El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una tutela que interpuso Funtierra, IPS de Córdoba mencionada en las investigaciones que la Contraloría General lleva por supuestas irregularidades en el manejo de dineros de la salud en el departamento.
En la tutela, Funtierra afirmaba que el organismo de control había violado su derecho al debido proceso, al buen nombre y honra.
La IPS fue vinculada a una investigación que la Contraloría realiza sobre los recursos del Sistema General de Participaciones usados por la administración del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. La auditoría arrojó que, en relación con el pago de recobros a la salud por terapias a niños especiales, hubo un presunto detrimento patrimonial de 3.315 millones de pesos que involucra a Funtierra.
Según la Contraloría, en la época Edwin Preciado Lorduy se desempeñaba como secretario de salud de la Gobernación de Córdoba y Tania Otero es quien figura como representante legal de Funtierra.
Con ponencia del magistrado Henry Aldemar Barreto Mogollón, la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó el recurso de Funtierra, considerando que no se le violó el debido proceso ya que contra esta IPS aún no hay un proceso fiscal en su contra.
El Tribunal le dio la razón a la Contraloría en el sentido en que no debía comunicarle a Funtierra los hallazgos encontrados en la auditoría ya que el objeto de control de este organismo no es Funtierra sino la Gobernación de Córdoba.
En este sentido, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que "las afirmaciones contenidas en artículos periodísticos no son pruebas idóneas ni convincentes de las lesiones constitucionales que se alegan por la accionante y si bien los medios de comunicación, a través de los mismos desarrollan su actividad y mencionan el nombre de éste como presunto determinador de desfalco fiscal frente a servicios médicos pagados en su totalidad con recursos del Sistema General de Participaciones correspondientes al departamento de Córdoba, lo hacen en ejercicio del derecho de libertad de prensa", afirmó el Tribunal.
Adicionalmente la sala del Tribunal manifestó que "el ente de control en cumplimiento de los deberes de los servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se limitó a informar los resultados de sus investigaciones, sin que lo anterior per se implique que se está endilgando responsabilidad alguna a la parte accionante en el presente asunto, máxime cuando no se encuentra proceso o investigación en curso en contra de la accionante".
La investigación por malos manejos de dineros para niños especiales en CórdobaLa Auditoría de la Contraloría evidenció que la Gobernación de Córdoba pagó más de 10.000 millones de pesos por terapias que tenían un componente por fuera del POS, pues se categorizaron como basadas en neurodesarrollo, que no se cancelaron de manera individual sino por paquetes de mínimo 50 y máximo 100 tratamientos.
La Contraloría aseguró que en este caso, al cumplir 50 terapias, se hacía el total de pagos "con lo cual se habrían cancelado también tratamientos que no se realizaron".
El organismo de control afirmó que esos pagos se acordaron en documentos que "no tienen ningún valor legal, como es el caso de un acta informal que suscribió el Secretario de Salud Departamental de la época, Edwin Preciado Lorduy, con la representante legal de Funtierra Rehabilitación IPS S.A.S, Tania Otero Arroyo, pactando las tarifas a pagar".
El organismo agrega que esa acta informal le sirvió a la Gobernación como soporte para proceder a realizar pagos a Funtierra "sin que existieran estudios previos, una propuesta formal de la IPS y el correspondiente contrato, que son los requisitos legales que se exigen en estos casos".
La representante legal de Funtierra, Tania Otero, ha dicho que no es cierto que la Gobernación les haya pagado por tratamientos que estaban incluidos en el POS ni por servicios no prestados. (No hay plata para niños pero sí para cartel de hemofilia en Córdoba').
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