En los próximos meses, en los despachos de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia volverán a evaluarse algunos de los casos judiciales más polémicos o mediáticos de las últimas dos décadas, como la ‘Yidispolítica’, ‘parapolítica’, el ‘carrusel de contratos’, el magnicidio de Luis Carlos Galán, las chuzadas del DAS, entre otros.

Esos procesos en los que sus condenados parecían tener un punto final, se reabrirán como un coletazo de la tutela del exministro Andrés Felipe Arias. 

Aunque al decidir la tutela de Arias, la Corte Constitucional únicamente ordenó revisar la impugnación de su condena, –lo que obligaba a presentar tutelas a otros condenados en única instancia, interesados en que se revisaran sus fallos –, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió extender esta garantía a otras personas en la misma condición del exministro.

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Así, en aras de la igualdad, la Sala Penal permitió que los aforados condenados en única instancia, así como los ciudadanos que fueron condenados por primera vez en un fallo de segunda instancia o de casación, pudieran impugnar esas sentencias hasta el pasado viernes 20 de noviembre.

En total, la Corte recibió 137 impugnaciones de las cuales aceptó estudiar 84. La razón por la cual se rechazaron las otras 53 fue porque no cumplieron los requisitos. Uno de ellos era que la condena se hubiera emitido entre el 30 de enero del 2014 y el 17 de enero del 2018.

La primera fecha es el día desde el que, según la Corte Constitucional, por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Colombia estaba obligada a garantizar la impugnación de las condenas de única instancia. La segunda, cuando entró en vigencia en el país la ley de doble instancia para aforados.

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Uno de los que no cumplió esa exigencia y se le rechazó la impugnación, fue el exgobernador de Sucre, Álvaro Alfonso García Romero, condenado a 40 años, el 23 de febrero del 2010, por ‘parapolítica’ y la masacre de Macayepo.

Quienes no tenían fuero también debían cumplir el requisito de que su caso no se hubiera revisado en casación.

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De las 84 impugnaciones admitidas, según la Corte, 22 son de altos exfuncionarios condenados en única instancia. Las otras 62 son de ciudadanos que aunque sí tuvieron dos instancias, fueron condenados por primera vez por el segundo juez que revisó su caso (un tribunal superior) o en casación en la Corte.

Entre los aforados a quienes se les admitió el recurso están cuatro condenados por la ‘Yidispolítica’, caso en el que se ofrecieron dádivas a cambio de que el Congreso permitiera la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Así, la Corte revisará las impugnaciones de los exministros Diego Palacio Betancourt y Sabas Pretelt, condenados a 6 años y 8 meses por esos hechos.

También revisará el recurso del exsecretario Alberto Velásquez, quien recibió una pena de 5 años por ese mismo escándalo, así como del exrepresentante Iván Díaz Mateus.

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En el capítulo de las ‘chuzadas’, la Corte evaluará las impugnaciones del exsecretario de presidencia, Bernardo Moreno Villegas, y de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, condenados a 8 y 14 años, respectivamente.

También impugnó el general (r) y exdirector del DAS Miguel Alfredo Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento.

En la ‘parapolítica’ está la impugnación del excongresista del Caquetá, Luis Fernando Almario Rojas, condenado a 10 años por sus nexos con las Auc, así como la de Efrén Antonio Hernández Díaz, exrepresentante del Casanare. 

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Por hechos de corrupción, el alto tribunal estudiará los recursos del exsenador Iván Moreno Rojas, condenado a 14 años de prisión por el caso del ‘carrusel’ de contratos en Bogotá; el del exfiscal Rodrigo Aldana, quien recibió una pena de 9 años por favorecer al exsenador Otto Bula en un proceso de extinción de dominio; y el del exgobernador de Arauca, Julio Acosta Bernal, quien paga seis años y medio por irregularidades en la construcción de un parque turístico.

Una vez aceptada la impugnación, la Corte les da 15 días a los condenados para que sustenten sus recursos. Cada caso es entregado a un magistrado de la Sala Penal que debe conformar una sala de revisión especial junto con otros dos magistrados.

Aunque en teoría, quien quede como ponente del caso tiene 30 días para radicar su proyecto de fallo (ya sea manteniendo la condena, tumbándola, o disminuyéndola), seguramente no se cumplirán esos tiempos.

Un magistrado de la Corte aseguró que uno de los líos que han tenido es que varios magistrados de la Sala Penal –los más antiguos– se han declarado impedidos en algunos casos, ya que tuvieron el conocimiento de ellos en el pasado.

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Esto implica que muchas de estas impugnaciones podrían recaer en los magistrados más nuevos de la Sala Penal: Hugo Quintero, Fabio Ospitia, Gerson Chaverra y Diego Eugenio Corredor. Si no logran conformar una sala para revisar el proceso, deben elegir entre los 18 conjueces de la Sala Penal.

EL TIEMPO conoció que para resolver la posible congestión, el Consejo Superior de la Judicatura ya autorizó que a cada magistrado de esta sala se le dé otro magistrado auxiliar. 

Cada revisión de la impugnación, explica el magistrado consultado, será distinta, pues en algunas los condenados plantean que no están de acuerdo con el monto de la pena, mientras que en otras quieren tumbar pruebas, o todo el caso. Lo que está claro es que en ningún expediente se podrán practicar nuevas pruebas, ni tampoco hay lugar a prescripciones, ni a que los condenados presos queden libres.

Pero lo cierto es que es difícil establecer cuándo se les dará una respuesta, esta vez sí definitiva, a los 84 casos que ahora se reabren y que, seguramente, ocuparán la atención de la opinión pública en los próximos meses, o años.

REDACCIÓN JUSTICIA
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