La Corte Constitucional seleccionó para su estudio una tutela que presentaron Dejusticia y las organizaciones Ascal-G, Sintrapaz y Agrogüejar que busca que se culminen tres procesos de constitución de zonas de reservas campesina.
Se trata de los territorios de Sumapaz (Cundinamarca), Losada-Guayabero (Meta) y Güejar-Cafre (Meta) que iniciaron su proceso para constituirse como ZRC en 2011 y que dependen de que el consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, lleve el caso a aprobación, según explicó Dejusticia.
La tutela fue presentada en diciembre de 2020. En mayo de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá falló a su favor y dio un plazo de seis meses para terminar el proceso a la ANT al indicar que se violó el derecho al debido proceso de los demandantes por dilación indebida en el estudio de la solicitud.
Pero, como el Tribunal no se pronunció sobre los derechos a la territorialidad campesina ni a la igualdad material de los demandantes, las organizaciones buscaron que la Corte seleccionara el caso, lo que en efecto ocurrió.
Según Dejusticia, la Corte tiene la posibilidad de“desarrollar un precedente jurídico que reconozca a las zonas de reserva campesina como una figura que materializa el derecho a la territorialidad campesina, así como su especial relevancia en términos constitucionales con posterioridad a los Acuerdos de Paz”.
El Centro de Estudio indicó que estas zonas nacieron con la Ley 160 de 1994 y que desde entonces se han creado siete y al menos 23, incluyendo las tres de la tutela, están en proceso.
“Lo que ocurre en una Zona de Reserva Campesina es que las comunidades construyen un Plan de Desarrollo Sostenible y se concerta con las autoridades. En este plan se definen las políticas sobre el uso de la tierra, que deberían priorizar los modos de producción campesina por encima de otros menos sostenibles como los monocultivos”, dijo la entidad.
