La Fiscalía acusó al actual presidente de la multinacional Drummond en Colombia y otro expresidente por el delito de concierto para delinquir vinculado a la financiación de grupos paramilitares.
En una decisión de un fiscal de Justicia Transicional, el ente investigador acusó a Augusto Jiménez Mejía, expresidente de la multinacional en Colombia, y José Miguel Linares Martínez, exvicepresidente de asuntos corporativos y actual presidente de la empresa en el país.
El proceso se inició por una compulsa de copias de la jurisdicción ordinaria para investigar a funcionarios de la multinacional "por financiar y promover la creación y los propósitos ilícitos" de las Autodefensas entre 1996 y 2001. Los investigados fueron escuchados en indagatoria por la Fiscalía y el pasado 27 de octubre se hizo el cierre parcial de la investigación.
En el proceso están acreditadas las víctimas de las acciones ilegales de los paramilitares, que son representadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
En la decisión de 149 páginas, conocida por este diario, la Fiscalía declaró delitos de lesa humanidad los hechos que rodearon las acciones del frente 'Juan Andrés Álvarez' del Bloque Norte de las Autodefensas en el departamento del Cesar, en particular, en los municipios de Becerril, El Paso, La Jagüa Ibirico, Agustín Codazzi y Chiriguaná.
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"Donde se ubicaron las minas de empresas carboníferas, así como el tramo de la vía férrea que transportaba el producto de explotación, a quienes los directivos de la multinacional Drummond Ltd. financiaron y promovieron, a cambio de beneficiarse de la ‘seguridad’ que su incursión, presencia y operación representaron en la zona", dice el documento.
La Fiscalía documentó 3.382 registros de víctimas, aproximadamente, por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada y secuestro. Además señaló que los ataques de ese grupo fueron contra la población civil, "quienes fueron irrumpidos en sus domicilios, para ser asesinados y/o desaparecidos, con la intención de causar terror en la zona; torturaron, amenazaron, descuartizaron".
El ente investigador cuestionó que esas acciones no fueron aisladas y fueron perpetradas "en un contexto generalizado, dirigido contra una multitud de personas, población civil, que padecieron ataques inhumanos".
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Cuestionamientos a los procesadosLa Fiscalía señaló que los investigados "conocieron de ese contexto macrocriminal, el que afectó, además, a empleados de la multinacional que dirigían, y pese a ello
intervinieron en la contratación con (Jaime) Blanco Maya, por cuyo medio se
destinaron los recursos al grupo armado ilegal".
Blanco Maya fue contratista de la empresa y está condenado por su responsabilidad en el crimen de dos sindicalistas. Su proceso pasó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Fiscalía hizo referencia a la declaración de varios testigos para señalar que "se permitió, se toleró, se promovió, la presencia paramilitar" en las instalaciones de la empresa "cuando era de su competencia repeler tal presencia, lo que solo contribuyó a enseñar y mostrar el control de las armas por parte de la organización ilegal que hacía presencia en el departamento del Cesar, frente a un sector vulnerable y gravemente afectado como los líderes sindicales de Drummond Ltd.".
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El ente acusador señaló que los dos procesados "decidieron intervenir en una compleja operación contractual y de intermediación, así como también pudieron hacerlo otros funcionarios de la multinacional, contratistas, miembros de la organización de autodefensas, para acordar, garantizar y asegurar el aporte mensual dinerario, desde 1996 a 2001, a esta estructura paramilitar".
Añadió que Jiménez Mejía sabía de la presencia paramilitar en las instalaciones del casino "y, aun así, bajo su competencia consintió la celebración de un contrato de alimentos con Jaime Blanco, quien abiertamente propició y mantuvo tal presencia armada irregular, permitiendo un ambiente hostil e inseguro para los líderes
sindicales de Drummond".
Durante el proceso, los vinculados señalaron que no tuvieron ninguna relación con el asesinato de los sindicalistas Víctor Hugo Orcasita y Valmore Locarno, perpetrado en el año 2001, y que tampoco financiaron grupos armados al margen de la ley "debido a que la seguridad de las instalaciones y de los funcionarios de Drummond estuvo a cargo de la Fuerza Pública".
Igualmente señalaron que en las acusaciones hechas contra ellos se han registrado irregularidades como falsedades en documentos y declaraciones de testigos inconsistentes y contradictorias. Añadieron que hay decisiones en países como Estados Unidos en las que se descartó la tesis de la financiación de directivos de la empresa a paramilitares.
Añadieron que testigos como Jaime Blanco Maya han mentido por cuenta de supuestos intereses económicos y búsqueda de beneficios.
"Las pruebas confirman la inexistencia de responsabilidad de los vinculados, por cuanto los testigos de cargo, en su totalidad, faltaron a la verdad, a cambio de una remuneración económica", señaló la defensa de los procesados.
En su decisión, la Fiscalía compulsó copias para que se investigue a los testigos Óscar José Ospino Pacheco y Manuel Alcides Mattos Tabares, al considerar que "son varias las declaraciones que cuestionan sus relatos y la influencia que ha ejercido en algunos testigos".
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