Aunque cumplió un año el fallo mediante el cual la Corte Constitucional ordenó a las autoridades delimitar los 36 páramos que hay en Colombia y prohibir la minería y explotación petrolera en esas zonas, ese proceso avanza a paso de tortuga.
Las acciones que han emprendido las corporaciones autónomas regionales (CAR) de las diferentes zonas para cumplir con esa sentencia han sido incipientes, y las medidas del Ministerio de Ambiente, como cabeza del Sistema Nacional Ambiental (Sina) también “han presentado deficiencias”, según la Contraloría. Si bien en esa tarea las instituciones han invertido en total 56.628 millones de pesos, aún no se ha cumplido ese propósito.
A diciembre del año pasado, la Contraloría detectó que solo se ha logrado la delimitación de 19 complejos de páramo, mientras que seguían pendientes de ese proceso 17 (2,01 millones de hectáreas), que representan el 71 por ciento de la superficie total de estos ecosistemas, que cubren 2,08 millones de hectáreas.
Los páramos delimitados apenas alcanzan las 803.000 hectáreas.
Preocupa que de los 17 páramos sin delimitar, el 60 por ciento carezca de instrumentos para su protección. En esos casos, el Ministerio ni siquiera ha recibido los insumos necesarios por parte de las CAR para aclarar su área. Sitios claves como el páramo Cruz Verde-Sumapaz, con un área de 315.066 hectáreas y priorizado por un convenio desde el 2013, continúa sin demarcar. Lo mismo ocurre con el páramo del Cocuy (271.032 hectáreas), Las Hermosas (192.092 hectáreas), Almorzadero (157.705 hectáreas), La Cocha-Patascoy (152.830 hectáreas), la Sierra Nevada de Santa Marta (148.066 hectáreas) o el Nevado del Huila-Moras (147.186 hectáreas).
Lo más inquietante es que de los 36 páramos del país, 30 tienen actividades agropecuarias que cubren 330.780 hectáreas. En los 19 complejos de páramo delimitados, al menos en 14 se sigue presentando esa explotación, lo mismo que en 16 páramos sin delimitar.
El más afectado por la agricultura es el de Tota-Bijagual-Mamapacha, que aunque ya cuenta con una resolución para ser delimitado, tiene 43.438 hectáreas afectadas con producción agrícola.
Y si la agricultura preocupa, las actividades mineras también mantienen la alerta de la Contraloría. Al menos en 20 áreas de páramo se ha encontrado la explotación de hidrocarburos y recursos no renovables. De ese total, hay 12 páramos que no están delimitados. En el de Guantiva-La Rusa se ha detectado trabajo minero en 56.685 hectáreas. También en el Cocuy, Sumapaz, Perijá, La Cocha-Patascoy y la Sierra Nevada de Santa Marta.
Lo más cuestionable es que esta actividad también afecta a los páramos que sí tienen una delimitación, pues el estudio plantea que en 8 de esos ecosistemas demarcados se encontró explotación minera en 70.166 hectáreas, lo que representa el 8,74 por ciento del área de páramo delimitada en el país.
En el de Santurbán-Berlín, la corporación autónoma regional “no ha tomado acciones para acatar la decisión de la Corte”.
El páramo delimitado más afectado con minería es el de Bijagual-Mamapacha, que tiene 52.741 hectáreas con explotación, seguido por el Rabanal y río Bogotá, con 9.873 hectáreas.
Lo mismo ocurre con el de Miraflores, en donde Corpoamazonía y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena no han continuado con la explotación de hidrocarburos, a pesar de un contrato que fue suscrito por la Autoridad Nacional de Hidrocarburos con la empresa Emerald Energy. La superficie afectada en ese caso cubre un 12 por ciento de todo el páramo, que mide 2.320 hectáreas.
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