El testimonio que salpica a dos gobernadores del Cauca

Ana Bolena García es conocida en el Cauca por haber sido campeona panamericana de natación con aletas y por lograr que el actual gobernador de ese departamento, el liberal Óscar Campo, la ratificara como gerente del Instituto Departamental de Recreación y Deportes (Indeporte), entidad que manejó 20.000 millones de pesos en el cuatrienio pasado.

La mujer, abogada de profesión, venía de ser parte del gobierno del exmandatario Temístocles Ortega y gozaba de respeto. Incluso sonaba como candidata a la alcaldía de Popayán. Pero, hace tres meses, su suerte cambió y ahora está a punto de convertirse en testigo de cargo contra el exgobernador Ortega y contra Campo, su sucesor.

El primero de junio, la mujer fue capturada por apropiarse de parte de los mil millones de pesos de un convenio firmado para la dotación de implementos deportivos. La Fiscalía seccional cree tener evidencia suficiente para condenar a García, detenida en la cárcel La Magdalena de Popayán tras ser considerada un peligro para la sociedad.

Pero el caso cambió súbitamente de curso cuando la Secretaría de Transparencia de la Presidencia solicitó a la Corte Suprema y a la Fiscalía que indaguen denuncias según las cuales el actual gobernador y su antecesor están involucrados en el caso. El ‘zar’ anticorrupción, Camilo Enciso, también pidió que el proceso fuera sacado de Cauca por presuntas presiones.

Aunque Enciso se abstuvo en dar detalles, EL TIEMPO estableció que su solicitud se fundamentó en una declaración de Ana Bolena García en la que dice estar dispuesta a confesarle a la justicia que el dinero desviado fue usado para apoyar la campaña del hoy gobernador del Cauca.

“Recibí instrucciones directas del entonces gobernador Temístocles Ortega de usar parte del dinero del convenio en la campaña de Campo, quien fue su secretario de obras”, le dijo García a EL TIEMPO. Y agregó que, a cambio, ella y su equipo serían ratificados en Indeportes, como pasó.

Pero el gobernador y su antecesor niegan que hayan participado en el ilícito. Por el contrario, Ortega asegura que su exfuncionaria hace parte de una máquina delincuencial que funcionaba en Indeportes.

“Esa es la punta del iceberg. Parece que se apropiaron de dineros de otros convenios, y ahora Ana Bolena intenta obtener beneficios judiciales, endilgándoles responsabilidad a quienes nada tienen que ver”, dijo.

Y agregó que acaba de denunciar por extorsión a Carlos Pito, esposo de la exfuncionaria, a quien califica de ser el cerebro del plan para implicarlo en el caso, sindicaciones que Pito rechaza.

De hecho, Ana Bolena García dice tener evidencia que involucra a los dos mandatarios en este y en otros casos de corrupción. Por eso, le pidió a la Corte que le otorgara un principio de oportunidad para confesarlo todo.

De hecho, EL TIEMPO supo que, hace nueve días, la Corte envió a Popayán una comisión del CTI que le tomó su declaración y recolectó evidencia. Entre otros documentos, se llevaron un recibo del Club Campestre de Popayán en el que consta que Claudia Trujillo, contratista de Indeportes –también presa–, pagó 1,5 millones de pesos por un acto político en apoyo a la campaña de Campo.

El hoy gobernador asegura que no sabía quién organizó ese evento. Además, que a esa reunión asistieron otros candidatos a diferentes corporaciones.

Pero en documentos, cuya autenticidad verifica la Corte, se lee que el evento era “para la campaña de Óscar Campo”. Además, que la contratista de Indeportes le prestó 30 millones de pesos a su campaña.

Sobre ese crédito, el gobernador aseguró que fue gestionado por Miguel Eduardo Muñoz y María del Carmen Flores, directivos de su campaña, y que ellos lo deben explicar.

La mención de María del Carmen Flórez ha llamado la atención, pues Ana Bolena García asegura que ella le envió un correo con instrucciones para elaborar 500 camisetas en apoyo a Campo, con plata de Indeportes.

“María del Carmen es cercana al gobernador. Es más, él vive en una casa de esa señora”, dijo García, y Campo lo confirmó.

Pero Flores da otra versión del tema de las camisetas. Si bien admite que le envió un mensaje a García, dice que fue para pedirle datos de un proveedor: “Pero tengo recibos de que la campaña pagó las camisetas”, aseguró.

Sobre el préstamo de la contratista de Indeportes, explicó que los 30 millones eran realmente de ella. Pero, “para evitar suspicacias”, se lo prestó a la contratista para que ella los girara a la campaña. Y agrega que quien sugirió usar a la contratista para esa triangulación fue la propia Ana Bolena García.

Mientras la Corte avanza en la indagación, fuentes de la Fiscalía dijeron que analizan grabaciones y otros elementos probatorios para establecer si hay una estrategia de parte de allegados de García para desviar el caso o si deben avanzar en nuevas hipótesis y en más implicados.

Tanto el exgobernador del Cauca Temístocles Ortega como su sucesor, Óscar Campo, coinciden en que Ana Bolena García busca beneficios judiciales a costa de falsas acusaciones. Así lo dejó estipulado Ortega en una denuncia por extorsión contra Carlos Pito, esposo de la exfuncionaria. “Pito hizo saber que tiene una serie de pruebas de la comisión de delitos por el actual gobernador y mía. Supongo que pretendía que hiciéramos algo para frenar la investigación en Indeportes”, asegura. Y dice que ya se puso a disposición de la Corte y de la Fiscalía y que, por información que le ha llegado, puede afirmar que el desvío de dineros de convenios no fue un caso aislado, sino un modus operandi de García y de otros miembros de Indeportes. El exmandatario también le narró a la Fiscalía dos visitas que, a principios de año, García y Pito hicieron a su residencia y en las que le hablaron de la investigación, pero –dice–, le aseguraron que todo estaba en orden y que los señalamientos de corrupción eran un intento por sacarlo a él de la política. De hecho, el exgobernador asegura que hay políticos de la región detrás de los señalamientos en su contra. El gobernador Campo, por su parte, fue enfático en que nunca se reunió con García para acordar el supuesto desvío de dinero a su campaña, como ella dice. “Estoy revisando si tengo fuero en este caso para que me investigue la Corte. Pero estoy a disposición de las autoridades para demostrar que no tengo nada que ver y que tanto mi conducta como mis cuentas de campaña son transparentes”, aseguró Campo. Y agregó que no hay mérito para apartarse del cargo mientras avanza la investigación.

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