El Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla exhortó al Gobierno Nacional a que cumpla “en el menor término posible” el plan de desarrollo presentado por los indígenas de la comunidad kankuama que fueron víctimas de las acciones de los paramilitares del departamento del Cesar.
En un fallo en el que condena a uno de los integrantes de esa misma comunidad que hizo parte del frente Mártires del Cesar y el bloque Norte, bajo el mando de ‘Jorge 40’, los magistrados señalan que el Presidente de la República, como máximo representante del Gobierno, debe tener en cuenta las peticiones de los indígenas hechas durante la audiencia de reparación de víctimas.
El Tribunal advierte que la comunicad kankuama ubicada en Atánquez, Cesar, “fue una de las más golpeadas y violentadas por el accionar paramilitar (...); fue exterminada casi en su totalidad, y quienes quedaron fueron desarraigados, perdiendo su identidad cultural, sus costumbres, por desplazamiento a las ciudades”.
Los representantes de la etnia presentaron a los magistrados “el plan propio para su resguardo”, que se adoptó en una consulta indígena y fue “socializado con el Gobierno Nacional, sin una efectiva respuesta a este”.
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Los indígenas piden, entre otras, garantías para regresar a sus territorios ancestrales en la Sierra Nevada de Santa Marta, “la regulación de las pautas de urbanización y el restablecimiento de sistemas tradicionales de intercambio” de productos. Igualmente, piden que sean tenidos en cuenta en las decisiones del Gobierno Nacional y departamental que puedan afectar el territorio y al pueblo kankuamo.
Además, plantean que en el nuevo modelo de ordenamiento territorial para sus zonas de influencia se revierta la “colonización” para recuperar su “cultura y los fundamentos ancestrales del territorio: sitios sagrados, lengua, tradiciones orales, música, medicina propia, artesanía, usos, costumbres”.
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La Procuraduría General respaldó la petición de los indígenas al considerar que el Estado los debe reparar “por sus líderes asesinados, por la decadencia de sus procesos organizativos rotos (...), por los padecimientos de hambre, salud, generados por el confinamiento o el bloqueo a los abastecimientos y la marginalización de estas comunidades, y sobre todo por la destrucción cultural a la que los ha llevado tenerse que desplazar de su territorio”.
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