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Tumban plazo de 10 meses para pagar condenas laborales o de pensiones
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Tumban plazo de 10 meses para pagar condenas laborales o de pensiones

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Demanda aseguraba que el plazo, luego de un largo proceso judicial, afectaba derechos. Corte falló.

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el plazo de 10 meses que le daba la ley a la Nación, a las entidades territoritales o cualquier otra entidad para pagar condenas en las que se reconociera a una persona una prestación del Sistema de Seguridad Social Integral, como casos de pensiones, pensiones de invalidez o procesos laborales ordinarios, entre otros.

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Ese plazo estaba contenido en el artículo 98 de la Ley 2008 de 2019 que fijó "el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020”.

La norma fue demandada por vulnerar el principio de igualdad, el derecho a la seguridad social, al mínimo vital y porque el plazo se creó que una ley que tiene una vigencia específica, hasta diciembre de 2020, sin que tuviera relación con el resto del articulado, lo que en derecho se llama "unidad de materia".

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Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, la Sala Plena tumbó el citado plazo señalando que este no tenía relación con el objetivo de la Ley de Presupuesto de 2019. 

La Corte recordó que las disposiciones generales incluidas en las leyes anuales de presupuesto deben guardar un vínculo con la ejecución del presupuesto; no pueden modificar materias sustantivas ni exceder el límite temporal de las leyes anuales de presupuesto.

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En ese sentido, el plazo de 10 meses para pagar condenas vulneró el principio de unidad de materia ya que "excedía la vigencia anual del presupuesto de la vigencia 2020; modificaba un asunto sustantivo relativo a la exigibilidad de una condena judicial; y,  no era instrumental para la debida ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020".

Lo que decía la demanda

El plazo de diez meses fue demandado por Rafael Rodríguez Mesa, Kelly Barrios y Heriberto Enrique Gallardo quiénes señalaban que este afectaba seriamente a las personas que lograron obtener el reconocimiento de su pensión luego de un largo proceso judicial.

"Por ejemplo, si una persona afiliada a una AFP efectúa una reclamación en la justicia la sentencia favorable es susceptible de ser ejecutable inmediatamente; por el contrario, una persona que se encuentre afiliada al régimen de prima media administrado por Colpensiones o que presente una reclamación contra esta entidad, contra la UGPP o contra entidades territoriales, o centralizadas o descentralizadas por servicios, deben esperar diez (10) meses para exigir el cumplimiento de la providencia judicial", decía la demanda.

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Según expusieron los demandantes, esta situación se agrava por el hecho de que los destinatarios de estos fallos son, en muchos casos, adultos mayores, inválidos, o personas que dependían económicamente el afiliado fallecido, como niños o adolescentes.

"La pensión de sobrevivientes es la vía para que miles de niños, niñas y adolescentes huérfanos de padre o madre puedan estudiar, estar cobijados a Sistema General de Seguridad Social en Salud, tengan una alimentación equilibrada y un desarrollo armónico e integral", decía de la demanda.

"Es inconstitucional el artículo atacado porque el derecho a la pensión de vejez, de invalidez y de sobrevivientes es fundamenta!, toda vez que sus beneficiarios gozan de los parámetros de un Estado Social de Derecho y de los principios cardinales de la
seguridad social, que son la universalidad, la igualdad de beneficios, solidaridad y progresividad y no tienen que esperar diez (10) meses a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, cuando tuvieron que padecer un proceso ordinario laboral o contencioso administrativo que duró varios años", agregaron.

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En este caso, Colpensiones aseguró que la norma no violaba el principio de unidad de
materia porque buscaba la efectiva ejecución del Presupuesto y porque el plazo lo que buscaba era "asegurar la correcta ejecución de los recursos para que la política de gasto pueda mantenerse o sostenerse en el tiempo y de esta manera alcanzar los objetivos públicos".

justicia@eltiempo.com
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