Sala Disciplinaria de Judicatura ordena devolver bienes del 'Mellizo'

Sala Disciplinaria de Judicatura ordena devolver bienes del 'Mellizo'

Aceptó un fallo de tutela de dos ciudadanos que dijeron que los compraron de buena fe. 

Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo

Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo.

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Juan Carlos Escobar / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
19 de octubre 2020 , 11:28 a. m.

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió levantar las medidas cautelares que había sobre tres propiedades que se le habían incautado a 'los Mellizos' Miguel Ángel Mejía Múnera (hoy detenido en Estados Unidos) y su hermano fallecido Víctor Manuel, quienes habían entregado esos predios para reparar a las víctimas, como supuestos desmovilizados del Bloque Vencedores de Arauca.  

Esta Sala, con ponencia del magistrado Pedro Alonso Sanabria, ordenó quitarles las medidas cautelares a cuatro predios (un apartamento y tres parqueaderos) que eran reclamados por dos particulares, quienes afirmaron que se los compraron a Iván Álvarez Irragori de buena fé, quien luego fue señalado como supuesto testaferro de 'los Mellizos'. Por eso interpusieron una tutela para que se los desvolvieran. 

Ellos insistieron en el recurso judicial que los bienes habían sido adquiridos de forma lícita, "prudente, diligente y transparente", pues incluso en su compra intervino una reconocida agente inmobiliaria de Barranquilla. También afirmaron en su recurso que durante la compra de las propiedades no se encontraron irregularidades en el perfil del vendedor, ni que estuviera reportado en la lista Clinton, o tuviera antecedentes penales. 

(Lea también: La playa pública que narco había ofrecido para reparar a las víctimas). 

Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía General determinaron que ellos no tenían la capacidad económica para obtener esas propiedades. 

En una primera decisión, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla había mantenido las medidas restrictivas en contra de esos predios. En ese proceso, la Fiscalía insistió en que el principal argumento para ocupar esos bienes consistió en que "no hubo una buena fe exenta de culpa que permitiera constituir de manera legal la propiedad en cabeza de los propietarios aparentes y ello no fue desvirtuado". 

En un auto del 19 de febrero de este año la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia  confirmó la decisión de mantener las medidas cautelares sobre etas propiedades, y afirmó que los compradores no tomaron acciones diligentes para verificar el origen de los bienes a pesar de que era "de público conocimiento en la sociedad barranquillera" los vínculos de amistad y negocios que tenían los hermanos Mejía Múnera y los hermanos Álvarez Iragorri", quienes han sido señalados como testaferros de 'los Mellizos'. 

(Lea: En medio de polémicas, se mueven fichas para fin de Sala Disciplinaria). 

Sin embargo, la Sala Discilpinaria de la Judicatura aceptó la tutela de los dos ciudadanos y aseguró que se les vulneró sus derechos al debido proceso, igualdad y propiedad. 

Según el fallo, aunque es cierto que los tutelantes "no adoptaron medidas de extrema acuciosidad" cuando compraron los bienes, "ellos pueden llegar a verse afectados sin justificación válida, en el evento en el cual se adopten acciones que impacten negativamente en sus derechos de propiedad, sin que antes se surta un juicio que establezca los supuestos en los que se funda el proceso de extinción de dominio de marras". 

Para la Judicatura, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional, solo se puede aplicar la extinción de dominio cuando el titular es el mismo de los bienes cuyo dominio se pretende extinguir, y cuando no haya terceros de buena fe exenta de culpa que se puedan ver perjudicados con ese proceso. 

(Además: Magistrados que llevan 12 años en Judicatura deberán dejar sus cargos). 

Dice el fallo de la Sala Disciplinaria que no se le puede exigir a un ciudadano que indague la historia del bien que está adquiriendo ni las condiciones de la persona que se lo está transfiriendo. "Si el propio Estado no ha podido establecer el origen ilícito de un bien, no tiene por qué pedírsele a un ciudadano que ha actuado de buena fe que lo haga". 

Si el propio Estado no ha podido establecer el origen ilícito de un bien, no tiene por qué pedírsele a un ciudadano que ha actuado de buena fe que lo haga

Y es que según el fallo esa buena fe se probó porque los ciudadanos compraron el inmueble, no de forma directa, sino a través de una inmobiliaria. Además, con la ayuda de un banco hicieron dos operaciones de crédito para poder pagar las propiedades, entidad que "realizó el estudio y análisis a los participantes en el negocio jurídico". 

Pero además, dice el fallo de Pedro Sanabria (conocido como uno de los magistrados eternos de la Judicatura, porque ya suma 12 años en el cargo), el vendedor de las propiedades -Iván Álvarez Iragorri- no aparecía para esa época en la lista Clinton. De otro lado, señala la Sala Disciplinaria, cuando Álvarez compró este predio a G.B Construcciones Ltda, el notario encargado de las escrituras públicas no hizo ninguna observación sobre alguna ilegalidad en esa transacción. 

Frente a lo que indicó la Corte Suprema, en el sentido en que los reclamantes no informaron sobre esa propiedad en su declaración de renta, la Sala Disciplinaria de la Judicatura dijo que aunque esa situación "supone un indicio en contra", no contrasta de lleno con las demás pruebas que dan "cuenta de la buena fe exenta de culpa de los accionantes". 

Así las cosas, la Sala Disciplinaria ordenó tumbar el fallo de la Corte Suprema, y cancelar las medidas cautelares sobre los bienes mientras los jueces deciden de fondo en este proceso de extinción de dominio. 

JUSTICIA

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