Con 17 votos a favor y uno en contra, la Sala Plena del Consejo de Estado tumbó la inhabilidad de 15 años que pesaba sobre el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro desde diciembre del 2013, cuando la Procuraduría lo sancionó por supuestamente haber incurrido en tres faltas gravísimas durante el cambio del sistema de recolección de basuras.
La decisión mayoritaria apoyó la ponencia del magistrado César Palomino según la cual la sanción de destitución e inhabilidad era injusta porque no se pudo comprobar el dolo o la mala intención del entonces alcalde al implementar el cambio, que generó un gran caos a finales del 2012.
La Procuraduría de Alejandro Ordóñez había considerado que por la falta de previsión se puso en riesgo incluso, la salud de la ciudadanía, y le impuso una de las penas más altas contempladas en el Código Disciplinario. La destitución nunca quedó en firme, pues Petro interpuso primero una serie de tutelas y luego pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mismo Consejo de Estado suspendió la aplicación del fallo mientras se producía una decisión de fondo, que se tardó casi cuatro años.
De acuerdo con el presidente del Consejo de Estado, Octavio Ramírez, la decisión se fundamentó en dos razones principales. La primera, “la incompetencia por razones de convencionalidad que hace parte de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Y la segunda porque “las posibles faltas atribuidas a Petro no constituían faltas propiamente dichas, es decir, no había tipicidad en las faltas disciplinarias. Esto es que no se podía predicar de la actuación del señor Petro violaciones de principios de contratación, selección objetiva, transparencia o violación a la libre competencia, que fueron las razones que tuvo en cuenta en su momento la Procuraduría para sancionar al alcalde”.
En un documento que envió hace solo una semana la CIDH al gobierno, la corporación reiteró su posición acerca de que la inhabilidad para ejercer cargos públicos solo puede surgir por una condena de juez penal, mas no por sanciones administrativas o fiscales.
El exalcalde terminó periodo en diciembre del 2015 y actualmente aspira a la Presidencia de la República.
En la noche del miércoles, Petro calificó la decisión de “triunfo de la justicia y de la ciudadanía bogotana”. Por su lado, Ordóñez dijo que “en beneficio del exalcalde Petro, a quien se le comprobó su ineficiencia, queda abierta la puerta para que miles de corruptos sancionados regresen a la vida política. Ahora irán tras las funciones de la Procuraduría”. Sin embargo, defendió el fallo disciplinario y dijo que fue tomado en derecho.
El exprocurador también aprovechó este fallo para hacer mención al presidente Santos. Dijo que “a cambio de su apoyo electoral en Bogotá, Petro negoció con Santos la presión presidencial al Consejo de Estado”.
Petro aún tiene pendiente la inhabilidad que genera de facto el no haber pagado las multas que le ha impuesto la Contraloría de Bogotá, que también están demandadas.
El Consejo de Estado en fallo de fondo y definitivo anuló el proceso disciplinario contra mi que el procurador Ordoñez expidió en 2013 y por el cual me destituyó e inhabilitó por 15 años. Triunfo de la Justicia y de la ciudadanía bogotana que se movilizó
— Gustavo Petro (@petrogustavo) 16 November 2017
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