Reparos entre los magistrados por la impugnación de la primera condena

Reparos entre los magistrados por la impugnación de la primera condena

Uno de los magistrados de la Corte se apartó del fallo porque 'afecta la seguridad jurídica'. 

Corte Constitucional

La Corte Constitucional exhortó al Congreso a crear una ley para impugnar los primeros fallos condenatorios. 

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Carlos Ortega / EL TIEMPO

Por: Justicia
23 de mayo 2019 , 04:19 p.m.

La decisión de la Corte Constitucional que permitió reabrir con efectos retroactivos las condenas impuestas contra ciudadanos en segunda instancia, y que no tuvieron la posibilidad de ser impugnadas, ha generado un intenso debate no sólo en la opinión pública, sino también entre los mismos magistrados. 

Ese fallo resolvió un caso particular de un concejal en Huila al que se le archivó un proceso penal en primera instancia, pero que en la segunda instancia, cuando su proceso llegó al Tribunal Superior de Neiva, fue condenado.

La única alternativa que tenía el concejal era casar su fallo ante la Corte Suprema de Justicia, pero el exfuncionario no quería ese recurso sino impugnar la sentencia ya que la impugnación permite controvertir todos los aspectos de un fallo -como pruebas, testimonios, etc-, mientras la casación es mucho más restrictiva, pues se limita a revisar si la decisión del anterior juez se ajustó o no a los preceptos legales. 

La Corte Constitucional le permitió al concejal impugnar su sentencia que ya estaba ejecutoriada para el 2016, lo que abrió la puerta a revisar condenas impuestas en segunda instancia, de forma retroactiva, decisión que trae efectos sobre un sinnúmero de casos de ciudadanos del común que podrían estar en la misma situación. 

Pero además, el fallo de la Corte exhortó al Congreso a crear una regulación para permitir la impugnación de la primera sentencia condenatoria en materia penal,  orden en la que no estableció ningún límite de tiempo, lo que podría llevar a que el legislativo reabra cientos de casos de altos funcionarios cuyos procesos ya habían sido cerrados por la Corte Suprema de Justicia. 

Si bien el fallo de la Corte Constitucional, por ahora, tiene efectos directos sobre un caso específico de un concejal condenado en segunda instancia, lo que está claro es que el exhorto del alto tribunal al Congreso tiene otros efectos indirectos, pues termina ambientando una ley que desde hace rato estaba en la agenda del Centro Democrático, que busca crear una norma para impugnar los fallos de condenados por la Corte Suprema de forma retroactiva.  

Será el Congreso el que determine, entonces, hasta dónde llegará la impugnación de fallos de segunda instancia -un tema que afecta a los colombianos en general- y de única instancia -un tema que afecta a los altos funcionarios con fuero-. Ante la incertidumbre de cuánto puede costar esto, y cuál sería el mecanismo, la misma Corte Constitucional exhortó al Consejo Superior de la Judicatura, al Gobierno y a la Corte Suprema a que hagan un diagnóstico sobre qué recursos presupuestales y administrativos se necesitan "para la puesta en marcha del procedimiento que garantice la impugnación de la primera sentencia condenatoria".

A pesar de que esta decisión se tomó con ocho votos contra uno, está claro que entre los magistrados hay dudas y aclaraciones importantes frente a dicho fallo. El magistrado que se apartó de la decisión mayoritaria y que votó en contra a lo decidido por la Corte Constitucional es Carlos Bernal, quien tuvo serios reparos. 

En su fallo, la Corte aseguró que la doble conformidad en las sentencias judiciales (que implica que dos jueces e instancias distintas estén de acuerdo en que una persona es responsable penalmente, para que se mantenga su condena) es una garantía, pues permite que una persona que fue absuelta en una primera instancia, y condenada en la segunda, pueda controvertir todos los elementos de esa sentencia. 

En su salvamento de voto, Bernal asegura que permitir esa doble conformidad y la impugnación de las condenas impuestas en segunda instancia afecta la "seguridad jurídica". El magistrado dice que la Corte tomó esta decisión basándose en los derechos de las personas juzgadas a que se les aplique la norma más favorable, así como a la igualdad, pero asegura que los magistrados también debieron tener en cuenta cómo su decisión podía afectar otros principios importantes como la seguridad jurídica y la cosa juzgada. 

"La consideración de que el derecho a la doble conformidad es absoluto, y puede aplicarse de manera retroactiva sin límites razonables en el tiempo, no solo restringe fuertemente la expectativa legítima de quienes, afectados por el delito, confiaron en la justicia penal y en la firmeza de las decisiones en las que entendieron que se habían hecho efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, sino que erosiona el deber estatal de perseguir y sancionar las afrentas cometidas contra bienes jurídicos especialmente relevantes", asegura en su salvamento de voto.

