La información entregada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los sobornos pagados por el gigante brasileño Odebrecht y las investigaciones adelantadas en el país por la Fiscalía llevaron este jueves a la primera captura por ese escándalo.
Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte y director encargado del Inco en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, será llevado ante un juez para que responda por un soborno de 6,5 millones de dólares que exigió a la compañía brasileña para adjudicar la construcción del tramo dos de la Ruta del Sol.
Se conoció que García fue escuchado en interrogatorio, en la noche del jueves, durante tres horas en el búnker de la Fiscalía y se espera confirmación de la hora para la imputación de cargos.
En un comunicado la Agencia Nacional de Infraestructura, en relación con el caso Odebrech, señaló: "Celebramos la celeridad y resultados que viene teniendo la investigación de los confesos sobornos de Odebrech en Colombia por parte de la Fiscalía General de la nación. Como colombianos compartimos la indignación ante estos hechos de corrupción y esperamos que sobre los culpables caiga todo el peso de la ley". La entidad agrega que espera que prontamente "se conozca la totalidad de la información de la firma Odebrech, sobre las personas a las que ellos pagaron los sobornos".
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García Morales es delfín de una reconocida familia de la Costa y fue mano derecha del fallecido Andrés Uriel Gallego en los últimos meses en el Ministerio de Transporte. Hace un mes, cuando los reflectores empezaron a apuntar sobre él, aseguró que tenía “la conciencia tranquila” y que siempre actuó dentro del marco de la ley y “en cumplimiento cabal de las normas vigentes”.
Sobre las 6 p. m. de este jueves, sin embargo, fue capturado en el sector de El Chicó, en el norte de Bogotá. Un juez avaló la orden de detención desde la noche del miércoles por los delitos de cohecho, interés indebido en celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. Se expone a más de 20 años de prisión y el siguiente paso será un proceso de extinción de dominio en su contra.
El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que ese pago “se llevó a cabo para lograr la adjudicación, por parte del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), dirigido en calidad de encargado por Gabriel García Morales”, de esa megaobra en diciembre del 2009. El contrato fue firmado en enero del 2010 por 2,4 billones de pesos. En la investigación, que además cuenta con la colaboración de la firma en Colombia, hay evidencias de que García “exigió el pago de US$ 6,5 millones para garantizar que Odebrecht fuera la única firma habilitada para la licitación, excluyendo a otros competidores, para que le fuera otorgada la concesión, como en efecto ocurrió”.
No se trata del único negocio de Odebrecht en el que se habrían pagado sobornos. Tal como lo señaló en su momento la justicia de Estados Unidos, los sobornos de la firma en el país alcanzaron los 11,5 millones de dólares.
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La Fiscalía dice que la diferencia “se utilizó para obtener otras obras públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la actual administración”. Paradójicamente, la ANI nació en el 2011, en el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos, para acabar con los escándalos que caracterizaron la corta vida institucional del Inco, varios de cuyos altos funcionarios terminaron en líos judiciales.
El jueves en la noche, el director de la Agencia, Luis Fernando Andrade, se abstuvo de pronunciarse sobre el señalamiento del organismo investigador. El Fiscal General dijo también que hay rastros de corrupción en contratos asignados a Odebrecht por Gobiernos locales y regionales.
“No se trata solo de contratos del orden nacional. Se han identificado contratos del orden local con entidades territoriales”, aseguró. En ese sentido, anunció la judicialización “de un mayor número de intervinientes” en ese ilícito. Lo que la Fiscalía considera probado es que “la firma Odebrecht efectuó pagos para obtener varios contratos de obra en Colombia”, para lo cual se usaron varios mecanismos de fachada.
En el caso del tramo dos de la Ruta del Sol, las coimas se entregaron en Brasil, a través del Departamento de Operaciones Estructurales de Odebrecht, “que según las pruebas en poder de la Fiscalía era el mecanismo mediante el cual esa firma hacía los pagos derivados de la corrupción”. La investigación recabó documentos “sobre esos pagos”.
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Tras una investigación exprés, la Fiscalía determinó que el último gran megacontrato de Odebrecht, la recuperación de la navegabilidad por el río Magdalena, no tiene hasta ahora indicios de irregularidades. Sin embargo, dijo el Fiscal, la meta es “establecer la totalidad de terceros y servidores públicos que tienen responsabilidad en los hechos delictivos hallados”. La justicia colombiana rastrea en el exterior los bienes producto de la corrupción en el país.
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