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'Ramírez violó neutralidad religiosa al encomendar el país a virgen'
Martha Lucía Ramírez

8. La vicepresidenta Martha Lucía Ramírez en un reciente comunicado dijo que “despenalizar el aborto y establecer un plazo, sin ninguna justificación médica o legal para su práctica, menospreciaría la dignidad y la vida de un ser humano”. Añadió que: “Tenemos confianza en que la Corte está plenamente consciente del altísimo valor de la protección de la vida humana aún antes del nacimiento, así como de la dignidad humana, la prevención, promoción y salud de la mujer en nuestro orden constitucional.”

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'Ramírez violó neutralidad religiosa al encomendar el país a virgen'

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Corte estudió tutela contra mensaje que publicó la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez.

Los altos funcionarios del Gobierno nacional desconocen el principio de laicidad y los derechos fundamentales a la libertad religiosa y de cultos y a la libertad de conciencia cuando utilizan sus cuentas personales de las redes sociales para promover, adherir o identificar al Estado con una religión en particular y se demuestra que el mensaje tiene un carácter oficial.

Así lo advirtió la Corte Constitucional tras estudiar una tutela contra la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez por un mensaje que publicó en sus redes sociales. El fallo de tutela es la Sentencia T-124-21.

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En Facebook y Twitter, acompañado de símbolos y distintivos oficiales, Ramírez consagraba al país a la Virgen de Fátima con el objetivo de mitigar los efectos negativos ocasionados por la pandemia del covid-19.

Puntualmente su mensaje decía: “Hoy consagramos nuestro país a nuestra señora de Fátima elevando plegarias por Colombia para que nos ayude a frenar el avance de esta pandemia y que Dios mitigue el sufrimiento de los enfermos, el dolor de los que perdieron seres amados y nos permita repotenciar nuestra economía para generar millones de empleos que acaben con la pobreza”.

Aunque el mensaje fue eliminado, por lo cual la Sala Primera de Revisión de tutela consideró que la situación que había dado origen a la acción de tutela había sido superada, los magistrados consideraron que resultaba pertinente emitir un pronunciamiento de fondo con el propósito de analizar la falta de conformidad constitucional de la actuación de la Vicepresidenta de la República y la necesidad de adoptar medidas para que situaciones similares no se repitieran en el futuro.

¿Cuándo son información oficial las publicaciones en cuentas personales de funcionarios?

En primer lugar, la Corte estableció que los mensajes que publican los funcionarios públicos en sus cuentas personales de las redes sociales pueden generar inquietudes sobre la calidad que debe otorgarse a la información u opiniones que allí se publican, por lo que fijó algunos criterios para determinar, en estos casos, si un mensaje puede considerarse como una información oficial o si se trata de una opinión personal totalmente desligada de la condición de servidor público.

De una parte, se indicó que deben verificarse algunos aspectos relacionados con
las particularidades de la cuenta: 1. El nivel de privacidad de la cuenta, esto es, si los mensajes que allí se publican pueden ser vistos por el público en general. 2- La descripción e información que se publica sobre el titular de la cuenta y si se relacionan sus funciones públicas. 3. El uso que el funcionario público le da a la cuenta, es decir, si en ella solo se publica mensajes sobre asuntos ajenos a sus funciones oficiales o si utiliza la red social para informar u opinar sobre sus actividades y gestión como servidor público, o sobre temas relacionados con asuntos oficiales.

Por otra parte, se señaló que debe examinarse el mensaje que originó la duda en
torno a la naturaleza, oficial o personal, de lo comunicado. Para ello debe valorarse, dijo la Corte: 1. Cómo se comunica el mensaje, esto es, determinar si existe algún elemento a partir del cual se pueda considerar que lo expresado se realiza en el ejercicio de funciones públicas y no de manera particular.

En segundo lugar, se debe analizar el contenido del mensaje, es decir, examinar si lo que se comunica se relaciona con las actividades propias como funcionario público o si lo dicho infringe alguna prohibición legal o constitucional, o si lo que se dice se refiere a asuntos ajenos a las funciones como servidor público que pueden considerarse como exclusivamente personales o privados.

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A partir de los anteriores criterios, la Sala concluyó que el mensaje publicado por
la Vicepresidenta tenía un carácter oficial, por lo que su actuación supuso un desconocimiento del principio de laicidad y de los derechos a la libertad religiosa y de cultos y a la libertad de conciencia.

"Se trató de un mensaje oficial a través del cual el Estado, mediante uno de los más altos representantes del Gobierno nacional, promovió y se identificó con la religión Católica, incumpliendo de esta manera el mandato consistente en mantener una estricta neutralidad en asuntos religiosos y no adherir, así sea de manera simbólica, a un credo en particular", sostuvo la Corte.

No le está permitido utilizar su condición de servidora pública y el ejercicio de sus funciones para favorecer o manifestar una preferencia a determinado culto o creencia

El alto tribunal reconoció que Ramírez  “puede practicar y manifestar su fe en virtud del derecho a la libertad de religión y cultos (...) Sin embargo, no le está permitido utilizar su condición de servidora pública y el ejercicio de sus funciones para favorecer o manifestar una preferencia a determinado culto o creencia, ni realizar cualquier acto de adhesión, así sea simbólico, a una religión o iglesia, pues esto supone un rompimiento del principio de laicidad y un tratamiento desigual entre las distintas religiones y confesiones”.

El fallo precisó que lo reprochable constitucionalmente no es que un funcionario público tenga profundas creencias o convicciones religiosas, ni que las exteriorice o practique libremente su culto, sino que en el ejercicio de sus funciones interfiera en la neutralidad que el Estado debe mantener en asuntos religiosos y se involucre lo público en la esfera estrictamente religiosa, esto es, que vincule sus manifestaciones de fe a la institución pública que representa.

El fallo también señala que los funcionarios públicos deben cumplir con sus deberes constitucionales con prudencia y respeto y evitar manifestaciones que comprometan los derechos de particulares,  así como abstenerse de asociar cualquier función, actividad, programa o política del Estado con una religión o creencia. "La libertad religiosa y de cultos y la libertad de conciencia son garantías delicadas y vulnerables que exigen del Estado y sus representantes el mayor cuidado para evitar cualquier tipo de agravio", manifestaron los magistrados.

En ese sentido, la sentencia previene a la Vicepresidenta de la República para que se abstenga de vincular sus manifestaciones de fe a la institución que representa y le hace un llamado sobre su deber de proteger el principio de laicidad y la garantía de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y de cultos y a la libertad de conciencia. Así mismo, le ordena difundir esta decisión en las mismas cuentas de las redes sociales que utilizó para comunicar el mensaje que dio origen la acción de tutela.

Finalmente, se ordenó al Consejero Presidencial para las Comunicaciones que capacite a los funcionarios del Gobierno nacional sobre el adecuado manejo y uso de redes sociales.

Ya en otro momento otro alto tribunal se había pronunciado sobre este caso. En julio de 2020 el Consejo de Estado determinó que, como Ramírez había borrado el mensaje, era un hecho ya superado.

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