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Defensa del exgobernador Richard Aguilar pide nulidad del proceso
Richard Aguilar

Momentos de la captura del exmandatario de Santander.

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Fiscalía

Defensa del exgobernador Richard Aguilar pide nulidad del proceso

Momentos de la captura del exmandatario de Santander.

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Fiscalía

Abogado del exmandatario asegura que la indagatoria rendida no se puede equiparar a una imputación.

Ante la Sala Especial de Primera Instancia, la defensa del exgobernador de Santander Richard Aguilar solicitó que se anule el proceso que avanza en su contra por presuntos actos de corrupción.

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El argumento presentado por el abogado Iván Cancino es que luego de la renuncia al senado de Aguilar y el envío por parte de la Corte Suprema a la Fiscalía del expediente, todo el caso debe iniciar casi de ceros pues, en su criterio, la diligencia de indagatoria que rindió ante el alto tribunal bajo el procedimiento de la Ley 600 de 2000, no se puede equiparar con la audiencia de imputación de cargos de la Ley 906 de 2004.

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Con este argumento, el mismo presentado por la Fiscalía en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la defensa de Aguilar pide que el caso se retrotraiga a la fase de investigación para que el fiscal del caso determine si hay lugar a imputar cargos o no.

En este caso, a diferencia del del expresidente, la Fiscalía no cuestionó la calidad de imputado de Aguilar y procedió a acusarlo por presuntas irregularidades en contratos suscritos durante su mandato (2012-2015).

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La acusación se iba a formalizar este miércoles en una audiencia ante la Sala Especial de Primera Instancia, en la que el abogado Cancino expresó sus argumentos sobre este debate.

En su criterio, la indagatoria y la imputación de cargos no se pueden equiparar por múltiples razones, como que en la primera no se hace una delimitación clara y específica de los hechos jurídicamente relevantes sobre los cuales será investigada una persona, pues en la indagatoria se hace un interrogatorio al procesado.

"En la comunicación, la Fiscalía tiene que hacer el trabajo de establecer los hechos jurídicamente relevantes y manifestarlos al procesado. En la indagatoria el magistrado pregunta, indaga, le saca los hechos que son percepción del indagado, no le comunica los hechos", dijo.

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Según dijo Cancino, en la indagatoria de Aguilar en su momento se pidieron precisiones sobre las conductas endilgadas ante lo cual en al menos en una ocasión se respondió que tal asunto "debía revisarse con más detenimiento".

El jurista indicó que no solo la imputación y la indagatoria no son asimilables pero que si así sucede, sería nula. En ese sentido, Cancino dijo que en este caso se han presentado varias irregularidades y violaciones al debido proceso.

En la audiencia, la Fiscalía defendió su actuación e indicó que lo correcto era seguir con el proceso y pidió desestimar la nulidad. En el mismo sentido se manifestó la Procuraduría.

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La acusación

A comienzos de octubre, la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra el exgobernador por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Según la investigación, Aguilar habría direccionado irregularmente desde la gobernación de Santander la contratación de obras civiles y del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para favorecer a terceros que supuestamente se comprometieron a pagar dádivas

El escrito de acusación resalta que el exmandatario habría constituido "una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos, familiares y otros particulares que, supuestamente, se comprometieron a entregarle el 10 por ciento de cada obra o proyecto adjudicado", dijo la Fiscalía.

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Los elementos recolectados por la Fiscalía muestran que mientras estuvo al frente de la gobernación, entre 2012 y 2015, Aguilar Villa creó un comité asesor para, supuestamente, orientar a su manera los procesos contractuales en el departamento.

Pero además, la investigación del ente acusador indica que Aguilar nombró a dos personas de su confianza como secretaria de Infraestructura y director de Gestión de Infraestructura para garantizar que la contratación se ajustara y quedara en manos de las personas que él encomendaba.

El primero era para el reforzamiento estructural del estadio de fútbol y adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero, suscrito en febrero de 2014, y cuyo valor superó los 15.278 millones de pesos. El segundo es un contrato de interventoría y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos.

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También se investigó un contrato para mejoramiento, rehabilitación y pavimentación del Corredor Agroforestal y Energético, celebrado en diciembre de 2014. Este contrato fue entregado a la Unión Temporal Promesa Sociedad Futura Unidos por Santander S.A.S, de la que era empleado el primo hermano del papá del exmandatario.

En cuarto lugar, se analizó otro negocio jurídico para el suministro de raciones alimentarias para estudiantes de colegios oficiales de 82 municipios del departamento.

El quinto fue para obras en el corredor vial San Gil – Charalá (Santander), celebrado en septiembre de 2014.

Y el sexto contrato fue para la construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga – Floridablanca (Santander), suscrito en septiembre de 2014.

justicia@eltiempo.com
@JusticiaET

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