El exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, condenado a 18 años de cárcel por su responsabilidad en el ‘carrusel’ de la contratación en la ciudad, asumió su propia defensa en el juicio fiscal que le adelanta la Contraloría General y por el que podría ser condenado al pago de una millonaria sanción.
(Además: Emblemática condena por corrupción contra Samuel Moreno Rojas)
El viernes, durante la audiencia de descargos en el organismo de control, Moreno Rojas se presentó como abogado y luego de leer su tarjeta profesional sostuvo que se defenderá él mismo en la investigación por irregularidades en el manejo de cerca de 400.000 millones de pesos del contrato 137 de la calle 26.
Caroline Deyanira Urrego Moreno, Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, sostuvo que la investigación se inició usando el control excepcional del organismo para examinar el manejo que se les dio a millonarios recursos de los bogotanos.
En la auditoría realizada por la Contraloría se encontró que se eliminaron obras por un monto de 43.011 millones de pesos. Adicionalmente se incrementó el valor del contrato por un otrosí suscrito el 13 de julio del 2010 entre el IDU y el contratista. El valor del contrato se aumentó por 96.283 millones de pesos, sumas que “constituyen un presunto detrimento al erario en cuantía de 139.295 millones de pesos”. (Lea también: Los capítulos pendientes del 'carrusel' de la contratación)
En ese contrato también se encontró “la vulneración de los principios de selección objetiva y transparencia, por el incumplimiento reiterado y generalizado de la normatividad que regula la contratación estatal y el manual de contratación e interventoría del IDU, mediante el empleo de la figura del contrato adicional, sin surtirse procesos licitatorios y sin contar con unos adecuados estudios previos, que los justificaran técnica, económica y jurídicamente”.
Durante la diligencia se escucharon varios testigos, como Arturo Fernando Rojas, exsecretario de infraestructura, y Luz Patricia González, exdirectora de la Secretaría de Movilidad, quienes fueron interrogados por Moreno Rojas.
El exalcalde es investigado por el mismo contrato por el que fue destituido e inhabilitado por 18 años por la Procuraduría General. En agosto del 2015 el entonces jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, encontró responsable a Moreno Rojas de tener “intereses directos e ilegales” en esa millonaria cesión que los Nule le hicieron al Grupo Empresarial Vías de Bogotá, Conalvías.
El expediente señalaba que el exalcalde presionó a los directores del IDU Liliana Pardo, prófuga de la justicia, y Néstor Eugenio Ramírez Cardona para que favorecieran a Conalvías.
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