De los 628.000 millones de pesos que la Unidad de Víctimas ha entregado en reparaciones administrativas en los cuatro años que lleva funcionando, 165.000 millones han llegado a manos de las víctimas luego de la interposición de acciones de tutela.
Eso quiere decir que más del 25 por ciento del dinero de las indemnizaciones ha tenido que ser reclamado con un mecanismo que, según el mismo director de dicha Unidad, Alan Jara, debería ser utilizado de manera excepcional.
Y es que solo en el último año han sido falladas 304.405 acciones de tutela contra la Unidad y se han interpuesto 1’382.676 derechos de petición.
Por esta razón, desde la llegada de Jara a esa entidad hace dos meses y medio, la Unidad está implementando un sistema para acabar con el rezago de tutelas –20.039 pendientes por responder en los últimos cuatro años– y la avalancha de nuevas tutelas.
Según Alan Jara, cada día se interpone contra la Unidad de Víctimas un promedio de 700 tutelas, muchas de las cuales no son respondidas en el término legal, por lo que terminan convirtiéndose en sanciones económicas y órdenes de arresto contra los directivos de la entidad.
En total, dice la Unidad, se han impartido, desde el 2013, 156 órdenes de arresto y multas que superan los 2.000 millones de pesos.
En una reciente solicitud a la Corte Constitucional, Alan Jara pidió al tribunal suspender las sanciones por desacato y permitir que se diera una respuesta ordenada a las tutelas de las víctimas, que solo en lo corrido de agosto superan las 9.000.
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