Aumenta la grave tensión entre las cortes colombianas y EE. UU.

Aumenta la grave  tensión entre las cortes colombianas y EE. UU.

Retiro de visa a magistrados elevó malestar tras denuncias de chuzadas y presiones sobre ley de JEP.

Magistrados Eyder Patiño, Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Eyder Patiño, y de la Corte Constitucional Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo.

Foto:

Cortesía: Cortes

Por: Justicia
11 de mayo 2019 , 07:25 p.m.

Más allá de lo que suceda a partir de este lunes, para cuando está prevista una reunión entre funcionarios de la embajada de EE. UU. y la magistrada de la Corte Constitucional Diana Fajardo, para hablar de una notificación que le hicieron por correo electrónico sobre cambios en las condiciones de su visa, la tensión entre las cortes colombianas y el Gobierno estadounidense ha ido escalando.

Si bien es claro que cada país es libre de otorgar o negar la entrada de una persona a su territorio, según las cortes hay “presiones” y “retaliaciones” por fallos de los altos tribunales que afectan intereses de EE. UU., como la extradición y el uso del glifosato para combatir los cultivos de coca

Así como la magistrada Fajardo, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Éyder Patiño, recibió hace unos días una notificación por correo. A él le dijeron que le retiraban la visa estadounidense.

Estos dos hechos fueron antecedidos por un mensaje al también magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo, quien antes de Semana Santa recibió la noticia de que le retiraban el permiso para entrar al país norteamericano. Él, por su cuenta, se presentó a la embajada de EE. UU. para aclarar su situación y recuperó el visado.

Lizarazo fue el ponente de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que objetó el presidente Iván Duque. Además, debe presentar ante la Corte Constitucional en los próximos días una ponencia sobre la decisión que debería tomar este tribunal respecto a la petición que le hizo el Senado para que evalúe si Duque debe o no sancionar la ley. Esto, ante las dudas sobre la mayoría calificada en la votación que rechazó las objeciones presidenciales en esa corporación.

Patiño, por su lado, fue el magistrado ponente del fallo de la Corte Suprema que negó la extradición del indígena José Martín Yama, acusado por EE. UU. de narcotráfico. Este tribunal consideró que ya había pagado en Colombia la pena impuesta por la justicia indígena, de 10 años, y que no podía ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

Sobre la cancelación de su visa, Patiño sostuvo que se dio como una respuesta a sus posiciones jurídicas “que le han resultado incómodas a algún sector de la opinión”, pero dijo: “Eso no va a amilanarnos”.

posiciones jurídicas “que le han resultado incómodas a algún sector de la opinión (...) Eso no va a amilanarnos”.

Visita a Duque

Ante las novedades con las visas de dos magistrados de la Corte Constitucional, la presidenta de esta corporación, Gloria Ortiz; el vicepresidente, Alberto Rojas, y la magistrada Fajardo pidieron cita con el presidente Iván Duque. El lunes se reunieron con el mandatario y le manifestaron su preocupación por lo que consideraban “una presión” del Gobierno de EE. UU. sobre ese tribunal. Le solicitaron, incluso, que les ayudara a aclarar la situación con el embajador Kevin Whitaker.

Ya el viernes, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la JEP coincidieron en que respetan la autonomía de los Estados y sus representantes diplomáticos, pero rechazaron resoluciones que puedan tomarse para presionar decisiones judiciales.
El Consejo de Estado dijo que no debe utilizarse “ningún elemento, decisión o actuación como mecanismo de presión o represalia frente a las decisiones judiciales”. Y la JEP rechazó “cualquier decisión o circunstancia que sirva de mecanismo de presión indebida”.

La Corte Suprema, puntualmente, consideró “cualquier interferencia, acto injusto, persecución, seguimiento o interceptación ilegal” contra los magistrados como “una agresión contra la independencia judicial”, que, dijo, “no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos”.

Supuestas chuzadas

Ese tribunal se refirió a interceptaciones porque hace dos semanas la Corte Constitucional denunció supuestas chuzadas, y varios magistrados dijeron a distintos periodistas que sospechaban del Gobierno estadounidense. La Corte pidió a la Fiscalía y a la Policía investigar.

Ante las denuncias, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que él mismo había alertado al tribunal constitucional sobre una red que buscaría interceptarla para enterarse de la vida privada de los magistrados, extorsionarlos y conseguir fallos favorables.

La creciente tensión entre EE. UU. y las cortes comenzó luego de que la embajada de ese país canceló una cena programada con los magistrados del tribunal constitucional por denuncias del representante a la Cámara John Jairo Cárdenas –a quien también le quitaron la visa–, según las cuales el embajador Whitaker había invitado a desayunar a varios colegas para presionar una votación a favor de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.

En su momento, la embajada de EE. UU. dijo que la cena se había cancelado por las “inquietudes” que había generado la invitación. Aseguró que hacía ese tipo de encuentros regularmente para “fortalecer la cooperación bilateral, respetando siempre la soberanía y la independencia de Colombia”

El Gobierno de Colombia y su canciller deberían enviar una carta a (...) Estados Unidos quejándose y pidiendo explicaciones, porque es una intromisión en los asuntos internos de Colombia

Llamado al Gobierno

Expertos en relaciones internacionales y derecho internacional ven relación entre el retiro de visas y las decisiones que están tomando las altas cortes. Le piden al Gobierno que se pronuncie y le exija a EE. UU. respeto hacia la justicia colombiana.

El riesgo, dice el profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario Enrique Prieto, es que “la injerencia de Estados Unidos” genere “miedo no solo a los magistrados, sino también al Poder Legislativo”.

Por eso, agrega Prieto, “lo que deberían hacer el Gobierno de Colombia y su canciller es enviar una carta al Gobierno de Estados Unidos quejándose y pidiendo explicaciones, porque es una intromisión en los asuntos internos de Colombia”.

En el mismo sentido, el decano de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, padre Luis Fernando Múnera, dice que “retirar las visas cuando se están discutiendo temas tan delicados (en las cortes) es una presión”.

Y llama la atención sobre el hecho de que “la agenda entre Estados Unidos y Colombia está otra vez marcada por el narcotráfico”, con lo que –agrega Múnera– “estamos perdiendo el terreno ganado en unas relaciones respetuosas de cooperación”.

No es la primera vez que EE. UU. retira la visa a funcionarios judiciales colombianos, pero en otros casos lo ha hecho cuando tienen investigaciones penales formales por actuaciones irregulares.

Es el caso de la exdirectora administrativa de la JEP Martha Lucía Zamora, y de Jorge Pretelt, exmagistrado de la Corte Constitucional. Zamora es investigada por supuestos favorecimientos a exguerrilleros de las Farc que se acogieron a la JEP, y Pretelt, por corrupción.

Pero ni la magistrada Fajardo, ni Patiño ni Lizarazo han sido notificados sobre investigaciones. De hecho, el Fiscal General le dijo a este diario que hasta la fecha el ente acusador no tiene información que comprometa a magistrados de las cortes en hechos de corrupción. Y que no hay elementos para compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra ningún integrante de las altas cortes.

Por lo pronto, las cortes están a la espera de un pronunciamiento del presidente Duque sobre lo que han considerado una presión indebida de EE. UU. sobre la justicia colombiana.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiayPazET

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