Aunque aún no se han cumplido todos los plazos que le dio la Corte Suprema de Justicia para que el Ejecutivo ponga en marcha una serie de órdenes que garanticen el derecho a la protesta en el país, las señales que ha dado el Gobierno para acatar la decisión del alto tribunal no son buenas.
Así lo manifestó a EL TIEMPO Esteban Hoyos Ceballos, profesor de la Escuela de Derecho de Eafit y uno de los accionantes de la tutela.
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El abogado señaló que aún es temprano para un balance final si se tiene en cuenta, por ejemplo, que se proyecta que las discusiones sobre el protocolo definitivo sobre la protesta social vayan hasta diciembre, y que este tema se viene analizando con la Secretaría Jurídica de Presidencia.
Sin embargo, señaló que la posición del Gobierno frente a la minga indígena que llegó a Bogotá y el protocolo provisional que expidió el Ejecutivo van en contra de lo fallado por la Corte.
“Se estigmatizó a la minga, se le hicieron señalamientos por parte de funcionarios del Gobierno y el protocolo imponía más deberes y restricciones para las personas que iban a marchar que derechos. Eso precisamente es parte de lo que la Corte dijo que no tenía que pasar”, dijo Hoyos Ceballos.
Añadió que desde el comienzo, con lo que calificó como reticencia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para hacer una petición de perdón genuino, se empezó a temer el incumplimiento de la tutela fallada el 22 de septiembre.
Finalmente, indicó que hay descordinación en el Gobierno frente a las personas encargadas de cumplir el fallo.
Jomary Ortegón Osorio, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y accionante de la tutela, señaló que el balance es agridulce y que el Ejecutivo, por ejemplo, no ha cumplido con el mandato de la Corte de garantizar la neutralidad de los funcionarios del Estado frente al derecho de las personas que se quieren manifestar pacíficamente en el país.
Dijo que, amparados en una decisión del Tribunal de Cundinamarca sobre las reglas para la protesta, el Ministerio del Interior expidió un protocolo que no se ajusta a la tutela de la Corte Suprema para, por ejemplo, “limitar el uso de la fuerza”. Dijo que las discusiones tendrían que avanzar para lograr una reforma de fondo a la Policía.
La abogada reconoció el papel de la Procuraduría General, que ha venido trabajando en protocolos para la participación de sus funcionarios en las protestas, como garantes de los derechos de los ciudadanos, y la gestión de la Defensoría del Pueblo para incrementar su presencia en las movilizaciones.
De hecho, atendiendo la orden de la Corte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, puso en marcha un plan interno que llevó a que sus funcionarios estuvieran en las marchas de los últimos días, que verificaran el cumplimiento de los protocolos y que, por ejemplo, se desplazaron a unidades de la Policía a verificar el tipo de equipo que iba a usar el Esmad durante esas movilizaciones. Un oficial de enlace de la Policía en cada región informó a la Defensoría sobre las intervenciones que iban a realizar, cuántos hombres iban a estar en las protestas y qué armas portarían.
Fuentes del Gobierno señalaron que se cumplió con la publicación de la sentencia en las páginas web y se viene avanzando en la discusión con representantes de los accionantes para definir el protocolo definitivo que se activará ante la protesta ciudadana. Igualmente, que antes de la decisión se había dejado de usar por parte del Esmad la escopeta calibre 12 de la que habló la Corte en su fallo.
La Fiscalía se marginó de las discusiones sobre el protocolo que se le ordenó, al considerar que no era parte de su misión.
Como parte de las órdenes de la Corte, el Gobierno tendrá que presentar a la Sala Civil del Tribunal de Bogotá un informe de los avances de la concertación del protocolo. Y la Defensoría tendrá que presentar un informe sobre el cumplimiento de la tutela en general.La Procuraduría, además, tendrá que facilitar la asesoría jurídica para quienes resulten afectados en actos de protesta.
Ya son 10 las personas capturadas por los hechos de violencia registrados el 9 y 10 de septiembre tras el homicidio del estudiante de derecho Javier Ordóñez, en el sector de Villa Luz, en Engativá, durante un procedimiento policial.
Además de las cinco personas detenidas inicialmente y señaladas de hacer parte de las disidencias de las Farc, fueron capturadas cinco más, entre ellas un hombre que disparó contra un joven que al parecer participaba en los desórdenes en la localidad de Suba.
Entre los capturados también está un hombre que habría participado en la agresión contra dos policías en el sector de Venecia, en el sur de la ciudad, y una pareja que participó en hechos de vandalismo contra el CAI La Florida, en Engativá. Además, fue detenido un joven señalado de hacer parte de una red que con armas de fuego y blancas atracó a los ocupantes de un bus en la avenida Ciudad de Cali. Todos fueron puestos a disposición de las autoridades.
En esas capturas fueron fundamentales las cámaras de seguridad y videos de los ciudadanos, a través de los cuales se han identificado a los responsables.
Esas imágenes están siendo usadas también para identificar a los uniformados que dispararon en medio de las protestas. Por esos hechos hay 77 investigaciones disciplinarias contra 101 policías en el país, de los cuales 10 fueron suspendidos. En la Fiscalía no hay decisiones de fondo.
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