Para Bernal, "es errada la premisa de la cual partió la Corte para ampliar de modo irrestricto la posibilidad de apelar" esas sentencias. Bernal rechaza que la Corte haya visto como absoluto el derecho de la doble conformidad, basándose en el artículo 31 de la Constitucional (que indica que toda sentencia judicial podrá ser apelada). 

Es errada la premisa de la cual partió la Corte para ampliar de modo irrestricto la posibilidad de apelar

El magistrado Bernal dice que esa posibilidad que la Constitución establece de apelar una sentencia judicial no regula de manera exclusiva los fallos condenatorios, y además señala excepciones que pueden ser previstas por el Congreso, por lo que este derecho sí podía ser restringido. 

Para el magistrado, además, la sentencia C-792 del 2014 -que la dio al Congreso un plazo que se venció el 24 de abril del 2016 para crear una ley que permitiera impugnar los fallos condenatorios- no tenía efectos retroactivos. Por cuenta de ese fallo del 2014, el Congreso creó una ley denominada de doble instancia que trajo una nueva forma de investigación y juzgamiento para aforados en la Corte Suprema de Justicia -desde mitad del 2018- y que se está aplicando en la corporación hacia futuro, pero no con efectos retroactivos. 

Este fallo "en modo alguno concibió  la procedencia de la impugnación de las sentencias condenatorias con los desbordados efectos temporales hacia el pasado, que ahora, en la sentencia de la que me aparto, se prevén", dice Bernal. 

Incluso, el magistrado Bernal asegura que la misma Corte en un fallo del 2015 había señalado que sólo se podían impugnar las condenas interpuestas en segunda instancia, en procesos penales regulados por la ley 906 del 2004, que no estuvieran ejecutoriadas para el 24 de abril del 2016, lo que significa que, a su juicio, no podía abrirse la puerta para condenas que ya estaban cerradas. 

Bernal rechaza que en el fallo de esta semana la Corte permitió también impugnar fallos regidos por la ley 600 del 2000, es decir, por el antiguo sistema de juzgamiento. "La Sala mayoritaria pretende desconocer esta realidad y ampliar, de un modo que no es razonable, el marco temporal de la subregla, sin ofrecer una justificación plausible para ello", asegura Bernal. 

El magistrado Alejandro Linares dijo en su aclaración de voto que comparte la decisión que tomó la mayoría de la Sala Plena, pero consideró que era importante hacer aclaraciones frente al fallo. 

Aseguró que los hechos particulares del caso no se refieren a otros casos como es el de quienes han sido condenados en única instancia o en sede de casación, es decir, no se refiere al caso de los aforados constitucionales como congresistas, gobernadores, fiscales, etc. 

También, dijo Linares, que las decisiones de tutela que toma la Corte no tienen como objeto revisar normas en abstracto (derechos a la impugnación y a la doble conformidad de forma genérica), sino que se deben limitar a los casos en específico que tiene unas circunstancias y condiciones concretas. 

Por esto, asegura Linares, "las decisiones adoptadas por la Corte en este caso solo tienen efectos inter partes, y no generan ningún efecto inter pares. De esta
forma, esta sentencia solo podría ser precedente vinculante, para aquellos casos de tutela cuyos hechos relevantes sean equiparables al resuelto por la Corte en esta ocasión", con el fin de que no se extienda a otros casos. 

Linares también dijo que el exhorto al Congreso se hace de forma amplia con el fin de respetar sus competencias, por lo que el fallo de la Corte no definió el límite temporal que el legislativo puede aplicar sobre sentencias que ya están ejecutoriadas, y que no hayan podido ser impugnadas. 

En otras palabras, dice Linares, es al Congreso al que le correspondería definir quién revisará las impugnaciones de las únicas condenas, para qué casos aplica, desde qué fechas, entre otros temas. 

Otra de las aclaraciones de voto vino de la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional. Ortiz aseguró que exhortar al Congreso para que legisle sobre este asunto "es insuficiente". Según la magistrada, este tipo de órdenes "no son mecanismos útiles para garantizar los derechos fundamentales ni han demostrado ser efectivas, pues no se impone al Congreso la obligación de hacer eficaces las garantías constitucionales". 

La magistrada aseguró que estos exhortos sólo terminan siendo "una sugerencia". Por eso, Ortiz considera que la Corte debio haber ido más allá e imponerle al Congreso "el deber de regular la efectividad de la impugnación de la sentencia que impone la primera condena penal". 

Otros magistrados como Luis Guillermo Guerrero y José Fernando Reyes, anunciaron que presentarán otras aclaraciones de voto. 

JUSTICIA

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