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'Fuero no es dispositivo de manipulación judicial': presidente de la Corte
Luis Antonio Hernández

Luis Antonio Hernández, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

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Claudia Rubio / EL TIEMPO

'Fuero no es dispositivo de manipulación judicial': presidente de la Corte

Luis Antonio Hernández, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado Luis Antonio Hernández defendió la legitimidad de las decisiones tomadas por la Corte.

En medio de la polémica nacional que ha surgido por la decisión de varios senadores y representantes a la Cámara de renunciar al Congreso y pedir que las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra salgan de allí y pasen a la Fiscalía General, el presidente de ese alto tribunal, magistrado Luis Antonio Hernández, advirtió que el fuero de los congresistas no es una institución concebida “como dispositivo de manipulación judicial”.

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Con argumentos inadmisibles que colapsan el sistema de justicia, se ha planteado ante los jueces que ciertos actos trascendentales realizados por la Corte Suprema deben anularse

El magistrado Hernández enfatizó en que el fuero es un privilegio de protección a la autonomía del poder legislativo, pero no una institución concebida “como instrumento de impunidad”.

Así lo dijo el presidente de la Corte en el cierre del Congreso Colombiano de Derecho Procesal de 2021, apenas días después de que el representante a la Cámara por Santander Edwin Ballesteros renunciara al Congreso luego de rendir indagatoria dos días ante la Sala de Instrucción por un caso de corrupción y sobornos.

Sin hacer referencia a ningún proceso puntual, el magistrado se pronunció sobre las implicaciones de esas renuncias pues, en la Corte los casos se tramitan bajo la ley 600 de 2000 y en la Fiscalía pasan al procedimiento de la Ley 906 de 2004, sin que haya reglas claras sobre el procedimiento a seguir. 

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“Cuando los congresistas renuncian, con la finalidad que sea, están en su derecho, los procesos penales adelantados en su contra por la Corte Suprema respecto de conductas no relacionadas con la función, van a los funcionarios judiciales de todos los ciudadanos y deben continuar tramitándose bajo las reglas de la Ley 906 de 2004. En casos así, con argumentos inadmisibles que colapsan el sistema de justicia, se ha planteado ante los jueces, ya los procesos bajo el rito de la Ley 906, que ciertos actos trascendentales del proceso realizados por la Corte Suprema de Justicia son contrarios a la Constitución Política y deben anularse”, dijo.

No se puede admitir que los trámites de la Corte puedan ser “anulados” de facto por los funcionarios (en la Fiscalía) a quienes les corresponde
asumir la investigación o el juicio.

Además, el jurista defendió la legitimidad de las decisiones tomadas por la Corte Suprema en todas sus actuaciones, bajo la competencia de la Ley 600 de 2000.

"No lo hace ni al margen del Orden Superior ni de normas inferiores. Cumple con lo que la Constitución le manda: investigar y juzgar a congresistas en ejercicio, en las condiciones y con las variables que el artículo 235 de la Constitución prevé", dijo.

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Hernández insistió: "Esa es su función, juzgar a los aforados por delitos que comprometen la función, no por sus opiniones o ideas ni mucho menos por sus posiciones políticas. Por lo tanto, sus actuaciones no solo son legales sino legítimas: formal y materialmente vinculantes al ser la genuina manifestación de sus competencias constitucionales".

El magistrado Hernández señaló que al ser todas sus actuaciones válidas, "no se puede admitir que los trámites de la Corte puedan ser “anulados” de facto por los funcionarios a quienes les corresponde asumir la investigación o el juicio".

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"Ni tiene justificación que, aduciéndose diferencias formales entre los procedimientos de las Leyes 600 y 906, se terminen desconociendo decisiones legítimas y vinculantes de la Corte, con el argumento de que las actuaciones en uno y otro Código Procesal Penal son distintas, y que la tabla de garantías y valores de los procedimientos no son equiparables, como si las garantías y el respeto por los derechos fuera patrimonio
exclusivo de un solo procedimiento", afirmó el presidente de la Corte.

Hernández aseguró que los dos modelos permiten el respeto a las garantías debidas
a las partes.

"Eso implica que no existe una primacía de valores de un procedimiento sobre otro, ni obstáculos para realizar los fines de la justicia", señaló al indicar que en la misma Corte se han utilizando ambos modelos. 

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"No hay inamovibles en temas de interpretación y que es posible articular los procedimientos de la Ley 906 y la Ley 600 sin desconocer su esencia y finalidades. Desde esa perspectiva la Sala Penal también ha homologado actuaciones adelantadas con base en las reglas de la Ley 906 de 2004 contra quienes posteriormente adquieren la condición de aforados", dijo.

justicia@eltiempo.com
En Twitter: JusticiaET

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