Llevar cuchillos y navajas, las armas que con más frecuencia incautan las autoridades en los operativos de control ciudadano, está en camino de convertirse en delito.
Ese tipo de armas se utilizan en al menos uno de cada cinco asesinatos ocurridos en Colombia: 2.175 casos de un total de 11.373 perpetrados el año pasado. Pero hay ciudades como Bogotá en donde casi la mitad de los homicidios son el resultado de heridas de cuchillo. En ese mismo lapso, 6.887 personas resultaron heridas con armas blancas, de un total de 115.547 casos de lesionados atendidos por Medicina Legal.
Al tiempo, en la mayor parte de casos de atracos reportados ante las autoridades los delincuentes intimidaron a sus víctimas con cuchillos. No solo porque son más fáciles de conseguir que un arma de fuego sino porque mientras ser sorprendido con una pistola ilegal puede darle a alguien hasta seis años de cárcel, llevar un cuchillo es apenas una infracción al Código de Policía que se sanciona con una multa de unos $ 200.000. Y hasta el año pasado no tenía consecuencia alguna.
Los alcaldes de las principales ciudades del país, reunidos en Asocapitales, le acaban de pedir a la Fiscalía que respalde un proyecto de ley que por primera vez tipifica como delito el porte de armas blancas. La propuesta, que aún está en construcción, no implica una prohibición total sino la limitación del porte en determinados espacios geográficos o en los sistemas de transporte. Incluso, de acuerdo con fuentes que han estado al frente del proceso, cabría la posibilidad de incluir el tema en el proyecto de seguridad ciudadana recientemente radicado por la Fiscalía y Asocapitales y que busca atacar el microtráfico.
Este año, según Medicina Legal, de los 66.217 casos de lesionados atendidos hasta julio hubo 3.767 que fueron atacados con armas blancas. Y de los 6.501 asesinatos registrados en el mismo lapso en todo el país, en 1.194 casos se utilizaron cuchillos y navajas. Riñas y atracos fueron las circunstancias más recurrentes, según los reportes de las autoridades. Tan solo en un mes, en operativos realizados en Bogotá la Policía incautó 50.000 elementos cortopunzantes. A corte de julio, en el sistema TransMilenio fueron incautadas casi 10.000 navajas y cuchillos.
Solo en Cali, el año pasado murieron 215 personas por armas cortopunzantes, según datos del Observatorio Social de esta ciudad. El análisis señala que en la capital del Valle, entre el 2016 y el 2017, hubo un aumento del 10 por ciento de los homicidios con estas armas (en el 2016 hubo 196 casos y, al año siguiente 215). Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali, manifestó que con las administraciones de las cuatro ciudades principales del país se debatió la aplicación de esta medida, la cual se presentará al Congreso.
En la reunión de las secretarías de Seguridad, el pasado lunes, se estableció que Bogotá y Barranquilla son las ciudades donde más se usan las armas blancas para delinquir.
Entre el paquete de medidas que presentarán las administraciones de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla también está la penalización del uso de armas de fogueo. Villamizar advierte que cada vez más los delincuentes usan armas blancas para intimidar y cuando son capturados no los pueden judicializar.
En Medellín, en tanto, van 90 homicidios con armas blancas en lo corrido del año. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, estos elementos son, después de las armas de fuego, el segundo tipo de objeto más utilizado para cometer asesinatos. En el mismo periodo del 2017 fueron asesinadas 87 personas, lo que implicaría un incremento del 3,4 por ciento.
Fuentes de la Fiscalía aseguraron que están evaluando la propuesta y aunque en esencia consideran que los alcaldes van en la dirección correcta, también advirtieron que buena parte de la efectividad de la medida está amarrada a que los jueces impongan sanciones a quienes portan armas. “Hoy son muchos los casos en los que las personas sorprendidas con armas de fuego, incluso teniendo antecedentes penales, son dejadas en libertad”, dice un curtido fiscal seccional.
Los investigadores consideran que más que penalizar el porte per se podría ser más efectivo el registro de casos y la utilización de los antecedentes para demostrar ante los jueces la peligrosidad de una persona y justificar una medida de aseguramiento intramural.
En el mismo sentido, el analista Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), señala que “cuando el porte de armas blancas es una conducta repetitiva podría convertirse en un delito”, además de ser un factor de definición para determinar los casos de reincidencia. Restrepo señala que una medida adicional que debe tenerse en cuenta es crear un registro de quienes venden cuchillos y navajas, así como de sus clientes.
En todo caso, advierte el catedrático de la Universidad Eafit Jorge Giraldo ejercer controles efectivos sobre el porte de armas blancas es una tarea compleja. “En las ciudades son numerosos los trabajadores que tienen que circular por las calles, en razón de su trabajo, con herramientas que en un momento pueden ser consideradas armas blancas: mecánica, ebanistería, gastronomía –dice Giraldo– (...). Entonces es una medida que se vuelve muy difícil de operar en la práctica, y aún si se lograra poner en funcionamiento tendría un impacto muy bajo sobre los indicadores de violencia”.
Los defensores de la propuesta advierten por su lado que el porte de navajas y cuchillos debe limitarse –esto se ha convertido en un problema de seguridad y convivencia en muchos colegios del país– y que
El Concejo de Bogotá también impulsará la iniciativa que pretende reducir los hurtos y las muertes por causa de objetos cortopunzantes.
Esta semana, el secretario de Seguridad de la ciudad, Jairo García, se reunió con el presidente del Concejo de la capital, Daniel Palacios, quien le expresó su apoyo a la iniciativa.
“El 45 por ciento de los homicidios en Bogotá ocurren utilizando un arma blanca. Hemos incautado más de 10.800 armas blancas solamente en el sistema de TransMilenio y, por eso, también le hemos pedido al Gobierno Nacional que haya un mayor control en el ingreso de estas armas de bajo costo que están entrando al país”, aseguró García al término del encuentro.
“Aquí tenemos que dar un combate frontal contra esta modalidad de hurtos que está afectando a la ciudadanía y buscaremos el apoyo de la bancada de Bogotá en el Congreso para promover esta penalización”, expresó por su parte Palacios.
La iniciativa que será presentada ante el Legislativo buscará también combatir la reincidencia en el país. Según cifras del Inpec, hoy están en las cárceles unos 48.000 reincidentes. 11.379 han cometido por lo menos una vez el delito de hurto y 4.965, homicidio.
“No podemos permitir que personas que han sido capturadas entre cuatro y 50 veces sigan delinquiendo. Pediremos al Gobierno Nacional apoyo para que el Inpec y el Ministerio de Justicia amplíen la cárcel La Picota”, había afirmado Palacios.
Aunque aún no se conocen las especificaciones del proyecto que será llevado ante el Congreso, se sabe que buscará atacar de frente a los hurtos y atracos, endureciendo sanciones. “Se propone reducir montos de los delitos menores”, es uno de los apartes que tendrá la iniciativa.
Esto quiere decir que delitos como el hurto podrían ser sancionados con penas mayores a las que están actualmente en la ley.
El artículo 239 del Código Penal establece una sanción de 32 a 108 meses de prisión por hurto. Sin embargo, si el monto del robo no supera los siete millones ochocientos mil pesos, la pena es de 16 a 36 meses, excarcelable. Lo que buscará el proyecto es que esa excepción se pueda dar pero que el monto sea disminuido hasta los dos millones de pesos. Ese punto aún está en discusión.
Lo cierto es que los promotores de la iniciativa empiezan a socializar el proyecto con las autoridades regionales y gremios para sumar apoyos y que sea llevado al Legislativo.
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