Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, por presuntas irregularidades en la actividad contractual derivada con ocasión de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La Cruzada Caucasia.
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El ente acusador ordenó casa por cárcel para el funcionario.
Por ser un proceso que es investigado en el marco del viejo sistema penal, la Fiscalía puede ordenar su detención y no debe solicitarla ante un juez de control de garantías.
En junio del año pasado ya había sido detenido por el mismo proceso y quedó en libertad mientras la Fiscalía seguía investigando.
Según la investigación, el contrato fue suscrito cuando Gaviria Correa se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, y su valor inicial fue de $41.663.432.778.
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"La licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa. Asimismo, hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato adicional N° 1, el 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995’000.000, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas", señala la Fiscalía.
Y añade que las verificaciones evidenciaron que dicha adición no contaba con soportes técnicos y que la suscripción del otrosí 2,se dio cuatro días antes de que el entonces gobernador de Antioquia dejara el cargo y luego de haber terminado el empalme con su sucesor.
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Los investigadores señalan que además se incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí y que existen elementos suficientes para establecer que el mencionado otrosí 2, cuyo valor superó los 16.000 millones de pesos, "contempló una obra que no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva".
La Fiscalía señala, finalmente, que antes de pagarse los recursos del anticipo, se permitió que una suma superior a 5.000 millones de pesos fuera destinada por el contratista constructor para la adquisición de maquinaria, aun cuando la disposición en obra de equipo suficiente y necesario fue uno de los requisitos de la licitación.
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"Para el Fiscal titular del caso, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación", señaló el ente acusador.
Y por eso llamó a juicio al mandatario por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
El Fiscal primero delegado impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad, sustituida por detención domiciliaria.
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