Una de las madres que perdieron a sus hijos el 11 de agosto en la masacre de Llano Verde, en Cali, denunció ser víctima de amenazas contra su vida.
“El sábado me levanté sobre las cinco de la mañana, nos levantamos a esa hora para preparar el almuerzo que lleva mi hija para el trabajo. Vi un papel y lo leí (…) decía "pa’ que no sigas", y tenía una boca sellada como con una cremallera. Me llené de nervios e impotencia, y me puse a llorar”, les relató la mujer a las autoridades.
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El abogado Jonathan Velásquez Sepúlveda, quien representa a cuatro de las cinco familias que perdieron a un ser querido en el homicidio múltiple, confirmó la amenaza de muerte contra la mujer, cuya identidad no se proporciona por motivos de seguridad, y dijo que tanto la Policía como la Fiscalía estaban al frente de la situación para brindar protección oportuna a la señora.
Velásquez dio a conocer a EL TIEMPO lo que considera como varias irregularidades por parte del Inpec frente al control que debían haber tenido en el caso de Gabriel Alejandro Bejarano, quien gozaba del beneficio de casa por cárcel y, presuntamente, les disparó a los cinco jóvenes.
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Bejarano, alias el Mono, por quien se ofrecen hasta 50 millones de pesos por información que facilite su captura, fue condenado a 3 años y 3 meses de prisión, en junio de 2011, por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
En 2013, Bejarano recibió una segunda condena por los mismos delitos y ese mismo año obtuvo el beneficio de casa por cárcel, pero se le revocó la medida por no estar en su casa. Luego, en 2016, Bejarano logró nuevamente prisión domiciliaria: “En los últimos cuatro años, el Inpec solo lo visitó nueve veces, la visita es para verificar que estuviera en su casa. De hecho, en dos ocasiones reportaron que no lo encontraron allí”, aseguró el abogado.
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Velásquez dijo: “El Inpec como mínimo debe visitar tres veces al mes a los beneficiados con casa por cárcel”, y destacó que a Bejarano, tras no encontrarlo en su residencia en febrero y marzo de 2018, se le debía haber enviado a detención intramural, tal como está en los registros del organismo carcelario.
“¿Si el Inpec hubiera cumplido con su función, estos jóvenes podrían estar vivos?”, se cuestionó el abogado, quien señaló que frente a estas irregularidades es que los familiares de los jóvenes asesinados se plantean otros escenarios hacia el futuro.
En los últimos cuatro años, el Inpec solo lo visitó nueve veces, la visita es para verificar que estuviera en su casa
El abogado Élmer Montaña, apoderado de la familia de Álvaro Caicedo, uno de los jóvenes asesinados, dijo que, no obstante las condenas, el señalado asesino trabajaba para una firma que el año pasado se mencionó en una investigación de la Fiscalía como de fachada para el tráfico de armas.
Las autoridades investigan si ese movimiento de elementos bélicos era para disidentes, aunque en la zona se asegura que otras redes, como bandas criminales, estarían en ese mercado clandestino.
“Bejarano trabajaba para esa empresa y no era parte de la nómina oficial, es un hecho que se está investigando”, le dijo a este diario un policía de Cali respecto a la investigación. De hecho, la razón social de dicha empresa es de transporte y no de vigilancia, resaltó el investigador.
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