Este martes la Corte Constitucional realizó una sala extraordinaria, en la que se decidió mantener la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia contra el exministro Diego Palacio y el exsecretario de Presidencia Alberto Velásquez, condenados por la 'Yidispolítica'.
Por seis votos contra dos, la mayoría de la Corte Constitucional consideró que no se les vulneró el debido proceso y confirmó la condena de 6 y 5 años en contra de Palacio y Velásquez, respectivamente. En el caso se declaró impedido el magistrado Alberto Velásquez, mientras que los magistrados Alejandro Linares y Guillermo Guerrero habían pedido tumbar las sentencias.
El alto tribunal estudió las tutelas que presentaron los dos exfuncionarios contra la Sala Penal de la Corte Suprema. En este caso, mientras la ponencia sobre el caso de Palacio, realizada por el magistrado Guillermo Guerrero, propone tumbar su condena, la de Velásquez -elaborada por el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza-, asegura que se debe mantener la sentencia en su contra.
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Palacio fue condenado a 6 años de prisión porque ofreció en el 2004 dádivas a congresistas como Yidis Medina para que votaran a favor de la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Velásquez fue condenado también por este escándalo a 5 años de prisión.
En las tutelas, tanto Palacio como Velásquez aseguran que se les violó el debido proceso porque la Corte Suprema no tuvo en cuenta pruebas de la defensa. En el proceso fue clave el testimonio que dio la excongresista Yidis Medina, quien señaló que los dos exfuncionarios, junto con el exministro Sabas Pretelt (también condenado) le ofrecieron burocracia a cambio de su voto a favor de la reelección.
La ponencia de la Corte Constitucional sobre Palacio plantea que el hecho de que la Corte haya tenido como prueba principal el testimonio de Yidis, procedente del proceso que llevó a la condena contra la exparlamentaria en el 2008, “limitó radicalmente la posibilidad de defensa”. También afirma que “los muy precarios elementos de prueba que obran sobre el particular provienen del proceso que a ella se le siguió y que culminó con su condena”.
Sin embargo, la ponencia de Velásquez plantea que “la Sala de Casación Penal efectuó una valoración global de la totalidad de los medios de prueba disponibles, para a partir de ello arribar a la conclusión sobre su culpabilidad”. Además, dice que los “razonamientos del juzgador no lucen infundados, irracionales ni caprichosos, pues en su caso la Corte Suprema “analizó de manera detenida las razones por las cuales la representante Medina cambió la postura que originalmente tenía en relación con la reelección”.
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