El exparamilitar Mario Jaimes Mejía, el ‘Panadero’, solicitó ante los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá ser beneficiario de libertad condicional bajo la Ley 1820 del 2016 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Jaimes, quien se encuentra preso en la cárcel Modelo de Bucaramanga, argumenta que además de su participación en las Auc también estuvo vinculado al frente 24 de las Farc y que tiene un proceso de rebelión por este hecho.
Jaimes Mejía fue condenado a 28 años de prisión por el secuestro, tortura y violación de la periodista Jineth Bedoya, el 25 de mayo del 2000 y, el 5 de agosto del 2016, fue excluido de Justicia y Paz, por faltar a la verdad e incumplir con los requisitos de ley.
La apelación de la exclusión está en trámite ante la Corte Suprema de Justicia.
El abogado Andrés Mauricio Vela, quien defiende a Jaimes, indicó que hay doble militancia: en las Farc y en las Auc y que por ello le “asiste derecho al beneficio de libertad condicional” y argumentó un principio de favorabilidad consagrado en el artículo 63 de Justicia y Paz. “Los hechos en los que incurrió Mario Jaimes se dieron con ocasión del conflicto armado”, dijo.
Según la investigación, el ‘Panadero’ citó a Jineth Bedoya en la cárcel Modelo de Bogotá para otorgarle una entrevista sobre la investigación que adelantaba la periodista de tráfico de armas de fuego y desapariciones en ese centro carcelario. El ‘Panadero’ participó en una reunión llevada a cabo en un patio de alta seguridad de ese penal, donde se planeó el secuestro. Dicho encuentro fue convocado por los exjefes paramilitares José Miguel Arroyave Ruiz y Ángel Custodio Gaitán.
La Fiscalía solicitó ante la sala de Justicia y Paz que sea denegada la libertad condicionada y señaló que “no hay aplicación del principio de favorabilidad”. “El beneficio es para quienes hayan participado directamente en el conflicto armado y procesados o condenados por cometer conductas con anterioridad al acuerdo de paz con las Farc”, indicó la fiscal.
Agregó que a este grupo solo se incluyen a quienes son investigados por rebelión, que estén procesados por su vinculación a las Farc y que los postulados a la ley de Justicia y Paz no son beneficiarios.
“La ley de Justicia y Paz y de la JEP son dos leyes distintas no son sucesivas ni iguales, porque cada una tiene sus normas y sus procedimientos. Tienen su beneficio y no son compatibles”, puntualizó la fiscal.
La Procuraduría y el representante de las víctimas coincidieron en no avalar ese beneficio a Jaimes Mejía. “Se puede plantear que él alguna vez hizo parte de las Farc, pero lo cierto es que no está privado ni condenado por este hecho sino por pertenecer a las Auc”, indicó la Procuraduría.
El 18 de julio se conocerá la decisión del tribunal.
JUSTICIA
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