Dos de las tres demandas más cuantiosas que se han presentado contra el Estado colombiano y que suman en pretensiones 38 billones de pesos han sido interpuestas por la abogada Ana Karina Pacheco Caro, contra quien la Agencia de Defensa Jurídica del Estado interpuso una queja disciplinaria por presuntamente “abusar de las vías de derecho”.
Este lunes, el director de la Agencia, Luis Guillermo Vélez Cabrera, radicó una solicitud ante el Consejo Superior de la Judicatura para que investigue el comportamiento de Pacheco, argumentando que la abogada estaría obrando “de mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de su profesión”.
Pacheco trabaja en Abogados y Contadores Asociados desde el 2011, año en el que se expidió su tarjeta profesional.
La primera de las demandas interpuestas por esta abogada de la Corporación Universitaria del Caribe, y que la tienen bajo la mira del órgano disciplinario, es una acción colectiva que presentó en el 2014 en representación de 29 personas, pero que se extiende a un grupo de 120.000, por los daños ocasionados por un derrame de petróleo en el golfo de Morrosquillo en julio de ese año.
La demanda, contra el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol, pretende que se les dé una indemnización de 7 billones de pesos por daños materiales y otros 7,3 billones por daños morales a los reclamantes, valores que sumados e indexados a la fecha superan los 16 billones de pesos.
En el documento presentado ante la Judicatura, la Agencia de Defensa Jurídica sostiene que en esa reclamación hay “serias, graves y notorias deficiencias” desde lo jurídico, la forma cómo se determinó el grupo de actores, la responsabilidad del Estado y la estimación del valor pedido.
Además argumenta que “este tipo de conductas parecieran tener el fin deliberado de un enriquecimiento injustificado a costas del presupuesto público”.
La segunda demanda más cuantiosa contra la Nación –22 billones de pesos– también es una acción de grupo y fue presentada por la misma abogada. En ella dice representar a un grupo de 350.000 personas que se declararon víctimas de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Sampués, Sucre, que según la demanda está operando de forma ilegal porque dicha corporación fue suprimida por dos decretos expedidos por la Gobernación de ese departamento en el 2002.
La demanda busca que se indemnicen a todas las personas que tramitaron con la Secretaría de Tránsito las matrículas de sus vehículos, el pago de impuestos y el pago de comparendos. Además pide que se reconozca el dinero que supuestamente dejaron de recibir 20.000 personas que no pudieron acceder a un empleo o conducir sus vehículos por tener comparendos que la pretensión califica de ilegales.
El tercer proceso supuestamente infundado que describe la queja contra la abogada es una demanda interpuesta por 17 personas que pide condenar al Ministerio de Minas, la Gobernación de Antioquia, Corantioquia, la Gobernación de Sucre y Corpomojana a pagar una suma superior a los 53.000 millones de pesos por la “falla en el servicio, ocasionada por la falta de control en la expedición de permisos para la explotación minera y falta de vigilancia de la industria minera para evitar la
contaminación del río Cauca”.
Según la Agencia Jurídica, en ese proceso, que está en un juzgado de Sincelejo, no se han presentado pruebas de las afectaciones a la salud que habrían sufrido los demandantes.
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