El debate de Uber, Beat, Didi y las licencias llega a la Corte

El debate de Uber, Beat, Didi y las licencias llega a la Corte

Definirá si es proporcional quitarles la licencia por 25 años a quienes trabajan en estos servicios.

uber

La empresa Uber argumentó que no se dedica al servicio de transporte en Colombia.

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Archivo / ELTIEMPO

Por: Milena Sarralde Duque
09 de septiembre 2019 , 10:05 a.m.

Los comparendos e inmovilizaciones de vehículos, que han crecido en los últimos cinco años para los servicios de transporte privado no autorizados, no son las únicas sanciones que preocupan a los conductores que trabajan en esas aplicaciones móviles, empresas que, aunque tienen más de 100.000 afiliados, no han sido reguladas.

En el último año y medio, las autoridades de tránsito les suspendieron su licencia a más de 5.000 ciudadanos que trabajaban en plataformas como Uber, Beat o Didi. Esas sanciones, según aseguró el Ministerio de Transporte, son válidas y así lo reiteró en diciembre cuando, en una circular, dijo que el Código de Tránsito permite quitarle a un conductor su licencia hasta por 25 años. Así le pasó hace 8 meses a un conductor, a quien por reincidir conduciendo con Uber le quitaron su permiso hasta el 2043.

Con el Código de Tránsito y la circular del Mintransporte, las autoridades hoy pueden suspender la licencia de conducción por “prestar un servicio público de transporte con vehículos particulares”, y cancelar la licencia hasta por 25 años cuando hay reincidencia, agravante que se creó en el 2013 especialmente para los conductores en estado de embriaguez.

Pero, ¿es proporcional sancionar a conductores de estas aplicaciones por el mismo tiempo que a una persona que conduce ebria? Ese es el debate que está evaluando la Corte Constitucional, que podría tomar una decisión en los próximos días.

La Corte comenzó a evaluar este tema porque en enero recibió una demanda de Guillermo Otálora Lozano, quien pide tumbar parcialmente el artículo 26 del Código de Tránsito del 2002, que permite la suspensión de licencias. En su demanda, Otálora asegura que la ley viola el debido proceso porque extendió a todo tipo de conductas –que no son igual de graves–, una sanción que, según él, se creó solo para los conductores borrachos.

Por eso le pidió a la Corte que mientras el Congreso no tome cartas en el asunto para graduar las sanciones a conductores de servicios privados no autorizados, sus licencias no puedan ser suspendidas por más de tres meses.

El cruce de posiciones

El Ministerio de Transporte le dijo a la Corte que la norma debe mantenerse y que el Estado tiene la facultad de regular el servicio de transporte público y privado, que solo puede ser prestado por “personas naturales o jurídicas legalmente constituidas y autorizadas para tal fin”, requisito que a su juicio no cumplen las empresas a las que pertenecen los conductores a los que se les están quitando las licencias.

También dijo que al Gobierno le preocupa “la proliferación indiscriminada de la prestación del servicio público de transporte en vehículos particulares dada la gran diferencia entre uno y otro”. El Ministerio dijo que este transporte sí representa un riesgo ya que estos conductores no tienen las mismas licencias que se exigen para conducir un servicio público y –aseguró–se están viendo involucrados en accidentes que no tienen asistencia médica total ni el cubrimiento de las pólizas que se exigen para los servicios públicos. “Es tan gravosa la conducción de vehículos en estado de embriaguez como lo es la irresponsabilidad al conducir, trasladar personas de un lugar a otro sin las medidas de seguridad ordenadas por la normatividad”, señaló.

estas sanciones tienen un efecto desproporcionado sobre los derechos fundamentales de las personas

El Ministerio consideró válido sancionar a las personas “que irresponsablemente, sin estar autorizadas para ello, prestan el servicio público en vehículos no autorizados y sin revestir el conocimiento para ello, poniendo en peligro un gran conglomerado social”.

Uno de los conceptos que llama la atención es el de Uber Colombia S.A., que asegura que las normas demandadas son inconstitucionales y que está de acuerdo con los argumentos para tumbarlas. Sin embargo, esta empresa “no consideró pertinente” dar más argumentos y, en cambio, dijo que su compañía no tiene nada que ver con los servicios de transporte, pues esas plataformas son de empresas alojadas en el extranjero.

A la Corte también llegó el concepto de Beat, que le pidió tumbar la norma que les quita la licencia por 25 años a sus conductores porque la ley no determinó con claridad los criterios para imponer estas sanciones, y porque esto afecta el derecho al trabajo, la vida digna y es desproporcionada.

Y el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, organismo con estatus consultivo ante la ONU, dijo que estas sanciones “tienen un efecto desproporcionado sobre los derechos fundamentales de las personas” que consiguen su sustento prestando estos servicios, y que “ejercen su derecho al mínimo vital de manera autónoma”. Por eso, asegura que la sanción se creó para bajar la accidentalidad por embriaguez, pero por una mala práctica del Legislativo en el 2013 terminó persiguiendo a los conductores privados. También agregó que no hay ningún registro que indique que los accidentes de tránsito se producen por prestar estos servicios.

En esa línea argumentativa, la Procuraduría le pidió a la Corte precisar que la cancelación de la licencia por 25 años solo se aplica a quienes manejan ebrios o con drogas.

Ahora, la última palabra la tienen los magistrados, quienes deberán decidir si apoyan o no una ponencia que les presentó la magistrada Gloria Ortiz y en la que le da la razón al demandante en que la sanción solo puede aplicarse a los borrachos, y que es al Congreso al que le corresponde definir qué sanción aplica sobre los conductores de transportes aún no autorizados.

‘Uber Colombia no se dedica al transporte’

Uber Colombia aseguró ante la Corte que esta compañía no administra las plataformas tecnológicas de Uber ni de Uber Eats ni representa a los socios conductores ya que, dice, estos socios “actúan de manera autónoma y tienen una relación directa con las sociedades extranjeras titulares de las aplicaciones de la cual no participa la compañía”.

Según Uber Colombia, esta empresa se dedica a “cualquier actividad comercial o civil lícita”, como la prestación de servicios de mercadeo, apoyo a terceros en temas logísticos y administrativos, servicios de asesoramiento a personas y empresas y consultoría de gestión, así como a la publicidad.

El argumento de Uber Colombia es que esta empresa “no se dedica ni exclusiva ni principal ni marginalmente siquiera a las actividades de tránsito, transporte o infraestructura de transporte. Tampoco desarrolla actividades tecnológicas”. También dijo que esas aplicaciones extranjeras que sí prestan el servicio de transporte de Uber están en el exterior, y que esas firmas pagaron a la Dian entre julio y 31 de diciembre del 2018 unos 38.000 millones de pesos en impuestos.

MILENA SARRALDE DUQUE
SUBEDITORA DE JUSTICIA
Twitter: @MSarralde

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