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La tutela que frena erradicación en la región con más coca
Protesta contra regreso del glifosato

Las comunidades también rechazaron la erradicación forzada de cultivos ilícitos.

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Archivo particular

La tutela que frena erradicación en la región con más coca

Tutela pedía que se protegiera el derecho a la consulta previa. Ejecutivo deberá hacer la consulta.

Tras estudiar una acción de tutela interpuesta por comunidades de Nariño, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto protegió su derecho a la consulta previa y ordenó suspender inmediatamente las actividades de erradicación forzada de cultivos ilícitos en los territorios colectivos y ancestralmente ocupados del Pacífico nariñense.

En específico en los municipios de San Andrés de Tumaco, Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas.

Así las cosas, el Ejército y la Policía deberán frenar sus actividades de erradicación hasta que se cumpla otra orden que dio el tribunal: un proceso de consulta previa con las comunidades.

Según la orden de la decisión de tutela, el Ministerio del Interior tendrá 10 días para iniciar el proceso de consulta, que deberá completarse en un período de 90 días hábiles desde la notificación de la providencia. Ese periodo será prorrogable, consideró la Sala Penal, por solicitud de las partes, por una sola vez, por un período de 60 días adicionales.

Además, el Ejecutivo deberá entregar reportes periódicos sobre los avances del proceso hasta su finalización.

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En su tutela, las comunidades, representadas judicialmente por la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (Redphana), contaron que pese a que desde 2017 más de 17.235 familias accedieron a erradicar cultivos ilegales, solamente 1.035 de ellas han recibido los pagos prometidos en el Plan de Atención Inmediata (PIA).

Además, contaron que se han producido enfrentamientos directos entre la Fuerza Pública y campesinos, que se incrementaron en 2020 en medio de la pandemia de covid-19.

Señalaron que hay un fenómeno sistemático de agresión a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas en la región por cuenta de las políticas de erradicación forzada con intervención militar, y pusieron como ejemplo de esto varios hechos que ocurrieron el año pasado en donde, dicen, hubo injerencia violenta de la Fuerza Pública "en las labores de erradicación, la afectación a cultivos de pancoger y viviendas de las comunidades; la muerte y lesiones producidas a miembros de las colectividades, las amenazas en contra de quien intenta registrar los hechos, señalamientos a los pobladores de ser colaboradores de la guerrilla o narcotraficantes y la presencia de la Fuerza Pública sin la adopción de medidas de bioseguridad".

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Por ello consideraron que las entidades demandadas —Presidencia, Ministerio de Defensa, Policía NacionalEjército Nacional— habían vulnerado sus derechos a la consulta previa, consentimiento libre, previo e informado y autonomía, así como a la salud, por el desplazamiento de la Fuerza Pública y particulares erradicadores sin la utilización de medidas de bioseguridad. También alegaban una violación al debido proceso y a la vida e integridad de las personas que habitan estos territorios.

En primera instancia, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pasto declaró improcedente la tutela, al considerar que no cumplía con los criterios de inmediatez y subsidiariedad. Pero Redphana impugnó la decisión, que llegó al Tribunal de Pasto.

(Además: Desde Nariño marcharon contra el regreso de aspersiones con glifosato)

La Sala Penal señaló que en el caso la consulta previa no solo era procedente sino obligatoria, puesto que la acción de las autoridades en los operativos de erradicación forzada en los territorios, donde están concentradas comunidades indígenas y afrodescendientes, "significa una afectación directa en sus derechos al medioambiente sano, salud, seguridad alimentaria, condiciones de vida digna y diversidad sociocultural".

Encontró además contradicciones entre las instituciones demandadas, pues mientras la Policía admitió que se hicieron operativos de erradicación en Tumaco en 2020, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) negó que las entidades a las que estaba representando judicialmente hubieran intervenido en estos territorios.

Además, los magistrados encontraron que en el proceso de erradicación de matas de coca también se están afectando cultivos legales. "No es errado pensar que, si en los operativos también resultan reducidos los cultivos de pancoger, hay una aflicción directa o cuando menos una amenaza en la subsistencia alimentaria de esas personas", se lee en la sentencia.

También señala la decisión que es posible que en los operativos de erradicación se estén empleando herbicidas como el glifosato, según lo han denunciado habitantes de las zonas.

justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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