Las dudas de Corte Suprema sobre magistrada que sigue siendo militar

Las dudas de Corte Suprema sobre magistrada que sigue siendo militar

Corte la apartó de casos de Uribe. Hay dudas sobre su independencia, por seguir en el Ejército.

Cristina Lombana

Cristina Lombana ha sido jueza militar durante los últimos 14 años.

Foto:

Mindefensa

Por: Milena Sarralde Duque
14 de mayo 2019 , 07:18 p.m.

Este lunes la Corte Suprema de Justicia determinó que la magistrada Cristina Lombana tendrá que apartarse de dos investigaciones que llevaba contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

Uno de los argumentos del senador Iván Cepeda para recusarla consistió en que hace años la magistrada trabajó por un corto tiempo con el abogado Jaime Granados, quien representa a Uribe. También que al ser jueza penal militar fue subordinada del expresidente Uribe cuando él, como Presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Militares, fue su superior jerárquico.

Aunque la Corte no aceptó esos argumentos, sí encontró razones para apartarla del caso de Uribe por una tercera razón que alegó Cepeda: la magistrada sigue siendo jueza penal militar activa, lo que pone en duda su independencia para fallar en el alto tribunal.

Esto significa que más allá del caso Uribe, la misma Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala Especial de Instrucción que evaluó su recusación, considera que esa doble pertenencia de la magistrada a las Fuerzas Militares y a la Rama Judicial podría poner en aprietos su independencia para tomar decisiones en la Corte.

“La calidad de comisionada de la magistrada recusada, que preserva el régimen de carrera de los oficiales del cuerpo de la Justicia Penal Militar, y conserva su rango militar y su vinculación con las Fuerzas Militares, suscita cuestionamientos en su independencia e imparcialidad judicial”, dice el fallo, conocido por EL TIEMPO.

Preserva el régimen de carrera de los oficiales del cuerpo de la Justicia Penal Militar, y conserva su rango militar (...) suscita cuestionamientos en su independencia e imparcialidad judicial

Este fallo, firmado por los magistrados César Augusto Reyes Medina, Héctor Javier Alarcón, Francisco Javier Farfán y Marco Antonio Rueda Soto, integrantes de la Sala Especial de Instrucción, pone en duda qué pasará con la condición de Lombana como magistrada de la Corte -tribunal que la eligió el año pasado, y que en ese momento no vio problemática su condición de jueza penal militar-, y si tendría que apartarse de más casos o de todos.

El alto tribunal encontró que Lombana “ostentaba y ostenta a la vez la calidad de miembro activo del Ejército Nacional en grado de mayor, al momento de haberse posesionado en tal condición en la Corte Suprema de Justicia como magistrada de la Sala Especial de Instrucción”. Así, la magistrada Lombana al estar activa como integrante del Ejército, hace parte, además de la Corte, de una institución que está adscrita al poder Ejecutivo.

En el Ejército la magistrada Lombana, dice la Corte, “ejerce funciones judiciales en la Justicia Penal Militar como jueza de instrucción, sin sujeción de mando”, y su nominador es el Ministerio de Defensa.

Para los magistrados que estudiaron el caso de Lombana, el origen gubernamental y castrense que tiene Lombana en la Justicia Penal Militar “suscita cuestionamientos en su independencia e imparcialidad judicial, derivados, como ya lo precisó la sala, de su particular situación administrativa”.

Cristina Lombana

Cristina Eugenia Lombana fue elegida en la Corte Suprema de Justicia el año pasado.

Foto:

Corte Suprema de Justicia

La Corte dice, sin embargo, que no es válido señalar a la magistrada de querer tener el conocimiento de los casos de Uribe, a sabiendas de que tiene un supuesto interés en el proceso, -como lo concluyó Cepeda en la recusación-.

Así, el alto tribunal dice que más allá de esa antigua subordinación legal que tuvo Lombana con Uribe (cuando fue Presidente), hay un riesgo para “el aprestamiento de la justicia, el principio de confianza y la legitimidad de los fallos judiciales” por su estatus de militar en servicio activo. Ese estatus, según la corporación, genera “una duda o sospecha razonable de que la mayor Lombana pueda separarse voluntariamente de sus legítimos intereses personales en razón de la carrera administrativa de la cual es beneficiaria”.

Esto porque, dice la Corte, el régimen militar le impone especiales cuidados en su trabajo para no perder beneficios, ascensos o reconocimientos “eventuales condicionamientos que pondrían en riesgo su independencia e imparcialidad como funcionaria de la jurisdicción ordinaria”.

Los jueces deben estar libres de conexiones e influencias inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo

Corte considera entonces que desde la carrera administrativa en la Fuerzas Militares podrían llegar situaciones que afecten su tranquilidad, ya sea porque una decisión suya la perjudique en cuanto a su grado militar, régimen prestacional, la suspendan o la desvinculen del órgano castrense.

Es entonces esa doble pertenencia de la magistrada a la Rama Ejecutiva (por el lado del Ejército) y a la Rama Judicial (por el lado de la Corte Suprema) la que puede generar una desconfianza social, debido a que se podría vulnerar el principio de la separación de poderes.

Otro punto que no juega a su favor es que el periodo para un magistrado de la Corte Suprema de Justicia es de 8 años, mientras que la comisión administrativa, que le permite a un miembro de las Fuerzas Militares apoyar a una entidad distinta a esa institución castrense, según las normas tiene un periodo máximo de 6 años.

Por eso, la Corte concluye que los funcionarios judiciales deben tener una dedicación exclusiva a la labor judicial para prevenir que su cargo pueda ser usado para otros intereses personales o ajenos. Así, dijo que en el caso de Lombana se debería hacer una evaluación amplia de las causales por las que un juez puede ser recusado, para encontrar que hay una “condición supralegal de impedimento” que está vinculado con la “incompatibilidad del funcionario de la Rama Judicial cuando se es miembro activo de la Fuerza Pública”.

Finalmente, el alto tribunal concluyó que los jueces deben estar libres de “conexiones e influencias inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo” y con las partes en un proceso judicial.


MILENA SARRALDE DUQUE
JUSTICIA
En Twitter: @MSarralde @PazYJusticiaET

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