden a ser excluyentes”.

Antonio Aljure, decano de Derecho del Rosario, dice que le parece bien que haya una política de excarcelación controlada. Está de acuerdo con que no se apliquen beneficios en delitos de sangre o para quienes sean un peligro para la sociedad, delitos de narcotráfico, contra menores o corrupción.

Camilo Burbano, experto penalista, asegura que el decreto no debería ser restrictivo, sino “lo más amplio posible” y cobijar a la mayor cantidad de población, no solo a la privada de la libertad por delitos comunes, sino también tener en cuenta a las jurisdicciones de menores, la penal militar y la de indígenas.

El exvicefiscal Francisco José Sintura afirma que los beneficiarios de una excarcelación deberían ser quienes estén más cerca de cumplir la pena, y quienes cometieron delitos con menor impacto social.

Y Carlos Moreno, juez 15 penal del circuito, asegura que el decreto no va a solucionar el problema porque trae excepciones tan grandes que sólo podrán salir unos cuantos.

Población vulnerable en cárceles

Población carcelaria. Fuente, Inpec.

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Infografía / EL TIEMPO

En el debate virtual de este lunes en el Senado intervino Alberto Brunori, delegado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien asegura que de lo que ha conocido del decreto, este se ajusta a lo que ha planteado este organismo. Dice, sin embargo, que tiene la esperanza de que el borrador incluya a 176 excombatientes de las Farc acreditados por el Comisionado de Paz y que siguen esperando la libertad en el marco de los acuerdos de paz.

Y José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, dijo que la única forma de reducir el riesgo de contagio en las cárceles es bajando el hacinamiento.

En su intervención en el Congreso, el contralor general Carlos Felipe Córdoba estuvo de acuerdo con el Fiscal General en acondicionar bienes en extinción de domino, en poder de la SAE, para trasladar allí a detenidos.

Minjusticia dice que el decreto no va a gustar a todos los sectores

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, afirmó que el decreto que viene trabajando desde el 15 de marzo para excarcelar a cerca de 10.000 internos no busca una solución de fondo al hacinamiento que afecta al país desde hace décadas, sino reducir el riesgo de contagio de coronavirus.

“Hemos trabajado en un borrador que terminaremos de consolidar con las observaciones que nos hizo el Fiscal General y el Consejo Superior de la Judicatura. Estamos muy preocupados y nos toca acelerar las decisiones que quizás algunas han resultado sorprendentes o demasiado atrevidas”, señaló la funcionaria durante un debate en el Congreso.

Dijo que por recomendación de la Judicatura, el proceso sería escalonado y por tandas para no generar mayor congestión.

La jefa de la cartera de justicia sostuvo que las observaciones que se han hecho al borrador de decreto serán examinadas por el Gobierno para tomar decisiones, pero que en todo caso es consciente de que no van a dejar contentos a todos los sectores. “Sabemos que las medidas, si se toman, no van a ser las que todos quieren. Repito, si se toman, algunos van a decir que son muy suaves; no vamos a tener una opinión de consenso o aprobación, y no puedo en este momento buscar un consenso total”, dijo tras señalar que en todo caso se tendrán en cuenta las observaciones de los sectores.

La funcionaria se refirió a las observaciones hechas por el fiscal Francisco Barbosa al proyecto y dijo que le habría gustado que las mismas no se hubieran hecho públicas y se hubieran mantenido en discusión interna de las instituciones.

Indicó que no es cierto, como lo dice el Fiscal, que el presupuesto de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) solo haya ejecutado el siete por ciento de su presupuesto el año pasado y que en realidad se llegó al 87 por ciento en el segundo semestre de 2019. Dijo que desde 2010 no se construyen nuevas cárceles, pero que están en desarrollo obras en cárceles como la de San Ángel, la de Pereira y Riohacha con 1.600 cupos cada una, y una más en Atlántico que permitirá crear cinco mil cupos adicionales.

Sobre la propuesta para usar bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) incautados a personas vinculadas a actividades ilegales, dijo que solo se podría ejecutar si se garantiza que esos bienes están en buen estado y son aptos para tener internos, lo que conlleva condiciones de seguridad. Indicó que la SAE les ofreció dos bienes en Bogotá que “no son viables estructuralmente” y que acondicionarlos sería muy demorado. 

“No vamos a sacar a todo los privados de la libertad. Esta es una primera medida. Además del proyecto, se están tomando medidas como garantizar los elementos de protección (…), mejorar la salud y la desinfección de las instalaciones de los penales”, dijo la funcionaria.

“No vamos a sacar a todo los privados de la libertad. Esta es una primera medida. Además del proyecto, se están tomando medidas como garantizar los elementos de protección

“No vamos a sacar a todo los privados de la libertad. Esta es una primera medida. Además del proyecto, se están tomando medidas como garantizar los elementos de protecciónrsos para mejorar el equipo de protección de los guardias y las comunicaciones para que los internos puedan hablar con sus familias por videoconferencia.

Indicó que el decreto no implica un excarcelamiento masivo, sino la creación de la figura de prisión domiciliaria transitoria. Igualmente, dijo que los beneficiados serían inicialmente los internos con mayores riesgos como los adultos mayores, los discapacitados, quienes tengan enfermedades, los que hayan cumplido el 40 por ciento de la pena.

Añadió que si el CTI de la Fiscalía no puede apoyar el monitoreo de los internos se tiene planteado que la Policía, la Procuraduría o la Defensoría, acompañen ese proceso.


JUSTICIA
@JusticiET

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