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Decreto que regula el transporte público de lujo sigue con vida por ahora
Taxis de lujo

Servicio público de transporte en taxis y vehículos de lujo.

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Archivo particular.

Decreto que regula el transporte público de lujo sigue con vida por ahora

Servicio público de transporte en taxis y vehículos de lujo.

Consejo de Estado negó medida cautelar que pedía suspenderlo mientras se estudia demanda.

El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional del decreto 2297 de 2015 por medio del cual el Gobierno reglamentó las condiciones para la prestación del servicio público de transporte en taxis y vehículos de lujo.

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La decisión se tomó al estudiar la petición que presentó Jenny Rodríguez, una de las personas que apoyó una demanda presentadas en contra de esa reglamentación, y quien expuso que el decreto habría sido expedido sin tener en cuenta consideraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre barreras a las plataformas tecnológicas y las originadas por la limitación en los cupos de los taxis, entre otros.

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Según la solicitud, esas supuestas falencias constituyeron un desconocimiento del mandato del artículo séptimo de la Ley 1340 de 2009, que establece la competencia de la SIC frente a la regulación de los mercados, entidad que debe rendir concepto previo cada vez que se reglamente un campo determinado.

Además, sostuvo que el Presidente y el ministro de Transporte carecían de competencia para que esta última cartera recibiera la potestad de habilitar las plataformas tecnológicas para operar en la prestación del servicio de transporte porque ello desconoce el principio de neutralidad de internet. 

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El Consejo de Estado negó dichas pretensiones y mantuvo por ahora vigente el decreto mientras estudia de fondo la demanda. 

El alto tribunal dijo que si bien la SIC presentó objeciones frente a la limitación al uso de las plataformas digitales en la prestación de servicios de transporte de lujo, el incremento en las fallas del mercado de taxis, la afectación de la competencia, entre otros problemas, en el decreto se señalan las suficientes motivaciones por las cuales el Gobierno se apartó de tales consideraciones.

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"Si bien el acto censurado reconoce que la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo algunos reparos frente al proyecto regulatorio contenido en el acto censurado, lo cierto es que, de la lectura de los considerados de tal disposición, en principio, lo que observa el Despacho es que sí fueron motivadas las razones por las que las entidades accionadas se separaron del mismo al momento de expedir el acto enjuiciado", dice la decisión.

El Consejo de Estado dijo que en el decreto se señaló que lo que se buscaba con este era incentivar la creación de empresas para prestar el servicio de lujo, que las empresas del servicio básico participaran y que el facultar al Ministerio de Transporte para habilitar a las plataformas tecnológicas pretendía que los usuarios tuvieran certeza sobre las empresas que seguían los parámetros técnicos exigibles.

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También dijo que no se modificó lo relativo a la asignación de matrícula y la capacidad trasportadora, pues se señaló que lo que debían hacer las autoridades de transporte era enviar al Ministerio el estudio que soportara el parque automotor en su jurisdicción.

"Lo anterior pone de presente que, prima facie, las entidades enjuiciadas sí habrían
motivado las razones por las cuales se apartaron del concepto de abogacía de la
competencia expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que en
esta oportunidad procesal sea procedente estudiar sobre su validez y suficiencia,
dado que ello corresponde al análisis del fondo del asunto", dice la decisión.

justicia@eltiempo.com​

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