Temas en los que la Corte Constitucional ha cambiado de posición

Temas en los que la Corte Constitucional ha cambiado de posición

Como en consultas populares, también cambió de posición frente a los toros y en caso Cerro Matoso. 

Consulta popular en Cumaral

En la consulta realizada en Cumaral en junio del año pasado, votaron 7.703 personas y el 97 por ciento decidieron que no querían la explotación de hidrocarburos en su territorio.

Foto:

Hernando Herrera/EL TIEMPO

Por: JUSTICIA
12 de octubre 2018 , 12:58 p.m.

El poder que tienen las consultas populares  para prohibir la minería y la extracción de petróleo de sus territorios, no ha sido el único tema en el que en los últimos años el alto tribunal ha cambiado de posición. 

Este jueves la Corte Constitucional aceptó una tutela de Mansarovar Energy, multinacional que abandonar su proyecto de explotación de hidrocarburos en Cumaral (Meta), luego de que una consulta popular en ese municipio, con más de 7.000 votos, la sacó del territorio. 

La Corte aseguró que las comunidades y entidades locales no pueden prohibir por la vía de una consulta popular estas actividades extractivas, pues los territorios son dueños del suelo, pero el Estado es dueño del subsuelo.

Esta decisión es distinta a una que el alto tribunal -aunque con magistrados diferentes- había proferido en el 2016, cuando estableció que los territorios sí pueden prohibir la minería al aceptar la consulta de Pijao (Quindío_) que expulsó a una minera de su región. En ese momento la Corte dijo que los entes territoriales sí tienen competencia para regular el uso del suelo con mecanismos de participación. 

Pero en el 2014 la Corte había dicho otra cosa, con argumentos similares a los que este jueves usó para tumbar la consulta de Cumaral. En ese momento, la Corte dijo que las municipios no pueden prohibir la minería, y aseguró que debe existir una armonización y concertación entre el nivel nacional y territorial frente a los proyectos mineros y de hidrocarburos. 

El cambio de posición puede deberse a que algunos de los primeros fallos son decididos en salas de revisión (de tres magistrados), pero luego tienen una suerte distinta cuando ante una solicitud de nulidad, llegan a ser estudiado por la Sala Plena, de nueve magistrados. 

Los cambios en fallos también pueden explicarse porque en el último año y medio la Corte cambió cinco de sus nueve magistrados. Así, pasó de tener un denominado ‘bloque liberal’, a darle paso a nuevos togados que llegaron con diferentes posiciones.

En el 2017 salieron de la Corte María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza y el cuestionado magistrado Jorge Pretelt. Ellos fueron reemplazados por Antonio José Lizarazo, Carlos Bernal, Cristina Pardo, Diana Fajardo y José Reyes Cuartas.

El caso de las consultas populares no ha sido el único en el que la Corte ha tenido cambios. Uno de los más recientes es el de Cerro Matoso, pues mientras en una decisión de enero de este año -que incluso había sido tomada por los magistrados que hoy sí están- había decidido condenar a la mina de ferroníquel a indemnizar a las comunidades afectadas por su operación, el 20 de septiembre pasado decidió anular esa condena monetaria. 

En el nuevo fallo, que se tomó en Sala Plena y anuló el de la sala de revisión, la Corte afirmó que la tutela está para proteger derechos fundamentales, pero no para ordenar indemnizaciones. En todo caso mantuvieron las órdenes a Cerro Matoso para renovar su licencia y proteger la salud de las comunidades indígenas de Córdoba. 

Otro cambio de posición reciente es el de las corridas de toros, que tuvo un fallo el pasado 21 de agosto. En el 2017 la Corte Constitucional penalizó las corridas de toros y otros eventos con animales a partir del 2019, considerando que los animales son seres sintientes, que los eventos en los que son usados como las corridas, novilladas, peleas de gallos,  no pueden ser excluidos de la ley de maltrato animal, y que su sufrimiento en esos shows  no estaba justificado.

Pero los magistrados de la Corte actual consideraron que sólo el legislativo puede prohibir la tauromaquia, y afirmaron que la anterior Corte violó la cosa juzgada ya que en el 2010 el alto tribunal había dicho que se podía permitir las corridas en municipios con tradición taurina. 

Y en febrero de este año la Corte tumbó la consulta taurina en Bogotá, que se iba a realizar en marzo. Ese mecanismo de participación popular había sido avalado en 2017 por la Corte (con ponencia del magistrado Vargas), considerando que las autoridades locales sí pueden convocar al pueblo para preguntarles si se deben prohibir este tipo de eventos con animales.

Pero la renovada Corte revisó una solicitud de nulidad contra esa decisión, y resolvió que la única autoridad competente para prohibir los toros es el Congreso.

La Corte también cambió de posición en el caso de una tutela que los anteriores magistrados tomaron en el caso de Chinácota (Norte de Santander), a favor de la dueña de un prostíbulo a la que la alcaldía le cerró su negocio considerando que estaba desconociendo el uso del suelo. La Corte actual anuló ese fallo afirmando que el anterior desconoció la autonomía de las alcaldías a regular su suelo. Ahora este caso está pendiente de una nueva decisión y en la última votación quedó 4-4, por lo que será decidido por un conjuez. 

También tumbó una decisión del año pasado en la que se obligaba a Google a retirar un blog por calumnia e injuria.

JUSTICIA

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