¿Puede un indígena que fue juzgado por su comunidad ser extraditado?

¿Puede un indígena que fue juzgado por su comunidad ser extraditado?

Gobernadora de una comunidad Nasa interpuso una tutela ante la Corte Suprema por esos hechos.

Comunidad Nasa

La tutela fue presentada por la gobernadora de una comunidad Nasa.

Foto:

Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Por: Justicia
05 de mayo 2020 , 02:25 p.m.

¿Por qué si a una persona ya se le había realizado un juicio indígena la Corte y el Gobierno autorizaron su extradición por esos mismos hechos a otro país?

Esa fue la pregunta que se hizo Mercedes Acué Yunda, gobernadora del cabildo indígena Kew Sx Nasa Cxa Yuce, en una tutela en la que solicitaba a la Corte Suprema de Justicia que no se extraditara a Jesús Alirio Trujillo Álvarez, un  miembro de su comunidad solicitado por Estados Unidos por supuesto narcotráfico. 

Según la gobernadora, al indígena -que desde el 2009 vive en su colectividad asentada en Putumayo- se le estaba violando los derechos al debido proceso, la igualdad, así como a la autodeterminación de los pueblos indígenas y su derecho de administrar su propia justicia. 

Acué Yunda aseguró que dentro de la comunidad Nasa, en uso de sus facultades, le hicieron un juicio a Trujillo y lo sancionaron al comprobar que había incurrido en "desarmonía" por el delito de tráfico de estupefacientes. 

La condena, a la que la comunidad llama castigo o remedio, consistió en 40 azotes y 8 años de trabajo comunitario sin derecho a la libre lomoción. 

Pese a ese juicio, el indígena fue capturado por la Fiscalía General y el 2 de octubre del año pasado la Corte emitió un concepto aceptando el envío al exterior para que responda ante la justicia de otro país.  Luego, el 24 de octubre de ese mismo año, el Gobierno emitió una resolución en la que autorizó su extradición. 

Para la gobernadora son claras dos cosas: por un lado, que se les vulneró su derecho a la autodeterminación y, además, se violó la prohibición de ser juzgado dos veces por los mismos hechos, porque ya estaba pagando su sanción en la justicia indígena. 

(Le puede interesar también: Caso contra Oneida Pinto no lo llevará la justicia indígena). 

¿Qué dijo la Corte Suprema?

Al evaluar la tutela de la gobernadora indígena, la Sala Civil del alto tribunal aseguró que su reclamo "resulta inviable" e improcedente. 

Según el alto tribunal, más allá de los argumentos que Acué Yunda propone para que al indígena no se lo extradite, él tiene otros mecanismos de defensa -aparte de la tutela- para poder defenderse y plantear sus cuestonamientos. 

La Corte asegura que la comunidad puede interponer un recurso de nulidad y restablecimiento del derecho, que hace parte del Código de Procedimiento Administrativo, ante esta justicia con el fin de tumbar la decisión del Gobierno que autorizó la extradición. 

Como a la comunidad le queda ese recurso, dice la Corte, "resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues éste no puede
arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acción de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente". 

Es ante la justicia contenciosa administrativa, dice la Corte, además, que pueden pedir medidas cautelares para que se suspenda provisionalmente la resolución del presidente que autoriza la extradición, mientras se decide de fondo su recurso. 

(Lea también: En coordinación con justicia indígena, la JEP excluye a alias Mayimbú)

Los argumentos del Gobierno para avalar el envío

A través de la resolución ejecutiva 181 del 2019 el Gobierno recordó que contra Trujillo hay una acusación del 15 de junio del 2018 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California por narcotráfico. 

Según la acusación, en ese país se lo señala  de concierto internacional para distribuir sustancias controladas, distribución internacional de sustancias, y decomiso penal. 

Las autoridades de Estados Unidos dicen que, desde una fecha desconocida por el jurado, Trujillo, a quien lo reconocen con el alias de 'Pipón', se concertó presuntamente con otras personas para distribuir más de cinco kilos de cocaína e importarla a Estados Unidos. Según dicha acusación, ese envío de droga lo habría hecho en alianza con narcotraficantes de México. 

También lo señalan, dice el Gobierno, de ser propietario "administrador de un laboratorio de cocaína ubicado en Putumayo, el cual es responsable de producir cientos de kilogramos de cocaína por mes. Esta cocaína era enviada hacia el norte a lo largo del Océano Pacífico y su destino final eran los Estados Unidos". 

Pero al autorizar su envío, el Gobierno aseguró que, según un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ser indígena no invalida una extradición. 
No es de recibo para el gobierno el argumento expuesto referido a que la presunta condición de indígena del ciudadano requerido constituye una limitante”, dijo el Ejecutivo. 

El gobierno asegura que "esta figura de cooperación judicial internacional según lo dispuesto en la Constitución Política, aplica para todos los ciudadanos colombianos por delitos cometidos en el exterior”. 

También dijo el Ejecutivo que no se puede decir en este caso que Trujillo ya haya sido juzgado en el país por narcotráfico, pues "no se acreditó que hubiera sido condenado pro la justicia ordinaria o hubiera sido objeto de procesamiento por parte de la jurisdicción especial indígena", a pesar de que la comunidad asegura que sí se dio el juicio. 

En cualquier caso, si la comunidad llegara a interponer el recurso administrativo contra la decisión de extradición, el caso tendría que evaluarlo un Tribunal Superior Administrativo o el Consejo de Estado. 

La Corte Suprema de Justicia también podría revisar en segunda instancia la tutela, o esta también podría ser escogida por la Corte Constitucional. 

JUSTICIA

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