Durante la imputación de cargos contra las siete personas capturadas por las irregularidades en la firma Estraval la Fiscalía señaló que esa empresa ofrecía rendimientos de hasta el 18 por ciento con lo que logró que muchos incautos entregaran su dinero.
“El modelo de negocio estaba replicando una entidad financiera, como un banco pero sin tener la autoridad legal", señaló la Fiscalía durante la audiencia. Igualmente sostuvo que desde 2009 se venían cometiendo delitos en esa firma.
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“En últimas eran empresas cooperativas de papel, era la forma como se colocaban los recursos de la captación ilegal", sostuvo el fiscal del caso.
Y añadió: “cuando una persona solicitaba un crédito con una cooperativa le hacían firmar un mismo pagaré tres veces y posteriormente, Estraval vendía, con la figura de cartera, hasta tres veces a los inversionistas”.
El lunes, la Fiscalía capturó a César Fernando Mondragón, Juan Carlos Bastidas Alemán , Rosalba Fonseca Melo, José Iván Castiblanco Fúquene, Pedro Harold Carvajal, Fernando Joya Rodríguez y Ángela Marina Daza Saavedra, a quienes imputa los cargos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, enriquecimiento ilícito y lvado de activos.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que aunque todavía no se ha determinado el valor total de las deudas de la compañía, ante la Superintendencia de Sociedades se han presentado solicitudes por 600.000 millones de pesos.
Según el Fiscal, Estraval y sus firmas asociadas realizaban operaciones aparentemente legales, pero no correspondientes a una venta real de libranzas, "vendían pagarés que no contenían obligaciones cambiarias, porque ya habían sido canceladas; comercializaban pagarés que estaban en mora y hacían 'gemeleo' de libranzas para ponerlas en venta, existiendo una sola obligación".
En septiembre pasado, la Superintendencia de Sociedades había anunciado la liquidación de la compañía luego de probar su responsabilidad en el delito de captación ilegal, en el que habrían incurrido 22 personas naturales y siete firmas.
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